En estos casos, las autoridades pertinentes pueden solicitar a las compañías que aporten datos privados de sus clientes.
En el caso de que no lo hagan, se podrá 'castigar' con una multa a las empresa, según la nueva enmienda aprobada por el Consejo Nacional de Francia, la Cámara Baja del Parlamento.
El partido conservador, Los Republicanos, defiende la enmienda que estipula que la multa constara de unos 35.000 euros y 5 años de cárcel.
En el texto legislativo, aparece explícitamente: “las instituciones privadas que se nieguen a transferir los datos protegidos por el cifrado a los órganos judiciales que investigan crímenes y delitos relacionados con el terrorismo” serán castigadas por la Justicia francesa.
Esta medida se une a la gran lista de medidas tomadas a raíz de los atentados del pasado mes de noviembre en París.
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