El expresidenteJosé Luis Rodríguez Zapaterotambién pusolímites a la aplicación de la jurisdicción universal, ante las presiones de EEUU e Israel para que se frenaran procesos judiciales.
En2009el Congreso sacó adelante una reforma quepermite la justicia universalcuando losresponsables se encuentren en España,hayvíctimas españolas, o existe vínculo con nuestro país. Además, no debe haberse abierto otro proceso en un país competente.
La aprobación de esta modificación legal coincidió en un periodo de presiones diplomáticas por parte de EEUU e Israelpara que se archivaran casos en los tribunales españoles. Los cables de Wikileaks revelaron en 2010 queEEUU presionó al Gobierno de Zapateropara"frenar o boicotear" las causas judiciales abiertas en Españacontra políticos y militares norteamericanos presuntamente involucrados en el caso Couso, torturas en Guantánamo, o secuestros en vuelos de la CIA. El diario The New York Times recuerda este martes estas presiones, que se recogieron en los cables diplomáticos.
El Gobierno de Zapatero había prometido a Israel cambiar la ley en la justicia universal y así lo hizo. La reforma legal de 2009 no tenía carácter retroactivo, pero entonces se dijo que muchos procesos de la Audiencia Nacional acabarían tumbados por el principio de aplicar la cuestión procesal más favorable al preso.
En cuanto a las investigaciones en marcha, la de losvuelos secretos de la CIA está a punto de extinguirse, después de que la Fiscalía pidiera su archivo. En noviembre de 2013, la acusación popular pidió la imputación de cuatro funcionarios de Defensa y Exteriores,según publicó El País.
El caso de las torturas en la base de Guantánamo quedó archivado en noviembre de 2012, y en la causa por el genocidio de Tíbet, el salto se produjo este lunes cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó la busca y captura de cinco exlíderes comunistas chinos, entre ellos el expresidenteJiang Zemin.
Organizaciones de derechos humanos y de acciones civiles denuncian quela propuesta del PPbusca parar y archivarprocesos en marcha, como el caso delTíbet, Guatemala o Ruanda, y la causa de José Couso, que falleció en Irak en "un acto de guerra", según el Supremo.
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