El Gobierno de México reconoce que hay 28.161 personas desaparecidas

  • Organizaciones de Derechos Humanos como Human Rigths Wach señalan en sus informes que el número real de casos podría superar las 60.000, pero la mayoría no se denuncian.

    En la mayoría de desapariciones forzadas están involucrados miembros de los servicios de inteligencia, la Policía o el Ejército del país latinoamericano.

El presidente de México Peña Nieto
El presidente de México Peña Nieto
Diego Caldentey

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México ha reconocido oficialmente una cifra que era uno de los grandes enigmas en la historia reciente del país latinoamericano: en la actualidad existen 28.161 personas desaparecidas, de las cuales 175 son extranjeros.

Uno de los grandes temas que el Gobierno mexicano no había abordado desde que asumió la presidencia Enrique Peña Nieto, a finales de 2012, era el número concreto de personas desaparecidas. Organizaciones de Derechos Humanos como Human Rigths Wach señalaban en sus informes que el número de desaparecidos podía alcanzar los 60.000 en los últimos seis años.

Entre los motivos por los cuales miles de personas se encuentran en paradero desconocido en México destacan la salvaje guerra que las fuerzas de seguridad de ese país iniciaron contra el narcotráfico. Este plan se originó bajo la presidencia de Felipe Calderón, el antecesor de Peña Nieto.

Pero también destacan los permanentes casos de violaciones de derechos humanos, como los más recientes casos de torturas a detenidos, muchos de los cuales dejan de estar localizados una vez que son arrestados clandestinamente. La trata de blancas y el robo de niños aparecen también como otros de los motivos destacados en cuanto a desapariciones de personas.

La diferencia de cifras entre lo que reconoce el Gobierno y los datos de Human Rigths Wach obedecen a que la gran mayoría de las desapariciones en México no se denuncian, por lo que podrían ser muchas más. Miles de familiares de personas que hoy no se sabe dónde están prefieren no acudir a las sedes policiales o judiciales para radicar las denuncias por la desconfianza que poseen en las fiscalías locales.

Cabe destacar que, del inmenso número de desaparecidos que México reconoce, en la mayoría de los casos se trata de desapariciones forzadas. Es decir, en ellas han participado directa o indirectamente actores del Estado (ya sea policía, Ejército, servicios de inteligencia u otros organismos).

Según publica infobae.com, el gran problema de las desapariciones en México se agudizó durante la última década. Dolores González, coordinadora del área de transformación positiva de SERAPAZ México, considera que "la mayoría de los casos se deben al engarce entre grupos criminales y autoridades de distintos órdenes para asegurar su territorio en la operación de negocios ilícitos. No sólo en el trasiego de drogas, también en el secuestro, contrabando, extorsión, piratería, trata de personas y comercio infantil, que requieren de territorio controlado", según ha explicado al mencionado medio.

Uno de los grandes dramas en México es que los Gobiernos municipales se encuentran desbordados ante el número de delitos, o directamente sus funcionarios forman parte del entramado delictivo de bandas de narcocriminales.

Por este motivo, el propio Peña Nieto ha encargado a la Procuraduría General de la República darle celeridad a los casos de desaparecidos, para intentar disminuir las cifras.

El punto que supuso una bisagra en esta cuestión ocurrió en noviembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A partir de allí, el Gobierno mexicano anunció una batería de medidas para luchar contra esta terrible tendencia.

Entre otras iniciativas, destaca una reforma que faculta al Congreso para expedir las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada, el fortalecimiento a los protocolos y procedimientos para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales, el establecimiento de indicadores adicionales en materia de Derechos Humanos, en coordinación con la CNDH y Organizaciones de la Sociedad Civil, y la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética.

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