El concejal de Policía, Javier Ferreres, ha explicado que se establecerá un régimen "progresivo de sanciones para evitar la reincidencia". Así, la segunda denuncia al mismo propietario será de 1.200 euros y a partir de la tercera de 2.400 euros. Además habrá policía de paisano que controlará que se cumpla con la ley.
Para el edil, son "cantidades elevadas, pero no tienen un afán recaudatorio sino atajar este problema". De hecho, el equipo de gobierno ya inició hace meses una campaña de concienciación "y ahora vamos a pasar a sancionar a las personas que no se comporten con civismo".
Estas acciones responden a "la gravedad de la situación, porque la presencia de deposiciones en la calle es una de las primeras preocupaciones y quejas que los vecinos nos han trasladado en las encuestas de la Policía y en las reuniones de Govern al teu barri", tal y como ha señalado Ferreres.
En este sentido, la concejala de Sanidad, Mayte Díaz, ha recordado que mantener la vía pública limpia es "trabajo de todos, por salubridad, por higiene y por imagen, porque si queremos ser una ciudad turística no pueda estar llena de excrementos de animal".
La nueva ordenanza también incluirá las normas de uso del parque canino de la Colonia San Antonio, entre las que destaca la obligatoriedad de que las razas peligrosas usen bozal, respetar la vegetación y el mobiliario urbano, mantener siempre las puertas cerradas y no dejar comida en las instalaciones. "Los responsables son los propietarios", ha reiterado Díaz.
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