Santander, 22 ene.- El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha condenado al Gobierno regional a pagar una indemnización de 361.700 euros a la pasajera de una moto que sufrió un accidente a causa de un jabalí, que se cruzó en la carretera nacional 611, entre la Reserva del Saja y un coto privado de caza.
También el Ejecutivo cántabro deberá indemnizar con 21.363,64 euros al conductor de la moto y con 167.753,24 euros a la aseguradora del vehículo, aunque ese dinero lo deberá asumir de forma solidaria con los propietarios del coto de caza.
El accidente se produjo en agosto de 2010 en el punto kilómetro 142 de la carretera nacional 611, cuando la moto -con sus dos pasajeros- circulaba por esa zona y un jabalí, que se desconoce de dónde salió, se cruzó en su camino y provocó el suceso.
Ambas personas reclamaron en enero de 2012 a la Administración regional la responsabilidad civil por este hecho, mientras que el conductor y la aseguradora también presentaron su demanda contra el coto privado de caza.
El hombre sufrió lesiones que le obligaron a permanecer seis días en el hospital, pero el accidente provocó que la mujer tenga una minusvalía del 81 por ciento y necesite para su cuidado a una tercera persona.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) no aprecia daños morales en el hombre, pero sí en la mujer, a la que ha sido reconocido una pensión de incapacidad permanente absoluta en grado de gran invalidez.
La resolución judicial, que puede ser recurrida, señala que ni en la reserva natural -que gestiona el Gobierno cántabro- ni en el coto privado de caza había la instalación necesaria para impedir el paso de la fauna salvaje a la carretera, ni tampoco existía señalización que indicara una posible salida de animales para "hacer desaparecer o minimizar" las consecuencias.
El TJSC recuerda que tanto la normativa regional y nacional que regula la caza como la de Tráfico responsabiliza de los daños a terceros, ocasionados por animales, a los gestores de los terrenos, si no queda acreditado que los conductores hayan cometido una infracción contra la circulación.
Y en este caso, según la Sala, "el accidente se produjo por la irrupción de un jabalí en la calzada, sin que del atestado de la Guardia Civil pueda hablarse de infracción de las normas por parte del conductor".
La Sala de lo Contencioso Administrativo condena también al Gobierno y a los propietarios del coto a asumir los intereses generados desde enero de 2012, cuando todos ellos interpusieron una reclamación administrativa por el suceso.
La sentencia incluye el voto particular de una magistrada de la Sala, María Esther Castanedo, que discrepa sobre que no se aplique el máximo de indemnización para la mujer por los daños morales que ella solicitaba (más de 900.000 euros).
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