España encabeza la lista de los países con más impunidad en Europa

    • Un estudio sitúa a nuestro país como el más 'impune' de Europa: es así donde más "crimen sin justicia" se produce en el continente.
    • A nivel global, es Filipinas quien encabeza el listado, seguido por México. En el mundo, España está en el puesto 17º.
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Raffaella M. Breeze

España es el país más impune de Europa. Es lo que apunta el 'Índice de Impunidad' que ha realizado la universidad de las Américas de Puebla, en México, que sitúa a nuestro país como el 17º a nivel mundial. Definido como "el crimen sin castigo", la impunidad de diferentes países del mundo ha sido recogido por este informe, que sitúa a Filipinas a la cabeza del ránking mundial, seguido por México.

El informe ha hecho un análisis a nivel mundial de un problema,complejo, que involucra a dos sectores críticos para la responsabilidad pública de los Estados: instituciones de seguridad y justicia. Cuando hay deficiencias o problemas en estos dos estamentos, se creaun fenómeno que retroalimenta inseguridad, violencia, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos.

Así, analizando diferentes factores de estos dos elementos, la seguridad y los sistemas judiciales, los investigadores de la universidad mexicana han realizado un ránking mundial con los países con más problemas. Estudiando la desigualdad en el acceso a la justicia, los diseños institucionales inadecuados, la falta de capacidades organizacionales o desprecio a los derechos de los ciudadanos, los investigadores apuntan a que nuestro país, de todos los de la Unión Europea, es el más impune.Nuestro sistema judicial, el mayor problema

El informe destaca el caso de nuestro país dentro del ránking global, calificándolo de "interesante", al ser el más impune de la UE. Así, busca apuntar a las causas de alta impunidad: un bajo número de jueces (11) por cada 100 mill habitantes, muy por debajo de otros países europeos, sería la causa principal, sumado a un bajo número de sentencias. La causa es por lo tanto nuestro sistema judicial. Aunque en otros sectores no lo hacemos tan mal: con respecto al número de policías por cada 100 mil habitantes, la posición de España sube al número 40 de la lista, con 383, por encima incluso de la media europea. Asimismo, la relación entre personal penitenciario y reclusos es de 1.

El número del índice de personas que tienen contacto formal con la policía pero que no llegan ante los tribunales es de 1, lo que coloca a España ligeramente por debajo de la media de la tabla en el lugar 35.

En lo que refiere al índice de detenidos sin sentencia, España pasa al lugar 33, colocándose en la media de la tabla, con casi el 23% de la población carcelaria sin sentencia ni siquiera preliminar. Cabe destacar que España no proporciona oficialmente esta última cifra.

Los investigadores, que han analizado el fondo detrás de estos problemas es que la justicia española es, desde hace al menos un par de décadas, ineficaz a la hora de sacar adelante los expedientes judiciales. Esto abre la puerta a que los castigos no lleguen y, por lo tanto, la impunidad prevalezca. Los últimos gobiernos han tratado de diversas maneras de abordar el tema, apuntan los investigadores. Lo que todos ellos tienen en común es la urgencia por reducir los tiempos de actuación judicial.

Así, han sido dos las medidas principales para paliar el problema: aumentar el número de jueces y funcionarios de la judicatura, de manera que el trámite de los expedientes —y consecuentes resoluciones o sentencias— se liberen rápidamente; o bien, cargar el trabajo de los juzgados exigiendo límite temporal de espera. La primera opción implicaba un elevado desembolso de presupuesto por parte de la hacienda española, lo que para todos los gobiernos de cualquier espectro político, resultaba imposible de llevar a cabo.

Las sucesivas crisis económicas, así como un manifiesto bloqueo político del poder judicial por parte de los partidos mayoritarios —reconocido por el propio ministro de justicia Alberto Ruiz Gallardón—, han provocado que esta última opción se convierta en la única viable, es decir, el sobrecargar a los juzgados de trámites judiciales, exigiéndoles además límite de tiempo en la emisión de dichas resoluciones o sentencias

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