Dos frases pronunciadas en dos momentos clave por Fernando De la Rúa, fallecido este martes a los 81 años, sirven para resumir el desnortado periplo del expresidente de Argentina. Con la primera, quiso transmitir tranquilidad al pueblo horas antes de la renuncia de su vicepresidente, Carlos Álvarez, en octubre del año 2000: "Aquí no hay crisis ni problemas". La segunda, aún menos premonitoria, la pronunció en el discurso de fin de ese año a la nación: "La Argentina es segura y previsible, ahora podemos crecer en paz. El 2001 será un gran año para todos. ¡Qué lindo es dar buenas noticias!". El siguiente 3 de diciembre, De la Rúa descubrió dos cosas: que estaba equivocado y que era capaz de seguir negando la mayor hasta apenas horas antes de decretar el 'Corralito' que agudizó aún más la terrible crisis económica que vivió Argentina en el cambio de siglo.
A pesar de que siempre ha defendido sus escasos dos años de gestión (y de que su toma de posesión cerró la convulsa década de Gobierno de Carlos Menem), Argentina siempre recordará a De la Rúa por negar una y otra vez la inminente crisis bancaria que sacudió al país en 2001 y por su huida de la Casa Rosada en helicóptero el 20 de diciembre de aquel año, cuando presentó su renuncia como presidente. En su defensa, cabe decir que el 'Corralito' fue consecuencia de una serie de eventos económicos que se remontan a la llegada de Carlos Menem al poder en 1989.
Durante los primeros meses de 1991 se puso en marcha el Plan de Convertibilidad, cuyo instrumento central fue el establecimiento de la Ley de la paridad. A partir de ese momento, un peso pasó valer lo mismo que un dólar estadounidense. La libre convertibilidad significa que en cualquier transacción económica es indistinto si se realiza en pesos o en dólares; pero lo sustancial de este plan fueron las medidas que permitieron sostener la paridad y la convertibilidad. Entre ellas, se encuentran las privatizaciones, la flexibilización laboral y la desregulación económica que caracterizaron al Gobierno de Menem.
Así, la reforma estructural cambió en pocos años el funcionamiento de la economía argentina. El objetivo era desarmar el enorme sistema de especulación financiera heredado de los años de la dictadura de los militares (1976-1983) y sentar las bases para que el capital nacional o extranjero se orientara a la producción, que el Estado pudiera cobrar más impuestos y, de esa manera, lograse pagar la deuda externa que asfixiaba las arcas públicas. Y, aunque al principio funcionó, Argentina pronto empezó a sufrir una hiperinflación (de hasta el 2.314% en 1990, por ejemplo) derivada de una compra masiva de los dólares que había en la reserva del Banco Central del país, de manera que el peso empezó a perder aún más su valor.
De la Rúa y la herencia de Menem
El 10 de diciembre de 1999, Fernando De la Rúa, una de las históricas figuras de la Unión Cívica Radical (UCR) y que ya había sido senador, diputado y alcalde de Buenos Aires, asumía la Presidencia argentina tras ganar las elecciones como líder de la Alianza, formada por la UCR y el Frente País Solidario (FREPASO). Su Gobierno heredó de su antecesor, Carlos Menem, una economía en recesión, con un millonario déficit público, una industria en caída y una pesada deuda exterior, que rondaba el 60% del PIB en 2001, pero que se dispararía al 160% un año después.
Por eso, una de sus primeras medidas fue enviar al Parlamento el conocido como "impuestazo", un plan económico para conseguir recursos por 2.000 millones de dólares, que fue finalmente sancionado. Ya en marzo del año 2000, el Congreso aprobó un proyecto de emergencia económica que ordenaba la suspensión de pagos por las millonarias deudas adquiridas en querellas que había perdido el Estado. La presión sindical llevó en mayo a la primera huelga general contra la reforma laboral y el plan de ajuste. En junio llegó la segunda.
En el 2000, el Ejecutivo se vio envuelto en un caso de sobornos en el Senado para la aprobación de la polémica reforma laboral que buscaba sacar adelante el oficialismo. La controversia llevó al entonces vicepresidente del país y presidente de la Cámara Alta, Carlos Álvarez, a presentar su renuncia en octubre, lo que abrió una profunda crisis política en el país. Por su presunta responsabilidad en el escándalo como presunto coautor del delito de cohecho activo agravado, De la Rúa sería sometido años después a juicio (resultando absuelto), pero en aquel momento pronunció la famosa frase: "Aquí no hay crisis ni problemas".
