Jueves, 12.12.2019 - 21:16 h
Patrono de la Fundación Renovables y responsable del Programa de Cambio Climático en Greenpeace España

Qué deben hacer España y Europa ante la cumbre del clima

El inesperado traslado de la COP25 a Madrid ha generado toda una ola de expectación en nuestro país, lo que sin duda es una buena noticia porque ayudará a que el cambio climático y las políticas para hacerle frente se sitúen en lo alto de la agenda pública, política y mediática, que es donde tienen que estar. La oportunidad para España no debe hacer olvidar que esa misma atención sigue siendo necesaria en Chile, donde las organizaciones civiles han trabajado durante todo el año para exigir un mayor compromiso de su Gobierno, esfuerzo que no debe quedar sepultado por la adversa situación política y social ni por la represión a que están siendo sometidos.

En términos formales de las negociaciones climáticas el traslado de ubicación de la conferencia no cambia nada, pues la presidencia sigue siendo chilena y, por tanto, corresponde a su Gobierno dirigir el proceso. Sin embargo, el cambio de sede no solo es un cambio de país, sino de continente, y traslada el foco a la Unión Europea (UE), que es un actor clave en todo el proceso, porque la UE, y España como país miembro que acoge la COP, tienen la responsabilidad de liderar el proceso que nos debe llevar a un éxito o fracaso del Acuerdo de París.

Recordemos que el Acuerdo de París es el único instrumento jurídico mundial del que disponemos para evitar un cambio climático de gravísimas consecuencias. Según dicho acuerdo, todos los países firmantes (que son prácticamente todos los del mundo, ni siquiera los EEUU de Trump han culminado su vergonzoso proceso de salida) se comprometen a evitar un calentamiento global de 2 ºC y a hacer todo lo posible para que no superen los 1,5 ºC. Sin embargo, los países no se lo han tomado muy en serio, pues si se cumplen los planes que hasta ahora han puesto sobre la mesa, nos dirigimos a un desastroso calentamiento de 3 grados o más.

Es evidente que hay que hacer mucho más de lo prometido y el propio Acuerdo de París establece el proceso: antes de la COP26, que será el año que viene en Glasgow, todos los países tienen que presentar sus planes revisados para que, entre todos, se logre el objetivo que los actuales planes no garantizan. 2020 es, por tanto, la fecha clave.

En ese proceso de revisión de planes llegamos a la COP25 en Madrid y los países europeos van a tener que demostrar su voluntad de liderazgo, porque los últimos días de la COP25, el 12 y 13 de diciembre, los jefes de Gobierno europeos se reunirán en Bruselas para acordar hasta dónde están dispuestos a llegar, y a qué velocidad, en la respuesta a la crisis climática. Se espera que acuerden que las emisiones netas de la UE desciendan a cero para 2050, como un elemento central del Green Deal, ese acuerdo verde que promueve la nueva Comisión Europea.

Ese objetivo ya es un hito, pero ante la emergencia climática que afrontamos, llega demasiado tarde. Para 2050 ninguno de los políticos que toman esa decisión estarán en activo. Falta saber qué vamos a hacer, cuánto vamos a reducir las emisiones, ahora, a corto plazo, para llegar a esa meta. Y eso no están dispuestos a discutirlo aún. Siguen faltando objetivos más ambiciosos que los actuales (una reducción de solo el 40% en 2030 respecto a 1990) para llegar a 2030 con una reducción de al menos un 65% de las emisiones y alcanzar el cero neto en 2040.

Estos números más ambiciosos son los que estarían en línea con la información científica actualmente disponible. Y son los que darían a los países reunidos en la COP25 en Madrid la señal clara de que Europa, el mayor bloque económico y comercial del mundo, está preparada para asumir su responsabilidad.

Es una cuestión de urgencia, no nos podemos permitir más retrasos. No podemos condenar a nuestros hijos y nietos a hacer lo que nosotros tendríamos que haber hecho con anterioridad. Si se quema tu casa, lo que hay que hacer es apagar el fuego, no avivar las llamas, que es lo que está haciendo nuestra clase política con el planeta. Y como muestra un botón: los gobiernos y la propia UE siguen financiando a las corporaciones del petróleo, del carbón y del gas, que se llevaron 55.000 millones de euros en subvenciones públicas entre 2014 y 2016. Mientras, las eléctricas que queman esos combustibles patrocinan “generosamente” la COP25.

Lo que haga Europa tiene un efecto directo en las vidas de millones de personas, en nuestro continente y en el mundo, y marca la pauta de lo que hagan otros grandes emisores como China e India, que están pendientes de si Europa se toma en serio la emergencia climática, para asumir objetivos más ambiciosos.

Y también lo que haga España importa. No basta con que sea el maestro de ceremonias y muestre que, al fin, ha decidido desbloquear el avance de las energías renovables cuando tantos países nos han adelantado. El próximo Gobierno tiene que ser coherente y asumir objetivos más ambiciosos que los que están en su plan actual (PNIEC), que solo reducirían las emisiones de nuestro país un 20% en 2030, dejando la mayor parte del trabajo para después. En una emergencia climática, todas las políticas tienen que responder a la urgencia de reducir al máximo las emisiones en todos los sectores: energía, transporte, edificación, agricultura, industria, economía, fiscalidad…

La COP25 es un marco excelente para que el Gobierno español anuncie una nueva ley de cambio climático y transición energética que comprometa a nuestro país a reducir sus emisiones un 55% en 2030 respecto a 1990, como primer paso hacia la descarbonización completa de la economía en 2040. Esperamos que los partidos que negocian la formación de Gobierno lo tengan muy en cuenta.

*José Luis García Ortega es patrono de la Fundación Renovables.

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