El aperitivo en la playa está en peligro por una ley de hace más de 20 años

Tomarte un aperitivo este verano en uno de los chiringuitos o terrazas de las playas españolas puede ser algo más complicado que en otras vacaciones y todo por la aplicación de una ley que tiene más de 20 años, la Ley de Costas, y que restringe la superficie que tiene que tener estas instalaciones en nuestro litoral.

Según el listado del Ministerio de Medio Ambiente, en las costas españolas hay alrededor de 1.800 instalaciones, en las que “no hay problemas reseñables” en la mayoría de ellas --34 en la Comunidad Valenciana, 20 en Baleares, 6 en Tenerife, 3 en el País Vasco y otros 3 en Asturias, así como buena parte de las instalaciones en régimen de concesión--. Sin embargo en dos de las autonomías más costeras, Andalucía y Comunidad Valenciana, aseguran que los afectados son más.

Así, sólo en Andalucía de los 900 chiringuitos que tienen sus costas, alrededor de 700 están pendientes de renovación, 300 de ellos por las concesiones aprobadas hace 15 años y otros 400 por la autorización anual, según las cifras facilitadas a lainformacion.com por Norberto del Castillo, presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa.

En la costa valenciana, según los datos de la Federación Empresarial de Hostelería de la provincia de Valencia unos 22 locales ya no van a poder abrir este verano en el litoral de la provincia de Valencia (en concreto en las playas de Pinedo, El Saler, Malvarrosa y Sagunto), a los que hay que añadir los de la costa de Castellón y de Alicante (como los cinco que hay en la playa de San Juan, una de las más frecuentadas).

Peligra el empleo

Con esta situación, Norberto del Castillo asegura que se va a “contratar a lo mínimo posible, lo que supone una perdida enorme de calidad en el servicio”. Este sector en Andalucía mueve unos 40.000 puestos de trabajo, aproximadamente, “una cifra que se va a disminuir en un porcentaje elevado porque no hay estabilidad”.

“Si no hay estabilidad ni seguridad jurídica en el futuro es difícil poder mantener las instalaciones y, sobre todo, los niveles de contratación, porque se va a necesitar menos personal ante la incertidumbre del negocio”, puntualiza Del Castillo.

Asimismo, en la Comunidad Valenciana, la coordinadora del PP, María José Catalá, calcula que si se continúa aplicando esta normativa puede suponer la pérdida de 5.000 puestos de trabajo en las tres provincias valencianas, algo que, en su opinión, “no se debería permitir dada la situación de crisis que está atravesando el país”.

En este sentido, recuerda que para las playas de la ciudad de Valencia la concesión vence el próximo 17 de junio, por lo que quedarían inutilizadas todas las terrazas, ya reservadas, de cara a la celebración del próximo gran premio de Fórmula 1 que transcurre por las calles del puerto de la ciudad entre el 25 y el 27 de junio.

Empeorará la calidad del servicio

El turismo de sol y playa sigue suponiendo el 80% del sector español, por lo que el empresario andaluz considera que las playas y sus servicios “tienen que estar en condiciones para poder competir con los países emergentes que están cuidando mucho sus servicios y que, además, están llevando a cabo una guerra de precio”.

“Cualquier destino turístico de sol y playa hay instalaciones y servicios en la costa y en España con las temperaturas que tenemos son más necesarias para satisfacer a los turistas”, explica el hostelero andaluz.

Por ello, respecto a la transferencia de competencias, Norberto del Castillo considera que sería positivo que dependiera de la Junta de Andalucía, puesto que es “una administración más cercana y conoce nuestros problemas”.

“El 99% de las concesiones actuales están dadas ya bajo esta ley y entonces ya se hizo un esfuerzo enorme y, de hecho, se perdieron entre el 30% y el 50% de las instalaciones para adaptarse a la normativa, lo que es mucho más grave”, puntualiza el hostelero andaluz.

En su opinión, el problema ahora radica en que antes dependía del Ministerio de Obras Públicas pero ahora depende del Ministerio de Medio Ambiente, que “interpreta de otra manera la Ley de Costas” y la aplica de una forma “más estricta”.

Desde la consejeria de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía señalan a la informacion.com que los chiringuitos andaluces "estarán mejor bajo la responsabilidad de la Junta que en ningún otro sitio, porque constituyen una realidad propia y diferenciada respecto a la del resto del Estado".

Según las citadas fuentes, es "imprescindible que estos establecimientos, en el marco de la legalidad y el respeto a los criterios medioambientales, ofrezcan un servicio público asociado a la calidad y la excelencia y que, a su vez, garantice la seguridad jurídica de un sector que representa 40.000 empleos directos".

Las declaraciones políticas llegan, en este sentido, por parte del Gobierno valenciano. El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, afirma que es "irresponsable y vergonzoso" que el Ejecutivo central “convierta ahora en prohibición lo que ha estado autorizando desde 1999”, por lo que se ha preguntado si con esta decisión el Gobierno reconoce que ha estado incumpliendo todo este tiempo su propia Ley de Costas.

En este mismo sentido se pronuncia el consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso. Los chiringuitos andaluces “están mejor bajo la responsabilidad del Gobierno andaluz que en ningún otro sitio”, recalca el dirigente socialista.

Por su parte, durante una comparecencia de tres horas ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado, el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, aseguró que se trata de un “falso debate” plantear que la ley de costas acaba con la existencia de las terrazas.

Así, matizó que estos establecimientos, tanto los fijos como los desmontables, deben cumplir con una serie de exigencias, entre ellas la superficie de ocupación, la ubicación, y las distancias entre ellos, así como deben respetar el uso sostenible del litoral, que ya sufre una “alta presión urbanística y humana”.