Uralita indemnizará con 3,9 millones de euros a 45 afectados por el amianto

El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha obligado a Uralita a abonar un total de 3,6 millones de euros a 45 ciudadanos o sus herederos afectados por amianto de las localidades barcelonesas de Cerdanyola del Vallés y Ripollés, que reclamaban indemnizaciones por valor de cinco millones de euros por los daños derivados de la exposición al polvo de amianto generado por la fábrica que la empresa tenía entre ambas localidades.

Ésta es la primera sentencia que se dicta en España por una demanda civilpresentada por un grupo de habitantes de poblaciones próximas a una delas fábricas que utilizaron esta materia prima desde principios delsiglo XX hasta su prohibición en 2002. Hasta ahora, sólo existíansentencias por demandas presentadas por trabajadores dictadas por losJuzgados de lo Social.

La sentencia, dictada el pasado 5 de julio, considera que "es claro" que la causa de los padecimientos de los demandantes, o de sus familiares fallecidos, es la actividad industrial realizada desde 1907 en la factoría de Uralita situada entre Cerdanyola y Ripollet, municipios donde han residido durante décadas los afectados.

Según la sentencia, los medios de transmisión que han causado la enfermedades de los demandantes abarcan desde las emisiones de la fábrica en forma de polvo de amianto, la manipulación de las ropas de los trabajadores por parte de sus familiares en sus domicilios y la contaminación derivada de la degradación de depósitos de residuos derivados de la propia actividad industrial.

"Incluida la que probablemente fuera provocada a consecuencia del esparcimiento que durante muchos años se realizaba por los operarios de la propia empresa por las zonas urbanas de ambos municipios, ciertamente con la aquiescencia, incluso complacencia de la propia población y de las autoridades", añade la sentencia

La primera legislación sobre el tratamiento de esta materia prima en España se dictó en 1982, tras la aparición de los primeros casos, y obligó a las empresas a controlar los niveles de exposición de los trabajadores. Las patologías causadas por este material pueden permanecer latentes entre 15 y 40 años.

En 1984, se dictó una Orden Ministerial que aprobó el 'Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto', que se complementó posteriormente con otras normas más extensas. El 15 de diciembre de 2002 España prohíbe definitivamente la producción, comercialización e instalación de amianto y de productos que lo contengan.