En febrero de 1976, la prensa de Estados Unidos reveló a la opinión los primeros sobornos detectados en la venta de aviones de la compañía Lockheed. Varios años antes, en los decenios comprendidos entre 1950 y 1970, prominentes miembros del Gotham mundial fueron “tocados” para que “recomendaran” a sus gobiernos la compra de aviones de la compañía. Los “influencers” trabajaron a destajo en Italia, los Países Bajos, la República Federal….
A comienzos de 1976, un subcomité del Senado de Estados Unidos concluyó que la dirección de Lockheed había “invertido” 22 millones de dólares -sin el Impuesto del Tráfico de Empresas- a notables -la “crème” de la “créme” de países extranjeros para garantizar la venta de 900 cazas. Entre los caras de porcelana figuraba el príncipe neerlandés Beer Lipe-Biesterfeld, alías Bernardo. El príncipe metió en su billetera más de un millón de dólares. Mientras reinó la ley del silencio, Bernardo fue muy popular por sus acciones de gran calado benéfico y social. Era idolatrado en el fondo norte del estadio del Ajax, lo mismo que entre los “hooligans” del Feyernoord.
Bernardo Lippe-Biesterfeld, que había disparado su cañoncito de juguete en el Palacio de la Haya contra los “stukas” alemanes en mayo de 1940 había pegado un buen braguetazo. Había matrimoniado con la reina Juliana, la inventora de la sopa sin calorías que lleva su nombre.
El primer ministro, Yoon de Uyl, ordenó una investigación de la que “pasó” el príncipe consorte (“yo estoy por encima de estas cosas”). El acta final de la comisión de investigación creó una conmoción en las instituciones de los Países Bajos, pero el consorte salió casi indemne. Ni siquiera fue procesado, aunque fue despojado de sus cargos públicos y se le prohibió al viejo galán de sienes plateadas volver a vestir sus uniformes militares. Obviamente, el prestigio de la reina quedó salpicado por el escándalo “Lockheed” pero nunca pudo demostrarse su participación en la trama corrupta organizada por su marido.
Juliana abdicó varios años después, con graves trastornos mentales. A Bernardo, a pesar de que no era un recién llegado a la élite de los negocios, no habría “triunfado” (“he aceptado que la palabra Lockheed quedara grabada en mi lápida”) sin el poder de su esposa, aunque Juliana en este caso quedara reducida al papel de comparsa.
Me divierten mucho los cónyuges que salen del cine exclamando al unísono “¡nos ha encantado la película! o “¡menudo bodrio!”. La parejita es inseparable de ánimo, mente y voluntad. Como los guerreros tebanos Pelópidas y Epaminondas, en la que la espalda de uno era el pechazo peludo del otro. No pasa lo mismo con la presunción de inocencia, que no es una sociedad comanditaria. Es un derecho estrictamente individual que no admite una responsabilidad colectiva ab initio.
Alberto González, pareja de Isabel Ayuso, está siendo investigado por la comisión de dos delitos fiscales y otro de falsedad documental. Salvo si se demostrara su participación delictiva, la presidenta madrileña no sería contaminada por la actividad de González, excepto en el caso de que se declarara su responsabilidad a título lucrativo. En asuntos como el comentado, rara vez se presta importancia a su dimensión política. Solo valen para alimentar la propaganda partidista. Aunque esté mal decirlo, las riñas de políticos y tertulianos sobre las corrupciones conyugales son peleas de niños groseros.
Isabel ha actuado como abogado defensor de Alberto, sacando a la luz pública secretos de alcoba: es la Hacienda Pública la que está en deuda con su novio, que luce un sombrero panamá de una blancura impoluta, y no al revés. Cuando no se tiene la obligación de decir, lo mejor es callar. Ayuso, a pesar de su casticismo ramplón, sus constantes provocaciones y salidas de tono, no diferencia su ámbito privado de su persona en el foro público.
Tiene una debilidad política alarmante que la inhabilita para seguir al frente del cargo que ocupa (y del siguiente). No es peor que sus rivales, pero demuestra que todos los partidos, incluido el suyo, son partidos de la porra.
La pobreza moral e intelectual de los políticos españoles trae causa de una demanda tabernaria, con el respeto debido a los taberneros. Es el resultado de una sociedad civil raquítica. Es el Estado partido y medio de comunicación.
