Unos documentos prueban el papel del Gobierno laborista en secuestros y torturas tras el 11S

Londres.- Los documentos secretos hechos públicos por primera vez revelan el grado de implicación del anterior Gobierno laborista en el secuestro ilegal y las torturas de ciudadanos británicos tras los ataques terroristas del 11 de septiembre en EEUU.

Así lo señala hoy el diario "The Guardian", según el cual una serie de documentos comprometedores que implican al gobierno del ex primer ministro Tony Blair en muchos de esos incidentes serán objeto de la investigación judicial anunciada la pasada semana por el nuevo jefe de Gobierno, el conservador David Cameron.

Entre los documentos figuran los protocolos de interrogatorios de agentes del MI5 -contraespionaje británico-, que reflejan el desprecio de sus interrogadores por los sufrimientos físicos que infligieron a un residente británico detenido en una base estadounidense en Afganistán.

En un manual de procedimiento sobre operaciones de detención se aconseja a los agentes que antes de involucrarse directamente en una operación consideren si el objetivo de ésta "es detener y no matar" al sospechoso de terrorismo.

Otros documentos muestran por ejemplo que el ministerio británico de Asuntos Exteriores decidió en enero de 2002 que el traslado de ciudadanos británicos desde Afganistán a Guantánamo (Cuba) era su "opción preferida".

El ex ministro de Exteriores Jack Straw pidió en cierta ocasión que se aplazara un transporte de detenidos británicos hasta que los agentes del MI5 hubieran podido interrogarlos.

Desde la oficina del Primer Ministro se impidió por otro lado que el Foreign Office ofreciera apoyo consular a un detenido en Zambia para evitar así que pudiera regresar al Reino Unido, con el resultado de que acabó también en Guantánamo.

Los comprometedores documentos han sido publicados gracias a una demanda civil presentada por seis ex presos británicos de Guantánamo contra los dos servicios de inteligencia británicos -el MI5 y el MI6-, el ministerio del Interior, el de Asuntos Exteriores y la Fiscalía General, a los que aquellos acusan de complicidad en su detención ilegal y posteriores torturas.

El nuevo Gobierno conservador-liberaldemócrata asegura haber identificado hasta medio millón de documentos oficiales que pueden ser relevantes y ha encargado de su estudio a un equipo de sesenta abogados, proceso que podría durar hasta el final de esta década.

Sin embargo, no ha entregado algunos documentos solicitados por la defensa de los ex presos y ha incumplido también el plazo que le había fijado el Alto Tribunal para que hiciera pública la política de interrogatorios secretos por la que se rigieron los agentes de lo servicios secretos desde 2004 hasta comienzos de este año.