¿Es la India realmente libre?

Con una prensa vibrante, crítica y con una sólida cultura de disidencia, la India se destaca como uno de los principales campeones de Asia en el campo de la libertad de expresión. Pero aunque las nuevas tecnologías dan un gran poder para ejercer esa libertad, el Gobierno está haciendo esfuerzos en el sentido contrario.

Por un lado, las autoridades indias están capitulando ante los grupos extremistas y los partidos políticos que exigen la prohibición de libros y películas que supuestamente son ofensivos. Por otro lado, están coqueteando de forma sibilina con limitaciones de la libertad de expresión a través de nuevas leyes que rigen el contenido de internet y de los medios impresos.

Una combinación peligrosa.

"El riesgo de abuso de estas leyes para silenciar la palabra va a ser muy, muy alto", apunta Meenakshi Ganguly, director de Human Rights Watch para Asia del Sur.

En los últimos meses, India ha redactado nuevas reglas para las páginas de internet que permitirán a cualquier persona exigir que se elimine un contenido supuestamente censurable y de los proveedores de servicios basándose en una lista dogmática de criterios.

Se utilizaron cargos de sedición para tratar de silenciar al autor Arundhati Roy y al activista Binayak Sen, dos de los ciudadanos más destacados del país. Sen pasó dos años en la cárcel antes de que el Tribunal Supremo lo liberase bajo fianza el pasado mes de abril.

La polémica biografía realizada por Joseph Lelyveld de Gandhi se unió a la lista de cientos de libros que se prohibían por su poca similitud con el contenido real. Y Maqbool Fida Husain, uno de los artistas más célebres del país, murió en el exilio que le impuso el acoso judicial y las amenazas de muerte de grupos extremistas que se oponían a algunas de sus cuadros.

Incluso antes de que se notificaran las reglas de uso sobre la narrativa en internet bajo la Ley de Tecnologías de Información (TI), el Departamento de Tecnología de la Información había bloqueado discretamente 11 páginas web, según reveló el Centro de Internet y Sociedad a través de una reciente petición del derecho a la información.

Los blogueros y activistas de los medios de comunicación social temen que las nuevas normas, que también regulan las entradas en YouTube, Facebook y webs similares, desencadenen una batalla constante contra las prohibiciones. Mientras la ley requiere que las webs eliminen los denominados "contenidos censurables" en el plazo máximo de las 36 horas siguientes a haber recibido la queja, los críticos dicen que no hay ningún mecanismo para que la web o el usuario inicial puedan defender sus publicaciones electrónicas.

Por otra parte, la definición de contenido censurable que incluye todo lo que sea "dañino, amenazador, abusivo, acosador, blasfemo, difamatorio, pornográfico, difamatorio, invasivo de la privacidad, odioso, despectivo, racial, étnico o censurable de cualquier otra forma, o relativo al lavado de dinero o del juego", es lo suficientemente vaga como para que cualquier cosa pueda cumplir con los criterios de prohibición.

"Ésta [la nueva lista de normas] es una violación directa del derecho de libertad de expresión", según declaró Pavan Duggal, un abogado del Tribunal Supremo especializado en derecho cibernético, al periódico Times of India.

Al mismo tiempo, incluso aunque la rápida expansión de los canales de televisión de noticias, periódicos y revistas sugieren que la libertad de prensa de la India sigue teniendo la misma importancia vital que siempre, los críticos sostienen que se ha hecho más complicado contar determinadas historias.

A principios de este año, el Ministerio de Información y Difusión de la India instó a escribir historias más "positivas", incluso cuando las enmiendas propuestas a la Ley de Prensa y Publicaciones dan al Estado un mayor control sobre el contenido. Entre otras medidas, la ley modificada permitiría a las autoridades locales suspender la publicación y prohibir a cualquier convicto por actos de terrorismo o por cualquier otro acto que comprometa la seguridad del estado publicar en una revista o periódico.

Y mientras el Ministerio de información llama continuamente a la "auto-regulación", otras fuerzas aseguran que la autocensura sigue siendo endémica.

Diversos medios de comunicación han comenzado la práctica de aceptar el pago de ciertos tipos de noticias, incluso informaciones políticas, mientras que los periodistas que denuncian el crimen y la corrupción se enfrentan regularmente a ataques violentos.

Aunque la policía ha detenido este mes a varios sospechosos del asesinato de un reportero de sucesos de Bombay, la mayoría de las agresiones contra periodistas pasan desapercibidas y sin castigo, según un reciente de la Fundación de Medios de Comunicación de la India. Según un comunicado de prensa, los supuestos perpetradores son desde partidos políticos a matones a sueldo de la propia policía.

Mientras tanto, los obstáculos jurídicos y financieros para informar sobre las áreas rurales pobres de la India son mayores que nunca, según Shubhranshu Choudhary, un ex periodista de la BBC que ahora dirige una red de noticias de radio a través del teléfono móvil en Chhattisgarh. Por poner un ejemplo, la mayoría de los indígenas rurales no pueden leer el periódico y no pueden permitirse el lujo de tener televisión. Pero a pesar de que recientemente el Gobierno permitió las estaciones de FM y la radio comunitaria, las emisiones de noticias todavía están prohibidos en todo el dial, salvo las informaciones favorables al Gobierno emitidas por la emisora estatal All India Radio.

A los reporteros de periódicos cuya sede está fuera de las grandes ciudades se les paga un porcentaje de los ingresos publicitarios que capten, en lugar de un salario fijo, por lo que están en deuda con las corporaciones locales en lugar de con sus lectores o editores. Y, cada vez más, son los puntos de rating de televisión y no los estándares editoriales los que determinan el valor de las noticias, según Choudhary, aludiendo a la reciente decisión de varios canales de televisión de quitar a sus reporteros de Chhattisgarh, el escenario de una rebelión maoísta que el primer ministro Manmohan Singh y otros han descrito como la mayor amenaza para la seguridad de la India.