Los expertos no confían en la formación de las fuerzas de seguridad afganas

(Kabul, Afganistán). Los grupos afganos armados con ayuda de EEUU agrandan de manera artificial el número de efectivos en el terreno, y permiten a los líderes locales alardear de que controlan la situación.

Pero, de hecho, algunas de estas últimas iniciativas quizás hayan empeorado las cosas al introducir insurgentes activos en el Gobierno, al dar armas y autoridad a residentes locales con una formación mínima y que pueden tener asuntos personales que zanjar, y al debilitar aún más la frágil confianza que tiene la población en su gobierno.

Según el Informe de Investigación del Congreso de Estados Unidos difundido en marzo, más de la mitad de los más de 50.000 millones de dólares en ayuda que ha enviado el país norteamericano a Afganistán han sido gastados en formar y equipar a las fuerzas armadas del país. Tan sólo la policía afgana ha consumido más de 6.000 millones de esos dólares desde 2002.

Pero los resultados distan de ser satisfactorios, según confirman varias fuentes.El United Institute of Peace publicó en agosto de 2009 un informe especial ("Afghanistan's Police: The Weak Link in Security Sector Reform") en el que su autor, Robert M. Perito, afirmaba que "pese al impresionante aumento en cifras, el envío de 10.000 millones de dólares en ayuda internacional y a la implicación de EEUU, la UE y múltiples donantes, la Policía Nacional Afgana está plagada de corrupción y en general es incapaz de proteger a los ciudadanos o de controlar el crimen y la creciente insurgencia".

El número total de agentes en el terreno está lejos de las cifras deseables, su calidad es discutible y la tasa de retención de personal está por los suelos.El Programa de Protección Público Afgano fue presentado como un prometedor plan para aplicar principios de vigilancia vecinal contra los talibanes. Pero después de casi dos años de funcionamiento de un programa piloto en una sola provincia, el AP3 parece totalmente atascado.

La Iniciativa de Defensa Local o Iniciativa de Defensa Comunitaria (LDI) intenta capitalizar las quejas de los habitantes para movilizar la oposición a los talibanes. Bajo el tutelaje de las Fuerzas Especiales de EEUU, los grupos tribales que se comprometen a combatir la insurgencia reciben formación y promesas de generosos proyectos de ayuda.

Este programa ya ha provocado un conflicto entre tribus en la provincia de Nangahar, y los expertos en Afganistán advierten de que podría alimentar las condiciones previas a una guerra civil.

Expertos en seguridad se muestran preocupados por la sopa de letras que conforman todas estas milicias y que podría desembocar en problemas. Creen que estas fuerzas son parte de un creciente esfuerzo de EEUU y sus aliados por crear un aura de estabilidad, por muy irreal que sea, que aguante por lo menos hasta que ellos comiencen a retirarse.

Entregar armas a los hombres fuertes locales y a sus secuaces puede servir para calmar las cosas durante unos meses, o incluso un año, pero a largo plazo la comunidad internacional puede estar generando elementos que podrían contribuir a renovar la violencia en el país una vez las fuerzas extranjeras se hayan marchado.

La ONG Afganistan Safety Office, una organización que se encarga de dar información y asesorar a las entidades no gubernamentales presentes en Afganistán, ofreció una desalentadora evaluación de este nuevo planteamiento en su primer informe trimestral de 2010.

"Nuestro mejor cálculo es que las fuerzas internacionales (IMF) se muestran realmente serias sobre la aplicación de una estrategia de salida... probablemente hacia finales de 2011", escribe el director de la oficina, Nic Lee, que lleva trabajando en Afganistán más de 10 años. "Las IMF han vinculado su retirada a la demostración de dos objetivos o condiciones clave: una oposición armada degradada y unas mejores fuerzas de seguridad del gobierno".

El aumento de tropas de EE UU está siendo utilizado para cumplir el primero de estos objetivos. Para lograr la segunda de las condiciones clave, EEUU y sus aliados parecen estar buscando desesperadamente formas de multiplicar los números.

"El plan simple es equipar a las fuerzas gubernamentales con el nivel 'de combate esencial mínimo' y transferir el liderazgo de la seguridad tan pronto como sea posible", continúa Lee. "Nos preocupa que la intensa devolución de autoridad que ocurra durante ese periodo pueda alimentar nuevas rondas de conflicto entre facciones tras la retirada".

Parte del problema es la percepción común de fracaso de los programas de formación de policías, que han costado a EEUU más de 6.000 millones de dólares desde 2002.

El Departamento de Defensa reconoció el problema en una auditoría de la Oficina del Inspector General, difundida en enero. En ella se hablaba de formación inadecuada, escasa supervisión del proyecto y gestión financiera deficiente como algunas de las razones del fracaso.

Gordon Heddel, inspector general del Departamento de Defensa, fue interrogado por un subcomité del Senado de EEUU en abril, y admitió abiertamente que "todo lo que podría haber ido mal aquí, ha ido mal".