Víctimas de violencia política piden garantías para la oposición en Colombia

Bogotá, 18 oct.- Una organización de sobrevivientes de la Unión Patriótica (UP) de Colombia, un partido izquierdista que sufrió el exterminio de más de 4.000 de sus militantes desde 1985, exigió hoy garantías para la oposición política, al respaldar el inicio del diálogo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC.

"Saludamos los diálogos, creemos que es una posibilidad que se abre para la paz", declaró a Efe en Bogotá el portavoz de la Coordinación Nacional de Víctimas del Genocidio contra la UP (CNVGCUP), Pablo Arenales.

El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) inauguraron hoy en Oslo un proceso de negociaciones de paz que se desarrollará a partir del mes próximo a La Habana.

La inauguración tiene lugar el día que se conmemora en Colombia el "Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la UP", instituido hace siete años.

La UP precisamente nació en 1985 como parte de un acuerdo entre el Ejecutivo encabezado por Belisario Betancur (1982-1986) y las FARC, en el primer proceso formal de paz entre ambas partes, que no tuvo el resultado esperado.

Desde su creación la UP fue sometida a una campaña de exterminio a manos de paramilitares y agentes del Estado, que dieron muerte o hicieron desaparecer a más de 4.000 de sus dirigentes y simpatizantes, entre ellos tres candidatos presidenciales.

"Siempre hemos creído que es por esta vía, por la vía del diálogo, de la solución política, que podrá ponerse fin al conflicto, y no por las armas", dijo Arenales.

"Estamos exigiendo que haya paz y, también, que haya garantías para el ejercicio de la oposición política en el país", agregó.

La CNVGCUP y la Corporación Reiniciar, de defensa y promoción de los derechos humanos, recordaron hoy a los muertos y desaparecidos de la UP con la exhibición de varios centenares de fotografías y objetos en la céntrica Plaza bogotana de Bolívar.

Las dos organizaciones llevaron el caso de la UP a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo admitió, pero no se ha logrado una solución amistosa entre víctimas y familiares y el Estado colombiano.