La Fiscalía del Tribunal Supremo ha optado por no seguir los designios del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y se ha opuesto tajantemente a acusar a los dos cargos policiales –condenados ya por la Audiencia Nacional por el 'chivatazo' a ETA– de un delito de colaboración con organización terrorista. Para el representante del Ministerio Público en el alto tribunal, Jaime Moreno, el aviso al dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, de que iba a ser arrestado en un operativo contra la red de extorsión de ETA tenía como objetivo acabar con la banda.
Así lo expone en un informe el fiscal Moreno a la Sala de lo Penal del alto tribunal, que tendrá que revisar la condena impuesta por la Audiencia Nacioal de un año y medio de cárcel para Enrique Pamíes y José María Ballestero por alertar a Elosúa de que debía huir si no quería ser detenido por la Policía.
La propia sentencia de la Audiencia explicó que en las fechas en las que se produjo la delación policial, en mayo de 2006, se estaba llevando a cabo un proceso de negociación entre el Gobierno y la banda terrorista. El aviso a Elosúa pretendía que esas conversaciones siguieran adelante para intentar conseguir el fin de ETA.
"La conducta que realizan los acusados es llevada a cabo precisamente porque entienden que las detenciones, que tratan de evitar en ese momento, ponen precisamente en peligro las negociaciones que sirven para acabar con ETA", recoge el fiscal en su escrito, en el que se opone a las alegaciones tanto de las acusaciones –que pretenden que sean condenados, además de por revelación se secretos, por un delito de colaboración con organización terrorista– como de las defensas, que piden su absolución.Confianza en la negociación
En este texto, de 82 folios, el Ministerio Fiscal insiste en varias ocasiones en que la conducta de abortar el dispositivo policial, por el que iban a ser detenidas varias personas vinculadas con la banda, "se hacía para acabar con la actividad de ETA". A su juicio, los acusados creyeron que con esas detenciones se favorecía la acción terrorista y que, al contrario, "su evitación o posposición procuraba el cese de la actividad de la banda al permitir tales negociaciones".
El fiscal mantiene la tesis de la Audiencia Nacional y ratifica que objetivamente los acusados llevaban a cabo una conducta que no favorecía a ETA, sino al proceso de negociación, abierto por el anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "Su conducta, pues, no era de colaboración con la banda, no ayudaba a la banda, al contrario, era una conducta desplegada para terminar con la banda, para permitir que el proceso de negociación diera como fruto el fin de la banda".
Esta postura de la Fiscalía echa por tierra la orden que en su día Torres Dulce dio al fiscal del caso en la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, a quien ordenó que acusara a los dos mandos policiales de colaboración con organización terrorista. Bautista pensaba de forma distinta y así lo expresó durante el juicio. La postura de la Fiscalía del Tribunal Supremo desobedece por lo tanto a Torres Dulce y da la razón al criterio de Bautista, que sí cumplió la orden de su superior a pesar de mostrarse abiertamente en contra.Apoyo al tribunal que condenó el chivatazo
Por otro lado, el Ministerio Público defiende íntegramente la sentencia y por tanto también impugna las alegaciones de las defensas. Califica de "absurda" la justificación de Pamies, que pretendía hacer creer que, a pesar de ser jefe superior de Policía del País Vasco, desconocía el operativo que iba a ser montado en las inmediaciones del Bar Faisán y que se encontraba allí porque había quedado con un confidente.
Sobre las irregularidades cometidas en la obtención de la prueba, como la grabación de la baliza del coche de Elosúa en el que éste comenta a su yerno que un policía le acaba de dar un chivatazo, el fiscal señala que el contenido de esa conversación no es prueba para la condena, porque Pamies conocía de sobra el operativo policial que se iba a montar por el cargo que ostentaba. "Las irregularidades que se dicen de contrario serían a lo sumo infracciones de legalidad ordinaria que no afectan al derecho fundamental invocado –el derecho a un proceso con todas las garantías–".
Por su parte, las defensas piden la repetición del juicio porque entienden que el tribunal sentenciador ha sido arbitrario y parcial, debido al comportamiento del presidente de la sala, Alfonso Guevara, al que califican de "aparentemente prejuicioso" respecto de los acusados, con afirmaciones no exentas de ironía. Al respecto, el fiscal apunta que, "al margen de la mayor o menor paciencia del presidente del tribunal como director de los debates, resulta que están justificadas plenamente las decisiones que toma acerca de las preguntas que declara impertinentes".
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