La Guardia Nacional de EEUU ha confirmado este domingo la movilización de 5.000 efectivos en 15 estados y el distrito de Columbia, donde se encuentra la capital, Washington D.C., para contener los disturbios derivados de las protestas por la muerte el lunes en Mineápolis del ciudadano de raza negra George Floyd durante una detención, que ha desembocado en la imputación por asesinato de uno de los agentes implicados.
En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, la Guardia Nacional anuncia que, además de este contingente, tiene en alerta a otros 2.000 efectivos "preparados para actuar de ser necesario". Entre los estados que han solicitado la intervención de la Guardia Nacional se encuentran Minesota, Ohio, Georgia, Colorado, Wisconsin, Kentucky, Texas, Utah, Washington o Misuri, así como la capital del país.
"Las agencias policiales estatales y locales siguen siendo responsables de la seguridad", han querido precisar desde la Guardia Nacional, que limitará su participación a tareas de apoyo.
"El personal de la Guardia Nacional asignado a estas misiones está capacitado, equipado y preparado para ayudar a las autoridades policiales a proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos en su estado", añade el comunicado.
Amnistía Internacional avisa de respuesta "excesiva"
La ONG Amnistía Internacional ha acusado a la Policía de Estados Unidos de incumplir con sus obligaciones con el derecho Internacional al aplicar una respuesta "excesiva", "militarizada" y "alimentada por el racismo y la supremacía blanca" contra las manifestaciones en todo el país. "La Policía estadounidense de todo el país está incumpliendo sus obligaciones de respetar y facilitar el derecho a la protesta pacífica, exacerbando una situación tensa y poniendo en peligro la vida de los manifestantes", ha lamentado la directora nacional de investigación de Amnistía para EEUU, Rachel Ward.
La ONG ha denunciado actos de fuerza innecesaria o excesiva por parte de la Policía "en una ciudad tras otra" a través de equipos antidisturbios con equipación "de grado militar" para vigilar manifestaciones "en gran medida pacíficas". Dado que, según Amnistía, esta clase de instrumental es propia de "un campo de batalla", puede hacer entender a los agentes que se van a enfrentar a un escenario de donde el enfrentamiento y el conflicto son "inevitables".
"Deberían desmilitarizar su enfoque y entablar un diálogo con los organizadores de protestas para reducir las tensiones para prevenir la violencia o detenerla rápidamente tan pronto como estalle para proteger el derecho de reunión pacífica", ha recomendado la ONG.
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