Ahmadineyad pone fin a los subsidios iraníes para el pan y el agua

(Teherán, Irán). En enero, después de décadas de debate dentro del Gobierno y en todos los estamentos de la sociedad iraní, el Parlamento finalmente aprobó una ley para recortar los subsidios estatales. La norma entrará en vigor a finales de este mes, en medio de crecientes temores de que el profundo y repentino corte de las ayudas podría conducir a un aumento de la inflación y de los precios, así como a movilizaciones ciudadanas.

"Creo que terminar con los subsidios... provocará más manifestaciones, más problemas políticos internos", asegura Hossein Askari, profesor de Negocios Internacionales y Finanzas en la Universidad George Washington. "A largo plazo será un fracaso total, porque creo que realmente no se lo han pensado bien".

Los subsidios iraníes, entre los más amplios del mundo, han funcionado durante mucho tiempo como el salvavidas económico de la clase pobre y media del país. Pero también suponen un importante lastre para la economía nacional, representando una cuarta parte del PIB, en torno a 77.000 millones de euros. La gasolina, el gas natural, la electricidad, el agua, pan, arroz, aceite de cocinar, leche, azúcar, correo postal, servicios de transporte y medicinas se abaratan gracias a las ayudas del Gobierno.En Irán, un galón de gasolina (unos 3,78 litros) cuesta unos 40 centavos de dólar.

Aunque recortar las subvenciones se considera generalmente una política económica inteligente, los expertos recomiendan acompañar la decisión de medidas que protejan, al menos inicialmente, a quienes más las necesitan. Pero "Irán no ha hecho nada de eso", dice Askari.

Un taxista en el centro de Teherán, al igual que otros muchos ciudadanos, se opone firmemente al plan del presidente. "Por supuesto que el Gobierno debe de mantener los subsidios. Irán es un país rico en petróleo y tiene que darle algo a cambio a su gente", dice el taxista, que no quiere dar su nombre por motivos de seguridad.

Los recortes son políticamente peligrosos para el Gobierno de Ahmadinejad, que afronta duras sanciones económicas de una creciente lista de países y un movimiento opositor en ebullición que el año pasado, tras las elecciones, demostró ser capaz de organizar manifestaciones a gran escala. Incluso entre los parlamentarios iraníes el desacuerdo en cómo proceder a recortar los subsidios ha obligado a buscar la intervención del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

Con la nueva ley en vigor, todos los productos subsidiados pasarán a tener precios de mercado libre en 2015. En la primera fase, desde este mes hasta marzo de 2011, se recortarán 15.300 millones de los 70.000 millones de euros anuales destinados a subvenciones. El 50 por ciento de esos 15.300 millones de euros se entregarán en metálico a las familias pobres; un 30 por ciento será destinado a créditos a las empresas, y el 20 por ciento restante servirá para construir una nueva red de seguridad social.

Pero la ley otorga al presidente libertad para distribuir los pagos en metálico. Los analistas advierten que ese sistema invita a la corrupción y deja abierta la posibilidad de que el Gobierno castigue a la clase media, que se opuso en gran medida a Ahmadinejad durante las elecciones y manifestaciones de 2009.

"Pese a sus aspectos positivos, se dejan en el estatuto muchas interrogantes sin respuesta respecto a la cobertura, el impacto general, la ejecución efectiva y el equilibrio financiero", ha declarado Jahangir Amuzegar, antiguo miembro del consejo ejecutivo del FMI, a la publicación económica de Oriente Medio Zawya.com. "Como documento de acción política se trata además de un texto mal formulado y construido, que algunos expertos legales consideran inconstitucional. La mayor parte de los economistas lo consideran poco equitativo, inefectivo e incluso contraproducente".

En 2007 Irán intentó, en una escala mucho menor, reducir los subsidios cuando incrementó el precio de la gasolina en un 25 por ciento. Las subsiguientes quejas de la población y unas enormes manifestaciones antigubernamentales provocaron la quema de casi 20 gasolineras.

Esta vez, en un esfuerzo para paliar el golpe entre las familias más pobres, el Consejo Supremo del Trabajo se ha comprometido a aumentar el salario mínimo un 14 por ciento, pasando de los 200 a los 230 euros al mes. Pero las propias investigaciones del Parlamento indican que la inflación podría aumentar hasta un 50 por ciento tras los recortes, lo que restaría efecto a dicha medida sobre los salarios.La retirada de los subsidios posiblemente aumentará los efectos de las sanciones internacionales adoptadas contra Irán en relación a su supuesto programa nuclear.

Djavad, de 50 años, tenía antes trabajo a tiempo completo en el Ministerio de Telecomunicaciones. Pero las sanciones internacionales le han dejado con pocos ingresos, así que ha aceptado un segundo trabajo como conserje de hotel en Shiraz, una ciudad al sur de Irán.

"Una vez comenzaron las sanciones, dejamos de recibir las piezas electrónicas necesarias desde Europa. Ahora recibimos cargamentos desde China y la calidad no es buena. Yo soy un hombre con estudios, pero no hay trabajo para mí. Y necesito más dinero para mi familia. Así que he empezado a trabajar en el hotel por las noches", se lamenta.