La Audiencia Nacional comenzó en 2017 a investigar los negocios privados que el comisario jubilado José Manuel Villarejo desarrolló mientras seguía en activo para la Policía Nacional. Una maraña de actividades que en ocasiones se entremezclan y que ha provocado una compleja causa judicial con la apertura de una treintena de líneas de investigación que ha llegado incluso a poner entredicho la actuación de altas esferas policiales y poner en la picota a grandes empresarios del Ibex 35. Ahora, tras más de cuatro años de investigación el juez encargado de instruir estos hechos, Manuel García Castellón, ha reducido a un tercio las indagaciones sobre los presuntos espionajes que realizó el expolicía para sus clientes, centrando ahora sus esfuerzos en los encargos que realizaron BBVA, Iberdrola o en las colaboraciones internacionales del agente encubierto.
Se trata de piezas separadas que más quebraderos de cabeza está creado al magistrado instructor, pues la relativa al banco, que se encuentra imputada como persona jurídica, fue una de las primeras que se abrió y que constituye una causa en sí misma por la ingente documentación acumulada en casi una treintena de tomos. En los últimos meses ha cogido cierto impulso con la petición de declarar de todos aquellos exdirectivos de la entidad imputados que en 2019 no quisieron dar su versión de los hechos sobre cómo se contrató a Villarejo. Por su parte, la investigación sobre Iberdrola también acaba de relanzarse con la declaración del presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, quien mantiene una disputa con el juez instructor por imputarle en las actuaciones, así como por querer ‘proteger’ al exdirectivo que le acusó de conocer las conductas irregulares que se estaban llevando a cabo para pagar al agente encubierto.
Todo se inició con la denuncia de un empresario, al que se le conocía como ‘pagafantas’, sobre las actuaciones irregulares de un comisario del aeropuerto de Barajas amigo de Villarejo, a quien obsequió con “dádivas de lujo” para permitir la entrada ilegal en España de ciudadanos guineanos, unos hechos, bautizados como ‘proyecto King’, que ya están a la espera de juicio. Desde entonces, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha recabado numerosa documentación que le permite hacerse una idea de la amplia cartera de clientes que tenía Villarejo, que iba desde particulares hasta conocidas compañías españolas, así como las cantidades millonarias que pudo llegar a embolsarse por la prestación de sus servicios. Es más, este magistrado que dirige las pesquisas ya acordó el embargo de los bienes del comisario jubilado, que alcanzarían los 23,55 millones de euros procedentes de los pagos por sus actividades privadas y 53 inmuebles en España y el extranjero.
En resumen, en cuatro años de investigación, en total 17 líneas de investigación han quedado zanjadas: Tres de ellas están siendo juzgadas por la Audiencia desde el pasado mes de octubre, a la que hay que sumar otras 10 cuya investigación ya ha concluido, más cuatro que el juez acordó archivar, sin intención de llevarlas a juicio. Asimismo, cabe explicar que en la macrocausa reúne hallazgos que han supuesto la apertura de piezas separadas con número, si bien estas tienen carácter instrumental, es decir que tan solo tienen la función de aportar información y ayudar a esclarecer cómo el comisario conseguía la información reservada que después vendía a sus clientes y si para ello accedía a bases de datos policiales.
Fin a las investigaciones más mediáticas
El juez García Castellón pisó el acelerador el pasado verano y acordó el fin de la instrucción de seis piezas separadas, algunas de ellas aún pendiente de ratificación por parte de la Sala de lo Penal, que abrirá todos los caminos para mandarlas a juicio. En concreto, acordó pasar a la fase intermedia del procedimiento -la que concentra todos los trámites desde el cierre de la investigación hasta la celebración del juicio, entre ellos los recursos contra los procesamientos o la presentación de escritos de acusación- los hechos relativos al presunto espionaje a un empresario de Marbella; otros sobre la investigación al árbitro que falló a favor de Kiss Fm en el laudo que mantuvo con el Grupo Planeta (‘proyecto Brod’); las pesquisas relativas a la elaboración de un informe de solvencia patrimonial sobre un expresidente de Mutua Madrileña; o el presunto “hostigamiento” a la dermatóloga Elisa Pinto, quien tenía un conflicto personal con el exconsejero de OHL Javier López Madrid.
