Revisar indultos a guerrilla M-19: ¿piedra en el camino para paz en Colombia?

  • La revisión en Colombia de los indultos a guerrilleros del extinto M-19, que alcanzan a influyentes políticos actuales, puede ser una piedra en el camino para un país que busca acabar con más de medio siglo de conflicto armado.

El anuncio de la Fiscalía el lunes abrió un signo de interrogación sobre el futuro de las actuales negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), principal guerrilla del país, que avanzan con el compromiso de sellar la paz definitiva el próximo marzo.

El examen de "los alcances de cosa juzgada" de los beneficios dados al Movimiento 19 de Abril (M-19, nacionalista), que dejó las armas en 1990, para determinar si aplican para crímenes de guerra, es una "pirueta jurídica y política cuestionable", dijo a la AFP el abogado penalista Fabio Humar.

Para el experto, reabrir el debate sobre el proceso del M-19, considerado uno de los más exitosos de Colombia, implica reconocer que la ley que hizo posible la implementación de los indultos está errada, lo que tendría efectos directos en el proceso con las FARC, con unos 7.000 miembros.

En La Habana, sede desde noviembre de 2012 de los diálogos con esa guerrilla, las partes debaten actualmente el punto sobre víctimas, que incluye los términos de la justicia para los combatientes. Ya el año pasado se llegó a un acuerdo parcial sobre la participación política de los exguerrilleros.

"Nadie va a poder hacer un acuerdo de paz con la certeza de que la solución jurídica quede blindada porque siempre es posible que aparezcan nuevas interpretaciones, 25 años después", sentenció este martes el senador Antonio Navarro, exguerrillero del M-19, quien recordó que ese debate ha surgido recurrentemente en los últimos años.

"Hicimos un acuerdo con el Estado colombiano en 1990 y hemos cumplido nuestra parte", insistió en Caracol Radio Navarro, quien ha sido constituyente, alcalde y gobernador departamental.

El gobierno de Juan Manuel Santos también se pronunció.

"Esas decisiones tienen vigencia y legalidad y no consideramos que puedan ser sujetas a una revisión", dijo este martes a periodistas el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Abrir la caja de Pandora en este tema también puede afectar la eventual apertura de una mesa formal de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), segundo grupo rebelde activo con unos 1.500 combatientes.

El abogado penalista Alejandro Gómez explicó que levantar indultos a exmiembros del M-19 implica determinar cómo "el derecho internacional, donde los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son considerados imprescriptibles, puede presionar el derecho nacional".

Es "un debate largo", apuntó.

Entre los exintegrantes del M-19, podrían ser investigados el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y Everth Bustamante, senador del derechista Centro Democrático.

Según el fiscal Eduardo Montealegre, "la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado inválidos todas las amnistías e indultos proferidos durante dos décadas en América Latina: las amnistías chilenas, las peruanas, las argentinas y otras, cuando han sido incondicionales, cuando han sido por crímenes internacionales".

Para evitar eso, el gobierno colombiano anunció un histórico acuerdo con las FARC en septiembre, en el que los bandos acordaron amnistía para delitos políticos, pero privación de la libertad para aquellos de lesa humanidad. Ese tema, sin embargo, sigue en discusión en la isla.

El anuncio del fiscal también siembra dudas sobre otros procesos de paz como el del Ejército Popular de Liberación (EPL), o la guerrilla indígena Movimiento Armado Quintín Lame, cerrados en 1991.

"Como mínimo diría poco oportuno", dijo este martes a José Mujica, el exguerrillero que fue presidente de Uruguay, al ser consultado en Blu Radio sobre el anuncio del fiscal.

Montealegre habló al conmemorarse los 30 años de la toma del Palacio de Justicia por el M-19, y su posterior retoma por las fuerzas militares, donde murieron un centenar de personas y 10 siguen desaparecidas.

Ese caso aún genera polémica porque, mientras hay militares detenidos y otros están bajo investigación por los excesos de fuerza del Estado y la desaparición forzada de personas, exmiembros del M-19 gozan de inmunidad.

Sin embargo, los rebeldes que participaron en aquellos fatídicos hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 murieron entonces.

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