Las 400 misteriosas cajas que pueden llevar a la cárcel a Cristina Kirchner

  • Las fuerzas de seguridad argentinas protegen, mediante máximas medidas de seguridad, el contenido de estos objetos.

    Los mismos guardan delicada documentación sobre dos denuncias judiciales que complican a la exmandataria: la causa Hotesur (por presunta corrupción en sus hoteles de la Patagonia) y la denominada 'ruta del dinero K'.

Cristina Kirchner.
Cristina Kirchner.
Diego Caldentey

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner tiene varios frentes abiertos con la Justicia. Después de abandonar la Casa Rosada en diciembre pasado, quien fue una de las mujeres más poderosas de Latinoamérica durante los últimos doce años, se recluyó en su feudo del sur argentino. Más concretamente en Río Gallegos y Calafate, donde pasó largos años junto al fallecido Néstor Kirchner antes de saltar a la primera escena de la política de su país.

Ahora, después de denuncias y acusaciones de relevancia que pesan sobre su figura y sobre sus antiguos colaboradores (como la causa de lavado de dinero conocida como 'Ruta de dinero K') su destino podría quedar sentenciado por el contenido de 400 misteriosas cajas que están en poder de la Prefectura Naval argentina, una de las principales fuerzas de seguridad del país sudamericano.

Según confirma el diario La Nación, estos objetos contendrían documentación muy delicada, que podrían llevar a Kirchner a la cárcel. "Los documentos están encerrados en 400 cajas azules y marrones apiladas en el puerto de Buenos Aires. La puerta está sellada con una faja que dice 'Clausurado' y cerrada con llave. La llave se guarda en un sobre lacrado y firmado en una caja fuerte donde queda un registro escrito de quien toma la llave para acceder a esas pruebas y de su devolución", informa el diario argentino.

Una de las principales causas que complican a Fernández de Kirchner es la demominada coloquialmente por los medios de comunicación argentinos como 'Hotesur', en referencia a la sociedad de hoteles y negocios turísticos que la familia Kirchner emprendió en la Patagonia argentina. Este es uno de los casos más sensibles que afecta a la expresidenta, ya que la Justicia investiga también a sus hijos Máximo y Florencia por supuesto lavado de dinero.

Gran parte de la documentación que albergan las cajas en poder de la Prefectura Naval tienen que ver con la causa Hotesur. La semana pasada, personal judicial se dedicó durante extensas jornadas a escanear parte de los documentos. "De cada caja se ha realizado un registro de lo que contiene, con un número de foja, con el objetivo de que nada desaparezca", sostiene el medio argentino.

En la causa Hotesur aparece el nombre de Lázaro Báez, el principal socio empresarial de Néstor y Cristina Kirchner, que además es uno de los principales acusados en el caso de 'Ruta de lavado de dinero K'.

Esa investigación judicial se centra en una supuesta trama delictiva, con el desvío de fondos públicos que se podrían haber usado para cometer ilícitos financieros por parte del matrimonio Kirchner durante sus años de gestión.

La Justicia investiga si, después de la muerte de Néstor Kirchner, salieron de Argentina unos 55 millones de euros de manera ilegal mediante una red de estrechos colaboradores de los Kirchner. Dos acusados de participar en este hecho, Leonardo Fariña y Federico Elaskar, declararon que recibían el dinero en maletas traídas en los aviones del propio Báez, y los llevaban a Uruguay para depositarlos, finalmente, en Suiza, con desvíos previos y estratégicos a paraísos fiscales como Panamá.

En la causa Hotesur, por su parte, lo que la Justicia intenta dilucidar es si empresas de Lázaro Báez alquilaron decenas de habitaciones por mes en los hoteles de los Kirchner, supuestamente sin utilizar esas reservas, y les transfirieron por esas habitaciones más de 15 millones de pesos (casi un millón de euros)

Respecto de esta denuncia, existen dos hipótesis. La primera es que esta maniobra habría tenido como finalidad blanquear dinero. La restante es que ese dinero pudo ser utilizado para el pago de sobornos por la obra pública con la que el kirchnerismo benefició a Báez durante sus gobiernos.

El empresario imputado lucró durante años con sucesivas licitaciones de obras públicas en el sur argentino, gracias a un conglomerado de empresas que hoy están en la mira de la Justicia.

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