Burgos, 20 jun.- UPyD ha presentado hoy ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León una denuncia apoyada con documentación para que investigue la posible comisión de irregularidades por parte del Consejo de Administración de Caja Burgos y algunos directivos de la entidad.
En el escrito entregado a la Fiscalía se apunta que los directivos podrían haber cometido un delito de administración fraudulenta o desleal por la concesión de créditos por debajo del precio de mercado y sin las necesarias garantías, además de pagos indebidos a varios integrantes de los órganos de gobierno de la entidad.
Sobre la presentación de esta denuncia, el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha preferido no pronunciarse hasta conocer su contenido, aunque ha aprovechado la pregunta de la prensa al respecto para afear a esta formación política que haya votado en la Diputación de Burgos a favor de que el enclave de Treviño se segregue de Castilla y León para integrarse en el País Vasco.
El abogado de UPyD, Diego Paños, ha explicado que la denuncia hace referencia a hechos que se produjeron entre 2005 y 2011, cuando el presidente de Caja Burgos era el empresario José María Arribas.
Ha asegurado que en esos seis años el 93 % de los créditos que Caja Burgos concedió a miembros de sus órganos rectores fueron para José María Arribas, que llegó a recibir 34 millones,
De esa cantidad, Banca Cívica no ha podido recuperar 12 millones, que corresponden a INDASA, una empresa peletera cuyo principal accionista era Arribas que entró en concurso en 2011 y cerró definitivamente en 2012.
En la denuncia se hace referencia también a cinco miembros del Consejo de Administración y la Comisión de Control de Caja Burgos que cobraron en dos pagos realizados en febrero y julio de 2011 por trabajos relacionados con la integración de la entidad en Banca Cívica, algo que, según el abogado, prohíben expresamente los estatutos de Caja Burgos.
Los tres que cobraron la mayor parte de esos pagos fueron el propio Arribas, que recibió unos 60.000 euros, más de la mitad del total; el vicealcalde de Burgos, Ángel Ibáñez, que recibió unos 24.000: y un representante de los impositores, Emilio Jordán, que cobró unos 26.000 euros.
Paños ha insistido en que UPyD se ha limitado a denunciar la situación y hacer una primera investigación con el apoyo de la Asociación de Impositores de Burgos, aunque será la Fiscalía la que investigue lo ocurrido "más a fondo", depure responsabilidades y señale a quienes actuaron de forma irregular.
En este sentido, ha expresado sus dudas sobre el control en la concesión de créditos de Caja Burgos y si fueron autorizados por la Junta de Castilla y León como manda la Ley de Cajas. EFECOM
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