El ayuntamiento de Barcelona anunció este miércoles que cerrará 256 viviendas alquiladas a turistas sin la debida licencia, un mes después de lanzar un "plan de choque" contra el fenómeno.
Como parte de ese plan, desde principios de julio opera en la capital catalana un equipo de 20 "visualizadores", funcionarios que comprueban a pie de calle si tal o cual piso localizado en internet tiene la licencia para ser alquilado.
Los agentes hicieron verificaciones en 509 apartamentos e identificaron como ilegales 234 de ellos. Cada uno recibirá una multa de 30.000 euros, indicó la alcaldía en un comunicado al hacer balance del primer mes de funcionamiento de la iniciativa.
Otro equipo de inspectores, ya existente, que se reforzó pasando de 12 a 20 agentes, emitió en julio órdenes para cerrar 22 viviendas adicionales.
En virtud de este plan de choque "que tiene voluntad de continuar", según una encargada de urbanismo de la alcaldía, Janet Sanz, se puede comprobar la legalidad de una vivienda alquilada a turistas a través de la página web del ayuntamiento. En un mes recibió 375 denuncias.
Asimismo, el consistorio empezó a enviar 807.000 cartas a los vecinos de la ciudad, en las que se les pide que colaboren para detectar pisos turísticos sin licencia.
De momento, la alcaldía envió 21.000 cartas a los vecinos del céntrico barrio de Sant Antoni, y de aquí a octubre mandará las misivas restantes a otros barrios de la ciudad.
El ayuntamiento de la tercera ciudad más turística de Europa está dirigido por Ada Colau, una ex activista antidesahucios decidida a regular un sector fundamental para Barcelona pero que genera un malestar creciente entre sus habitantes por las subidas de precios.
En ese sentido, la segunda mayor ciudad de España también ha puesto en su punto de mira a plataformas de alquiler de vivienda como Airbnb, en nombre de una política que busca "compatibilizar la actividad turística con un modelo urbano sostenible", como dice en su último comunicado.
En ese sentido, resolvió recientemente en firme dos multas a Airbnb y otras dos a su competidora HomeAway, por no retirar anuncios de viviendas sin licencia y por no facilitar a la administración datos de las mismas.
Cada una de estas dos empresas ha sido así multada por 60.000 euros, y en caso de reincidir podrían ser sancionadas con 600.000 euros.
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