Gobierne quien gobierne, malo para el empleo salvo pacto nacional

Poco más de media hora ha durado en primer contacto entre Rajoy y Pedro Sánchez, tras las especulaciones de poder llegar a un acuerdo de Gobierno entre tres de las cuatro primeras fuerzas políticas tras el 20D: PP, PSOE y Ciudadanos. Las que comparten una idea más común sobre el actual modelo de Estado y de democracia surgido de la Transición.

El hasta ahora líder de la oposición parece que ha dejado claro que no apoyará un Gobierno que incluya al actual presidente del Ejecutivo. Al menos eso es lo que afirma a día de hoy. Habrá que esperar acontecimientos. Pero, más allá de ideologías o simpatías políticas, malo para el país, malo para la economía y malo por tanto para el empleo.

El panorama que han dejado los comicios del pasado domingo dibuja un Congreso más diverso, pero mucho más ingobernable, inestable e incierto. Algo que, si no es bien entendido y aprovechado, va siempre en contra de las decisiones de inversión de las empresas que, al final y al cabo son las que crean empleo y generan riqueza en una sociedad. Y ahuyenta la llegada de capital extranjero al país.

A estas horas es difícil vislumbrar la futura composición del Ejecutivo que tiene que formarse tras el proceso electoral. Si se trata de un Gobierno en minoría muy minoritaria, mal asunto para desarrollar políticas y reformas de calado que contribuyan a erradicar el altísimo aún nivel de desempleo, que se viene mostrando como un mal endémico en la Historia reciente de este país.

Si se trata de un Gabinete apoyado en una complicada amalgama de fuerzas de izquierda, nacionalistas, populistas e independentistas, el cóctel puede resultar también nocivo para la estabilidad del futuro Gobierno, por no hablar de la combinación de ocurrencias políticas que en materia de política laboral podrían llegar a ponerse en marcha. Podrían ir, según una amplísima mayoría de expertos, justo en la dirección contraria a la que necesita un país europeo moderno para apuntalar la senda del crecimiento económico, de la confianza empresarial y de la generación de puestos de trabajo.

Unas elecciones en la próxima primavera tampoco serían buenas, paralizarían al país y mantendrían la incertidumbre durante casi medio año más, en un momento en el que hay desafíos importantes como la postura de los independentistas catalanes o la necesidad de afianzar la recuperación económica y traslación al mercado laboral y a la microeconomía a través de la reducción del paro y la generación de más y mejores empleos.

A simple vista el panorama puede parecer ingestionable. Pero bien mirado, puede suponer una enorme oportunidad, como siempre tras una crisis del calado de la que vivimos, si sabe aprovechar bien.

La fragmentación política impide mayorías que hagan de su capa un sayo y obliga a la moderación de posturas para acercarse a los antes adversarios. Las posiciones extremas se modulan, entran en juego los contrapesos y la balanza se equilibra. Las reformas de amplio consenso tienden a ser más sólidas y duraderas porque son admitidas desde el principio por la mayoría. Como sucedió con la reforma laboral pactada en el año 1996 entre sindicatos y empresarios, con el refrendo del Gobierno de entonces.

El nivel de desempleo que presenta nuestro país es históricamente muy superior al de los países de su entorno, incluso en las épocas de bonanza económica, lo que señala que nuestro sistema de relaciones laborales tiene algunos males que se prolongan desde hace tiempo sin que casi nadie le haya puesto el cascabel al gato de una vez para siempre.

Pero es que reformas de tanta profundidad, que suponen muchas veces un cambio de cultura del trabajo, solo son viables cuando se pactan entre todos, lejos de la contienda política y electoral. He aquí la ocasión, ante nosotros.

El único escenario constructivo sería, primero, el de un gran pacto nacional para posibilitar la gobernabilidad del país durante los próximos años, en un momento tan delicado como el actual desde un punto de vista tanto político, como económico y social (la calle está indignada por la crisis y la corrupción).

Pero, ¿cómo puede gobernar el PSOE en materia laboral en un Ejecutivo con el PP y Ciudadanos cuando ha prometido la derogación de la reforma laboral de los primeros y ha criticado el contrato único propuesto por los segundos?

No están difícil. Se hizo en España en el año 96 y se ha conseguido en países como Holanda, Alemania, Austria y Noruega, con resultados. Sus niveles de desempleo, aunque deteriorados por la crisis, siguen siendo mejores que los que tuvo nuestro país en su mejor momento, cuando en 2007 se superaban los 20 millones de ocupados en la EPA. Todos ellos introdujeron grandes cambios y reformas en sus mercados laborales, de forma consensuada.

Si los sindicatos y muchos trabajadores consideran que la última reforma laboral de Rajoy en 2011 cargó la mano demasiado a favor del lado de las empresas, con casos paradigmáticos como el que se ha vivido por ejemplo en una compañía como Coca-Cola, un gabinete de tres fuerzas, con la derecha, la izquierda y el centro, podría modular el sistema de relaciones laborales en un momento en el que ya se ha superado lo peor de la crisis destructora de empleo.

Si Ciudadanos defiende un sistema de contrato único para acabar con la dualidad del mercado laboral entre los derechos de los trabajadores indefinidos y los de los temporales, y para poner final a la eventualidad en el empleo. Y si muchos expertos hablan de que el quid de la cuestión no es tanto un contrato único sino dónde se sitúa el coste del despido, un pacto tripartito podría llegar a una fórmula mixta, como ya han señalado algunos como Íñigo Sagardoy, en el que se llegue a un modelo de indemnización única por despido, más allá de si hay uno, dos, tres o cuatro tipos de contratos de trabajo.

Ésta última es sólo una idea, podría ser otra que resulte conveniente. Pero el caso es llegar a un camino común y acertado para corregir los males de nuestro mercado laboral.

En segundo lugar, ese escenario requeriría a continuación un gran pacto económico y social entre Gobierno, sindicatos y empresarios, con el empleo como prioridad. En el que todos hagan renuncias y todos ganen. En el que todos estén dispuestos a perder algo para lograr mucho más. En el que los empleadores ganen la flexibilidad que necesitan en el marco laboral para ser competitivos en los tiempos que corren pero a cambio ofrezcan a los trabajadores otro tipo de protección que va mucho más allá del simple coste de una indemnización por despido. En el que se pueda hacer más sostenible el futuro de las pensiones, otro de los grandes desafíos futuros del país.

Es el momento. Ahora o nunca. Hace falta altura de miras. Políticos, y también unos decaídos sindicatos y patronales, se juegan recuperar la confianza de la sociedad o divorciarse de ella quizá para siempre. Y, lo más importante, se juegan el presente y futuro del país, de sus empresas y representados, y la sociedad y bienestar que le todos le dejaremos a nuestros hijos.