Ong exigen al gobierno que investigue si armas españolas han matado civiles en yemen

Las ONG Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón pidieron este miércoles al Gobierno que investigue si se han usado armas españolas para matar a civiles recientemente en Yemen, en el contexto de enfrentamientos entre una coalición internacional liderada por Arabia Saudí y los rebeldes hutíes.
Estas cuatro organizaciones señalaron que los datos sobre autorizaciones y exportaciones de armas publicados en marzo de este año por el Gobierno español “no permiten saber” si la coalición de países encabezada por Arabia Saudí ha utilizado las municiones, bombas, torpedos y misiles o aviones españoles exportados tanto en 2014 como en años anteriores en los ataques aéreos en Yemen desde este mes de marzo.
Ésta es una de las principales conclusiones del informe ‘¿Secretos que matan?’, hecho público hoy por las cuatro organizaciones respecto a las estadísticas del Gobierno sobre la venta de material de defensa realizada por España durante el primer semestre de 2014.
El informe destaca que todas las partes del conflicto han cometido graves abusos y violaciones de derechos humanos. “Hemos documentado diversos casos de ataques en cinco zonas densamente pobladas en Yemen, a consecuencia de los que han muerto al menos 139 personas, de las que al menos 97 eran civiles y 33 de ellas, menores, y 460 resultaron heridas, incluidas 157 civiles”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Beltrán denunció que “varios de esos bombardeos destruyeron o dañaron infraestructura civil y parecen haber sido ataques indiscriminados, que violan el derecho internacional humanitario”.
Por su parte, Jordi Armadans, director de FundiPau, indicó que el Gobierno de Mariano Rajoy “debe investigar” si la coalición árabe ha utilizado material español en los bombardeos y “suspender las transferencias de armas a todas las partes del conflicto de Yemen que puedan utilizarse para cometer atrocidades”.
“Yemen se enfrenta a una grave crisis humanitaria”, afirmó José María Vera, director de Oxfam Intermón, quien añadió que “hay más de 150.000 personas desplazadas internas y una grave escasez de combustible, medicamentos y alimentos básicos”. “La situación humanitaria antes del estallido de violencia era ya crítica con el 60% de la población dependiendo de la ayuda y con la importación del 90% de los alimentos. Esta crisis no hace sino recrudecer aún más la situación límite en la que vive la población”, recalcó.
Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, indicó que “es hora de que el Gobierno deje de considerar secretas las actas de la Junta Interministerial responsable de las exportaciones de armas y revoque esa decisión adoptada en 1987”.
Naciones Unidas apunta que desde el comienzo de los ataques aéreos de Arabia Saudí, el pasado 25 de marzo, han muerto más de 550 civiles, entre ellos más de un centenar de niños.
De acuerdo con el derecho internacional humanitario, aplicable al conflicto armado en Yemen, los civiles y la infraestructura civil nunca pueden ser objeto de ataques deliberados y debe respetarse la prohibición de ataques que no diferencien entre civiles y combatientes o que causen un daño civil desproporcionado.
ÚLTIMOS DATOS
En el primer semestre de 2014, el Gobierno español autorizó exportaciones de armas por un valor de más de 1.445 millones de euros y exportó armas españolas por más de 1.447 millones de euros.
Las cuatro ONG valoran el informe detallado del Ejecutivo remitido al Congreso de los Diputados, que incluye información sobre algunas de las operaciones y describe el tipo de producto exportado o autorizado, en el que destaca la aplicación del enfoque preventivo del Gobierno en algunos casos, como las denegaciones de cuatro aviones de transporte militar a Sudán del Sur, botes de gas lacrimógeno para la policía de Egipto y cartuchos de caza a Guinea Bissau, la suspensión de licencias de material antidisturbios y cartuchos de caza a Venezuela, además de la suspensión temporal de licencias de armas de caza y tiro deportivo a Ucrania.
Sin embargo, más de siete años después de la aprobación de la Ley 53/2007, que regula el comercio de armas, las ONG reclamaron al Gobierno y a los partidos políticos que adopten medidas para avanzar en transparencia y control parlamentario y garantizar que no se autoricen transferencias de armas españolas que puedan contribuir a facilitar o cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.