Pero también se cerró la instrucción de una de las piezas más mediáticas de la macrocausa, la relativa a la denominada ‘operación Kitchen’, el operativo parapolicial creado en 2013 para arrebatar al extesorero del PP Luis Bárcenas la información sensible que guardaba sobre la formación política para evitar que ésta llegara a la Audiencia Nacional, donde se investigaba la existencia de una caja ‘b’. En este sentido, el magistrado instructor propuso juzgar, además de a Villarejo, a la entonces alta cúpula policial y del Ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz, que se suman a la lista del más de medio centenar de procesados por todas las líneas indagatorias que el magistrado ha ido finiquitando sobre la posible comisión de delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental u organización criminal.
Fue justo a la vuelta del parón estival, en septiembre, cuando García Castellón consideró que tampoco había más para investigar en otra de las piezas más ‘populares’ de la macrocausa, la que ha indagado sobre la contratación del espía por parte de Repsol y CaixaBank para frenar el intento de Sacyr Vallehermoso de hacerse con el control de la petrolera, tras aliarse con la mexicana Pemex. Así, tras dejar fuera del caso a las empresas contratantes y sus máximos responsables, el magistrado instructor procesó a los entonces jefes de Seguridad de las compañías del Ibex -como ha ocurrido en la mayoría de las piezas ya terminadas en las que se han visto involucradas grandes firmas- por no haber comprobado diligentemente si Villarejo seguía siendo funcionario de policía y por tanto podía ofrecer servicios privados.
Sin embargo, los fiscales Anticorrupción no comparten estas últimas decisiones del juez instructor, con quien a lo largo de cuatro años han formado un tándem de trabajo, al entender que se ha precipitado a la hora de archivar las actuaciones con respecto a varios imputados, o por considerar que ya se han recabado todas las pruebas necesarias para terminar dichas investigaciones. En este contexto, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene que pronunciarse -lo que se prevé que suceda en las próximas semanas- acerca de si las pesquisas sobre la ‘operación Kitchen’ y la contratación del comisario por parte de Repsol y CaixaBank deben continuar o por el contrario deben iniciarse los trámites para poner estos hechos en la lista de los próximos juicios a celebrar.
Dejar la causa en una decena de piezas
Con este contexto, el juez encargado del caso Tándem llegó al año 2022 con la mirada puesta en el futuro del resto de líneas de investigación abiertas y con la idea de adelgazar la causa para dejarla en una decena de piezas, tal y como adelantó este diario. Así, aprovechando la necesidad de revisar si los plazos para recabar más pruebas tenían que ser prorrogados, el magistrado García Castellón acordó dejar zanjados otros tres procedimientos, como es el centrado en el robo de una tarjeta de móvil a la exasesora de Podemos Dina Bousselham (otros de los más conocidos de la causa); el supuesto encargo de la empresa de detergentes Persán de espiar al exdueño de la constructora Martinsa, Fernando Martín, y al presidente de Ahorro Corporación, Antonio Fernández López; o el presunto espionaje a la extinta empresa Segur Ibérica, compañía que estuvo presidida por el exministro de Defensa Pedro Morenés.
De este modo, García Castellón mantiene ‘vivas’ una decena de piezas separadas, teniendo especial relevancia las centradas en BBVA, Iberdrola, o el encargo que hicieron los hermanos naviero Pérez-Maura para librar a uno de ellos de la extradición a Guatemala (‘proyecto Pit’). Pero también continúan en curso otras líneas que no han tenido tanta trascendencia sobre los presuntos delitos fiscales cometidos por Villarejo, o encargos para resolver disputas familiares. Asimismo, la macrocausa se nutre de la información y audios que se almacenan en la denominada pieza principal o en la pieza que se abrió en octubre de 2020 sobre el presunto mercadeo de información confidencial, a raíz de un registro en la celda del comisario jubilado y en su domicilio. En ambas se custodian todas las agendas en las que Villarejo anotó las intrigas de sus trabajos particulares y que sirven de base para la investigación.
