Jueves, 24.05.2018 - 11:55 h
El Bejorro
Profesor de la Universidad de Alcalá

La reforma de las pensiones vuelve a la agenda política

En los bares populares de Madrid se oye estos días hablar más de pensiones que de Cataluña. Y es que el año 2018 ha empezado con renovados bríos por parte de la oposición, en particular con una interesante propuesta del PSOE bajo el concepto “Diez acuerdos de país para afrontar los retos que tenemos”. Se trata de una agenda de temas que va desde las pensiones hasta un nuevo Pacto Constitucional. Es buena noticia en la medida en que la fórmula “acuerdos de país” parece referirse a pactos para construir una España mejor.

No se ha precisado con quién desea el PSOE llegar a esos acuerdos. Por el momento, no parece que el Gobierno se dé por aludido, siendo el Partido Popular el único con el que un acuerdo es viable en la práctica. Esta misma semana, la ministra de Empleo y Seguridad Social ha anunciado que propondrá computar toda la vida laboral a la hora de calcular la pensión. Es una propuesta puntual, que iría en la dirección correcta si no tuviera carácter voluntario. Si cada jubilado puede elegir el número de años de referencia para calcular su pensión, el gasto tenderá a aumentar todavía más, salvo que se contenga por otras vías. Pero a la espera de mayor concreción, veamos con algún detalle las luces y las sombras de lo que propone el PSOE.

En el lado positivo está la propuesta en sí porque revela una voluntad de pactar. Aunque de paso se acuse al PP de poner en peligro las pensiones y se busquen réditos electorales entre la población jubilada, el hecho de insertar el tema en la agenda política es ya un éxito. El segundo elemento favorable es que se propone acabar con el abuso en que ha incurrido el Gobierno del PP con las bonificaciones, tarifas planas y otras medidas similares, cuando se sabe que son ineficaces para la creación de empleo y erosionan ingresos muy necesarios para el sistema.

El aspecto que más ha llamado la atención es que una parte de las pensiones habrá de financiarse con impuestos. El propio Gobierno ya avanzó en el Presupuesto para 2016 que contemplaba la posibilidad de ampliar la financiación impositiva de las prestaciones no contributivas. Es un acierto afrontar esa realidad. El instrumento concreto sería un impuesto a la banca y otro a las transacciones financieras. Quizá no sea la mejor opción entre las posibles, pero ha resultado útil en la medida en que ha servido para dar mayor eco a la iniciativa.

En el lado de las sombras, cuando uno lee la propuesta del PSOE le asaltan dos dudas. La primera es que se pretende revalorizar todas las pensiones con la inflación, una promesa que parece ignorar la brecha generacional que la crisis ha puesto de manifiesto en nuestra sociedad. Para no agrandarla, quizá hubiera sido más prudente sugerir que cada año se revaloricen priorizando las más bajas. La segunda duda es que el PSOE se opone a la aplicación del ‘factor de sostenibilidad’. Este factor corrige el cálculo de la pensión inicial en función de la esperanza de vida a los 67 años. Afortunadamente, la esperanza de vida crece, por eso hay un punto de justicia intergeneracional en una reducción de la pensión que se cobrará durante más años. Esa medida hace sostenible el sistema público a largo plazo, de modo que oponerse a ella requiere alternativas.

Es tanto más sorprendente la crítica al ‘factor de sostenibilidad’ por cuanto fue introducido en la Ley de Seguridad Social en 2011 por el Gobierno Zapatero, tras consensuarlo con los agentes sociales. Ciertamente entonces se preveía su aplicación en 2027, mientras que el Gobierno Rajoy, al concretar el modo de cálculo, adelantó su entrada a vigor a 2019. Esto es, dentro de un año, las pensiones nuevas se verán reducidas por el facto que recoge la esperanza de vida a los 67 años.
Una propuesta constructiva del PSOE sobre este punto podría ser su aplicación paulatina, o lo más suave posible, pero cuesta entender que un partido que aspira a gobernar España se oponga a que nuestro sistema de pensiones públicas se adapte a la evolucion de la esperanza de vida. Lo cierto es que la prensa apenas ha hablado de ello, de modo que si se iniciara una negociación con el Gobierno y los demás partidos, cabría modular esta posición.

Como se sabe, se ha agotado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, por lo que su déficit anual se financia con deuda pública, cuyo nivel se sitúa ahora en límites máximos. Por ello, el riesgo más inmediato para las pensiones en España sería una nueva crisis financiera internacional que dificultara nuestro acceso a los mercados. Esperemos que mientras dure la bonanza económica, se aborden las medidas necesarias entre los dos grandes partidos, o entre todos aquellos que quieran sumarse a una nueva reforma responsable de este pilar esencial del Estado de Bienestar. El PSOE ha dado en este sentido un valioso primer paso.

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