El acuerdo de paz para superar cinco décadas de guerra en Colombia

El gobierno de Colombia y la guerrilla FARC firman este lunes un acuerdo de paz que se encamina a poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.

Durante casi cuatro años de diálogos en Cuba, el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se marcaron una hoja de ruta de seis puntos para terminar con un enfrentamiento que ha involucrado a otras guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado, con un saldo oficial de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.

El pacto de La Habana, un complejo texto de 297 páginas, prevé en esencia que las FARC se desarmen y se conviertan en un partido político, pero sólo entrará en vigor si es aprobado por los colombianos en un plebiscito el 2 de octubre.

Con Cuba y Noruega como garantes y Venezuela y Chile como acompañantes, además del apoyo de Estados Unidos, el papa Francisco y Naciones Unidas, el acuerdo de paz contiene los siguientes compromisos:

Activo desde 1964, el conflicto con las FARC está prácticamente detenido desde julio de 2015 cuando los rebeldes suspendieron de forma unilateral sus acciones y el gobierno, en respuesta, interrumpió los bombardeos meses después.

Con el acuerdo de paz vigente, entrará a regir el alto al fuego bilateral y definitivo en todos sus términos. Entonces, la guerrilla entregará la lista completa de sus miembros (el gobierno estima que son unos 7.000 combatientes, más un número similar de milicianos y colaboradores), que se concentrarán temporalmente en 28 puntos de Colombia para, en un plazo de seis meses, dejar las armas y reincorporarse a la vida civil.

Todo esto se hará bajo verificación de un órgano tripartito compuesto por el gobierno, los rebeldes y observadores desarmados de la ONU. Los fusiles serán fundidos y se levantarán tres monumentos.

Las víctimas del conflicto serán cobijadas por un sistema que buscará garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de la violencia.

El esquema prevé la creación de tribunales especiales con un total de 48 magistrados - 10 de ellos extranjeros - que juzgarán a guerrilleros, agentes del Estado y civiles involucrados en delitos graves como secuestro, violaciones sexuales, desplazamiento, reclutamiento de menores, entre otros.

Quienes confiesen su responsabilidad en este tipo de acciones podrán evitar la cárcel, de lo contrario pagarán condenas de ocho a 20 años.

Al final será la corte especial la que determinará la pena alternativa y la reparación, que en el caso de las FARC no está claro si lo harán con recursos propios.

Sin embargo, se espera que la mayoría de los guerrilleros sean amnistiados con una ley que el gobierno presentará al Congreso una vez el plebiscito dé luz verde a lo negociado.

A partir de los años 1980, el narcotráfico alimenta y agrava el conflicto con los rebeldes.

Las partes acordaron un plan para la sustitución de cultivos ilícitos en las zonas de influencia guerrillera, en tanto la guerrilla se comprometió a desvincularse del negocio del narcotráfico.

Las autoridades seguirán combatiendo el narcotráfico, pero darán alternativas de sustento a los campesinos que acepten el reemplazo de cultivos. El consumo de drogas será tratado como problema de salud pública.

Las FARC pasarán a ser una fuerza política, para lo cual recibirán garantías legales y de seguridad para competir en elecciones.

El compromiso del gobierno es asegurarles diez escaños en el Congreso (de 268 legisladores) por dos períodos si no logran los votos suficientes. También habrá circunscripciones especiales de paz en zonas castigadas por el conflicto donde serán elegidos representantes de movimientos no tradicionales, lo que se supone ampliará el espectro democrático.

Las FARC contarán con condiciones de seguridad para evitar que sus cuadros sean asesinados, como ocurrió a finales de los 1980 y principios de los 1990 con el asesinato en masa de dirigentes, militantes y simpatizantes de izquierda de la Unión Patriótica, un partido surgido con exmiembros de las FARC tras el fallido proceso de paz de 1984.

Históricamente, las FARC justificaron su lucha en la defensa de los campesinos pobres y víctimas de la violencia estatal.

El gobierno se comprometió a dar mayor acceso a tierras, créditos y dotar de servicios básicos las zonas rurales azotadas por la violencia. Este punto demanda millonarias inversiones a largo plazo.

El acuerdo de La Habana será sometido a un plebiscito el próximo 2 de octubre. Para su aprobación se requiere al menos de 4,4 millones de votos por el 'Sí' y que esa opción no sea superada por el 'No'.

Solo entonces el Congreso podrá aprobar las leyes y reformas necesarias para los pactos, cuya implementación tardará en principio hasta 2018. Si se impone el 'No', el acuerdo tal como fue negociado no podrá ser llevado a la práctica.

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