Víctimas de tortura y expertos reclaman en México la reparación del daño

México, 3 dic.- Víctimas de tortura reclamaron hoy en la capital mexicana que el Estado responda por los abusos de sus fuerzas de seguridad y que se atiendan los "graves daños físicos y psicológicos" con los que conviven ellos y sus familias.

"Después de la tortura quedan seres deshumanizados (...). El propósito último es reducir a la persona a un objeto", afirmó Javier Cruz Angulo, del Centro de Investigación y Docencia Económica durante el "Primer foro de la tortura y sus consecuencias", celebrado en el Cámara de Diputados de México.

Defendió que la tortura es una consecuencia de la "falta de respeto a la presunción de inocencia que impera" en el país y es el resultado de un derecho que genera una "lógica perversa" por la cual "se hacen y deshacen sentencias" y se "fabrican culpables".

Jorge Alberto Ferreira, de 29 años, torturado durante 18 horas para arrancarle una confesión falsa, aseguró durante su ponencia que además de erradicar esta práctica del sistema judicial mexicano, hacen falta mecanismos de ayuda para las víctimas y sus familias, quienes también sufren el trauma posterior.

"Después de dos años en prisión injustamente, tras haber sufrido tratos crueles y torturas, no hay una cura real, aprendemos a vivir con ello", expresó, tras añadir que además de las secuelas físicas, vive sin apenas poder dormir, con pesadillas y depresión.

Denunció que son muchos los eslabones de la sociedad que se vuelven cómplices por acción u omisión de esta situación, pues además de los agentes que practican la tortura, se ven involucrados médicos, personal del ministerio público y jueces.

"Es un cáncer social, por eso nos enfocaremos a proponer iniciativas de ley, y medidas que le pongan fin", aseguró Ferreira, quien preside la Fundación de Apoyo para Inocentes Torturados (FAIT) y fue absuelto de todos los cargos hace seis meses.

Puso el acento en que los casos de malos tratos se reproducen en las cárceles, donde se dan situaciones de aislamiento y vejaciones, que hacen de los centros de encarcelamiento "herramientas de represión y tortura en lugar de reforma e integración".

Octavio Amezcua, director de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que la tortura se investiga poco porque es un "acto muy complejo", cuyas características hacen que en ocasiones sea "difícil de acreditar".

En este sentido, criticó que en la legislación actual se utilice el término "dolores graves" para determinar si se trató o no de un caso de tortura, y consideró que esto puede acarrear problemas de valoración que se "presta a arbitrariedades", por lo que abogó porque se elimine esta palabra y se incluya "cualquier dolor".

Recordó que las deficiencias en la legislación son "demostrables" al recordar que en "20 años de vigencia de la legislación contra la tortura en México, no se han sancionado a más de 10 personas", lo cual contrasta con las 1.669 víctimas de tortura que solo en 2011 registró la Comisión Nacional de Derechos Humanos.