El pedido de la fiscal Adriana Umpiérrez de procesar (someter a juicio) con prisión a 17 de 26 funcionarios involucrados en un episodio de agresiones a jóvenes internados en un centro de reclusión para menores, cuyas imágenes en video fueron ampliamente difundidas y generaron conmoción en Uruguay, fue aceptado por el juez Gustavo Iribarren.
La noticia fue divulgada por Aníbal Martínez Chader, abogado de uno de los acusados, quien acotó que hubo nueve procesados sin prisión, entre los cuales figura el vicepresidente de la central obrera única PIT-CNT, José Luis López, hoy licenciado de forma provisoria.
Precisamente, la presencia de López en las imágenes y de su nombre en la denuncia fue uno de los puntos más candentes del escándalo, ya que además de su función sindical era el presidente del sindicato SINAU, sindicato de empleados del estatal Instituto del niño y adolescente del Uruguay (INAU), en cuya jurisdicción recae el centro en cuestión.
El escandaloso video y la denuncia contra los implicados por el incidente ocurrido en julio pasado provocaron fuertes reacciones políticas y sindicales, e incluso generó movimientos en la interna de la cúpula de la central sindical.
Las penas en este caso pueden ir de 20 meses de prisión hasta ocho años de penitenciaría. En el pedido de la fiscalía se consideró que se trataba de un delito no excarcelable.
El video que conmocionó a los medios, la población y el ámbito político mostraba a más de 30 funcionarios del Centro de Privación de Libertad (Ceprili) -internado de infractores juveniles dependiente del INAU- golpeando y maltratando a cuatro internos que se habían rebelado, pero que estaban desarmados y no ofrecían resistencia.
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