A finales del año 2000, organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Tesoro de España anunciaron una asistencia total de 39.700 millones de dólares para Argentina: el conocido como "blindaje". Y, aunque con reticencias, el Ejecutivo aceptó. "Estamos iniciando una nueva etapa, que deja atrás un año difícil", indicaba entonces De la Rúa tras conocerse este rescate financiero, con el que buscaba alejar el fantasma del cese de pagos y reactivar la economía. Pocas semanas antes, el Senado había aprobado un acuerdo pactado con la oposición para congelar por cinco años el gasto público.
La crisis económica también llegó al plano político en marzo de 2001, cuando el presidente anunció una remodelación de su gabinete, tras conocerse la renuncia del entonces ministro de Economía, José Luis Machinea, quien fue sustituido por Ricardo López Murphy. Poco después, De la Rúa presentó un plan de austeridad, aprobado por el FMI, con una reducción del gasto público próxima a los 2.000 millones de dólares y una reforma de la administración del Estado.
Sin embargo, López Murphy abandonó el Gobierno 15 días después de haber asumido y De la Rúa designó en su lugar a Domingo Cavallo, ministro de Menem que había sido el artífice de la llamada convertibilidad del peso-dólar. A finales de marzo de 2001, el Parlamento otorgó facultades especiales al Gobierno para reestructurar la administración del Estado y aplicar reformas fiscales y, un mes después, el Senado aprobó la reforma laboral, que provocó otra huelga general.
A estas alturas, los nuevos recortes salariales a funcionarios y pensionistas apenas empeoraban la ya deteriorada economía argentina el creciente descontento social. En julio, el Congreso aprobó la ley de "déficit cero", que impedía al Gobierno gastar más de lo que ingresaba (como en el caso del techo de gasto en España, pero sin margen alguno de maniobra), un plan respaldado por el FMI, que otorgó al país una nueva ayuda de 8.000 millones de dólares, con un desembolso inmediato de 6.300.
La alta deuda externa y la crisis del sistema de convertibilidad, unidos a la falta de la confianza de los inversores y la fuga de capitales al exterior impulsaron al Ejecutivo a presentar, el 6 de noviembre, una oferta de canje para reprogramar la deuda pública. El miedo de los argentinos a perder su dinero hizo el resto y derivó en la retirada en masa de grandes sumas de dinero de sus cuentas bancarias, que buscaban pasar a dólares y enviarlas al extranjero.
El 'Corralito' comenzó a raíz de esta fuga de capitales: De la Rúa firmó un decreto que impedía retirar más de 250 pesos en efectivo por semana (equivalentes a la misma suma de dólares); una medida que fue el verdadero punto de partida para la explosión en las calles, con cacerolazos populares que dieron la vuelta al mundo. El día 5, el FMI suspendió un préstamo de 1.264 millones de dólares porque Argentina no había cumplido las metas de su reforma económica, y el 13 de diciembre una nueva huelga volvió a poner en jaque al débil Gobierno.
Desbordado por las circunstancias, el 19 de diciembre De la Rúa declaró el estado de sitio en todo el país, para afrontar la revueltas, los saqueos de supermercados y pequeños comercios y los asaltos a edificios públicos. En medio del caos, su ministro de Economía, Cavallo, renuncia. Un día después, De la Rúa también dimite y abandona la Casa de Gobierno en helicóptero, una imagen que se convirtió en icónica. "Confío que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República", explicaba entonces De la Rúa.
Sin embargo, su salida llevó a un período de locura con cinco presidentes en poco más de un año. En febrero de 2002, la Corte Suprema de Justicia declaró anticonstitucionales las restricciones al acceso a los fondos bancarios, lo que derivó en una oleada de demandas judiciales. Muchos de los plazos fijos fueron liberados mediante recursos judiciales y el resto canjeados por bonos del Estado o devueltos en parte. Poco a poco, la economía argentina fue creciendo, al tiempo que comenzaron a caer los niveles de desempleo, que había alcanzado su máximo del 24,1 % en el segundo trimestre de 2002. Y, a partir de 2003, Argentina empezó a recuperarse de su peor crisis económica en la historia moderna.
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