Ley seguridad. Amnistía denuncia que los ciudadanos quedarán indefensos ante los excesos policiales

Amnistía Internacional (AI) aseguró este viernes que la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana que quiere impulsar el Gobierno aumentaría “la indefensión de los ciudadanos ante los excesos de la policía” y reclamó al Ejecutivo que consulte a las organizaciones antes de poner en marcha “medidas que recortan derechos”, como el de reunión pacífica y el de la libertad de expresión.

En este sentido, se mostró preocupada por que el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana “amplíe aún más los poderes discrecionales de la policía” y señaló que las palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de que la norma pretende “proteger a la policía” no debe ser una justificación para restringir el derecho de reunión pacífica o de libertad de expresión.
El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, subrayó que, según una respuesta parlamentaria del Gobierno, durante el año pasado se celebraron 14.721 concentraciones o manifestaciones y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron en 103 ocasiones por actos violentos, “sólo en el 0,7% de los casos”. “¿Justifican estos datos la restricción del derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión para proteger a la policía?”, se preguntó.
Amnistía Internacional recordó que lleva años denunciando la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas sobre las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en casos de abusos y violaciones de derechos humanos, sin que haya obtenido respuesta por parte de la administración.
Señaló que el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana agrava esta situación “en un momento en que existe un clima de impunidad ante los excesos de las fuerzas de seguridad”, ya que incluye como infracción leve el uso de imágenes o datos personales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "que atenten contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen"; se incrementan las multas administrativas y se incluye la “presunción de veracidad” que se otorga a la policía.
“En vez de recortar el derecho de reunión pacífica, el Gobierno debería garantizar que cualquier abuso o uso excesivo de la fuerza contra manifestantes sea debidamente investigado y se inicien actuaciones penales para dejar claro que este tipo de actos por parte de fuerzas de seguridad no se van a permitir”, manifestó Beltrán.
Amnistía Internacional lamentó “profundamente” que la respuesta política a las protestas sociales en el marco de la crisis económica sea intentar recortar el derecho de reunión pacífica y el derecho a la libertad de expresión, y consideró “sumamente preocupante” que la reforma del Código Penal pueda convertir en actos criminales la simple participación en una protesta, los cortes de rutas o los actos de desorden público, aún cuando no afecten a bienes, la vida o la libertad de las personas.
AI reclamó al Gobierno que establezca mecanismos de control e investigación ante cualquier violación de derechos humanos cometida por miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas, no impulse medidas restrictivas contra el derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión contrarias a los estándares internacionales, no permita que medidas administrativas o sancionadoras repercutan en la esencia de estos derechos e inicie un diálogo con la sociedad civil antes de tomar medidas que pueden restringir derechos fundamentales como el derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión.