(vídeo) discapacidad. Unos 100.000 españoles con discapacidad no podrán votar en las europeas, según el cermi


El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) lamenta que haya 100.000 personas en este país que no puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones europeas, que se celebrarán en mayo de 2014, por estar incapacitadas judicialmente por razón de su discapacidad o enfermedad mental.
Desde esta perspectiva, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del citado comité, ha pedido al Gobierno, en un encuentro informativo con Servimedia, que reforme ya la Ley Electoral General y la adapte así a los requerimientos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 29 apela al derecho al voto de este colectivo.
En concreto, este artículo insta a los Estados partes a "asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas".
Según ha explicado Pérez Bueno a esta agencia, el hecho de que en España haya 100.000 ciudadanos privados del derecho de sufragio se debe a que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo por el se les ha incapacitado judicialmente, lo que lleva consigo la imposibilidad de votar y ser elegidos en sufragios.
"Son personas que están amputadas de una condición civil básica, que es poder votar, elegir y ser elegidos, por tener una discapacidad", consideró el presidente de la plataforma representativa de la discapacidad en España.
A su entender, este comportamiento es "un prejuicio, un estereotipo y una desconfianza hacia lo que son las personas con discapacidad", por lo que "tiene que ser extirpado de nuestro ordenamiento jurídico" mediante la reforma, ya, de la Ley Electoral General.
A este respecto, Pérez Bueno no confía en que esa modificación legal llegue antes de las elecciones europeas de mayo de 2014, porque sabe que
"movilizar conciencias" y a los que tienen que adoptar esa decisión no es fácil.
Se conforma, eso sí, con que la modificación normativa esté lista de aquí a que acabe la legislatura y advierte de que si no es así, el Cermi denunciará a España ante el Comité de Naciones Unidas para que haga saber a sus gobernantes que están haciendo caso omiso a los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
"Estaremos muy alerta y si no se hace (si no se reforma la ley), denunciaremos al Reino de España ante el Comité de Naciones Unidas para que actúe y llame la atención a España de que está eludiendo los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", aseguró el presidente del Cermi.

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