Argentina no quiere otro caso Nisman y blinda la seguridad del juez Pollicita

No quieren tener otro caso Nisman, aunque visto lo visto nada garantiza hoy la seguridad del fiscal Pollicita. Por si acaso, tendrá a partir de ahora escoltas, que de poco le valieron a Nisman.
Así, el Ministerio de Seguridad ha señalado que el fiscal Pollicita "dispone de custodia de la de la Prefectura Naval Argentina desde el momento mismo que asumió la causa por supuesto encubrimiento del atentado de la AMIA".
En concreto, ha detallado que "cuenta con guardaespaldas y vehículos de la Prefectura tanto en su domicilio particular como en sus oficinas de trabajo las 24 horas del día, los siete días de la semana".
Además, ha avanzado que el Ministerio de Seguridad "contactará esta semana con el juez federal Daniel Rafecas", que investiga la muerte del anterior fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, "para evaluar con él los ajustes a su custodia".Pollicita no ha dudado en imputar a Kirchner

Pollicita ha imputado a Fernández de Kirchner, así como al ministro de Exteriores, Héctor Timerman, al diputado oficialista Andrés Larroque, al líder sindical Luis D'Elía y al dirigente de la coalición izquierdista Quebracho, Fernando Esteche.
El fiscal federal se ha basado en la denuncia de 300 páginas presentada por Nisman cuatro días antes de que fuera hallado muerto en su apartamento de Buenos Aires en un aparente suicidio que poco a poco han ido desmontando las pruebas periciales.
Nisman denunció "la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa (AMIA), para que se sustraigan de la acción de la justicia argentina".
De acuerdo con Nisman, el Gobierno de Fernández de Kirchner habría negociado con la República Islámica un acuerdo por el cual se comprometía a diluir la acusación contra los sospechosos iraníes a cambio de un canje de petróleo persa por granos argentinos.
Pollicita ha hecho suyos los cargos que Nisman barajaba apuntando a los delitos de encubrimiento, con una pena de entre seis meses y tres años de cárcel, "impedimento o estorbo del acto funcional", con entre 15 días y seis meses, e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", con entre un mes y dos años.