El primer ministro portugués, António Costa, ha presentado este martes su dimisión, después de que la Fiscalía le haya incluido en una investigación por presuntos delitos de prevaricación y corrupción vinculados al sector del litio y el hidrógeno verde.
"Fui hoy sorprendido de que ya se ha instaurado contra mí una causa criminal, obviamente estoy totalmente disponible para colaborar con la Justicia en todo lo que entienda necesario para apurar toda la verdad sea de la materia que sea", ha dicho Costa antes de anunciar que había presentado su dimisión al presidente, Marcelo Rebelo de Sousa. Después de presentar su dimisión, las acciones del principal índice del mercado luso, el PSI-20, ha cerrado la sesión con una caída del 2,5%, encabezando las caídas entre las principales referencias del Viejo Continente.
"Quiero decir, y miro a los ojos a los portugueses, que no me pesa en la conciencia la práctica de cualquier acto ilícito o ni siquiera acto censurable", apuntó el político, quien, no obstante, considera que debe dimitir porque "la dignidad de funciones de primer ministro" no es compatible con ninguna sospecha.
Costa no revela pistas sobre su futuro
Tras su renuncia, los próximos pasos a seguir serán decididos por el presidente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que tiene el poder de disolver la Asamblea de la República y convocar elecciones si lo considera necesario. Costa no quiso avanzar ni desmentir si será candidato en unas eventuales elecciones: "Lo último que haré será condicionar o pronunciarme públicamente sobre la decisión que el presidente tomará".
El Ministerio Público anunció este martes en un comunicado que investigaba a Costa y a varios miembros de su Gabinete por supuestos crímenes de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias, por un caso vinculado con negocios de litio e hidrógeno. La Fiscalía llevó a cabo el registro de "espacios utilizados por el jefe de Gabinete del primer ministro" y apuntó que varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en el caso por "desbloquear procedimientos".
La investigación, en la que se han registrado más de 40 lugares, se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país; además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en Sines.
La Fiscalía ha emitido órdenes de detención contra el jefe de gabinete del primer ministro, el alcalde de Sines y dos de sus administradores en la sociedad "Start Campus" y contra un abogado, que serán presentados ante la Justicia para ser interrogados. También fueron declarados "arguidos" (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) el ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente.
