Malos tiempos para la justicia, la política y el periodismo

Los gallegos de 'Golpes bajos' cantaban aquello de 'Malos tiempos para la lírica'. Hoy se lleva más la bulería y el jaleo, pero los golpes bajos no cesan y los malos tiempos se extienden a la política, la justicia y el periodismo. Tenemos el país hecho unos zorros, lo mires por donde lo mires. Y no me refiero sólo a que no se pueda ya ni chupar la cabeza de las gambas porque es perjudicial para la salud, sino que las cabezas pensantes de la política de este país están más que chupadas, están raquíticas, escasas de ideas y de mucha vitamina.

Por si faltaba emoción a la negociación entre PSOE y ERC, y a la política nacional en general, la Justicia europea ha querido unirse al aquelarre aportando su toque de distinción y discrepancia. La que han liado los jueces de Luxemburgo con lo de Junqueras y Puigdemont. De momento a Sánchez se le complica su investidura, o al menos se le enfría hasta que pase el temporal.

La verdad es que la polémica sentencia del TJUE nos tiene a todos los españoles ojipláticos sin saber a quién encomendarnos. ¿Cómo es posible que unos políticos, por muy electos que sean, que se han saltado un sinfín de leyes y de prohibiciones constitucionales declarando unilateralmente la independencia, estén ahora favorecidos por unos tribunales europeos?

Lo primero que uno piensa es que ahí afuera nos tienen manía, o lo que es peor, nos consideran inferiores. Y que nuestros graves asuntos internos -la integridad territorial lo es sin duda, en España y en cualquier país europeo-, no les afectan especialmente ni les interesa que se resuelvan desde un punto de vista legal. Pero no, no nos confundamos. El fallo del TJUE no es una patada en nuestra posaderas jurídicas, más bien lo contrario.

Los tecnicismos de la sentencia lo único que hacen es sentar jurisprudencia sobre los derechos de unos diputados electos. Que traducido al caso español, significa que si la ley considera que un procesado por rebelión y un fugitivo de la Justicia son dignos de ser votados, luego no puede negárseles ser admitirlos como electos, ni exigirles otros requisitos más que haber sido votados. Si la Justicia española ha cometido algún error es haber permitido a Puigdemont y Junqueras participar en las elecciones habiendo cometido diversos delitos previos.

Lo segundo que uno piensa tras conocer la sentencia es que la Justicia española no da pie con bola cuando la supervisan en Europa. Y que nuestros magistrados tendrán que espabilar mucho si no quieren que sus sentencias se conviertan en el pito del sereno. Pero la realidad es bien distinta. El error del Tribunal Supremo de España es pasarse de garantista, ya que preguntó a las instancias superiores europeas cuestiones que el Parlamento y la Comisión Europea ya habían avalado en defensa de la posición española. Se pasó de fino el TS -quizá por el complejo del qué dirán- y el Tribunal de Luxemburgo se vio obligado a establecer los criterios y requisitos de los diputados electos.

No olvidemos que la sentencia del TJUE no obliga a la excarcelación de Junqueras, ni a repetir ningún juicio, ni permite a Puigdemont instalarse en España. El ruido mediático está trastocando lo que dice realmente la Justicia. Sin olvidar que para los independentistas la verdad es lo de menos y lo único que importa es la propaganda para la causa, y que aprovecharán la decisión de los jueces de Luxemburgo para concederse un buen aldabonazo. A pesar de todo, algo falla en el entramado legal europeo. O en su defecto, lo que falla es la conjunción jurídica, esa que debería establecerse en toda la Unión Europea bajo unos mismos criterios legales y de idoneidad.

Estos malos tiempos para la política y la justicia se hacen extensivos al periodismo. Una profesión que en muchos aspectos está desorientada y también cuestionada. La transformación que vive el sector de los medios de comunicación, que arrastra desde hace años una severa crisis, no sólo financiera sino profesional y existencial, provoca que la sociedad empiece a intuir una cierta locura mediática, que afecta a las formas y también al fondo. En muchas ocasiones la libertad de expresión y el derecho a estar bien informado desembocan en una gran ceremonia de la confusión.

Esta falta de ideas claras ha llevado a la mayoría de los medios audiovisuales, incluidos muchos digitales en internet y, por supuesto, a las redes sociales a practicar una persistente agresividad comunicativa, en la creencia de que eso es lo que vende y engancha, aunque las cifras digan lo contrario. Este estilo de informar, que roza en muchas ocasiones los vicios del sensacionalismo, “ha transformado -como advierte Montse Doval, profesora de Ciencias Sociales y de la Comunicación en la Universidad de Vigo-, el debate público, convirtiéndolo en una carrera por la afirmación más descarnada y la acusación más gruesa”.

Este comportamiento agresivo afecta tanto a periodistas como a políticos. Estos últimos se han subido al carro de las declaraciones altisonantes y de los insultos al rival para llamar la atención de los medios y lograr su cuota de protagonismo. Si bien esta manera de funcionar es criticable, es mucho más condenable la manera persistente de manipular que pretenden ejercer los políticos con los periodistas, a pesar de que estos cometan/cometamos errores en nuestras labores informativas.

El secretismo -por no decir oscurantismo- que practican estos días PSOE y ERC en sus turbulentas negociaciones ha llegado a los límites de la mentira: convocar a la prensa para que cubra una reunión a las 12 horas, y descubrir que el encuentro había comenzado dos horas antes, como ocurrió la semana pasada en Barcelona. Puestos a manipular y controlar, días después el PSOE impidió la entrada de los cámaras en las reuniones que ha mantenido con otros partidos, algunos de ellos 'tóxicos' como Bildu.

Pero como a los socialistas les interesaba que se conocieran estas reuniones, decidieron grabarlas ellos y distribuir los planos y el enfoque que consideraron más oportunos. Una manera de no respetar el trabajo de los profesionales y de torpedear el derecho a la información ofreciendo una visión sesgada e interesada de lo que ocurre.

El enfrentamiento entre Sánchez y los periodistas ha subido de tono en las últimas semanas. Hasta el extremo de que la Asociación de la Prensa le envió al secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, un comunicado en el que se recuerda al Ejecutivo que “el deber de los responsables políticos es someterse al escrutinio de la opinión pública a través de los medios de comunicación, en el marco del respeto a la libertad de expresión y a dicho derecho de información”.

Lo divertido es que el propio Oliver aprovechó un acto público donde se debatía 'El papel de la ética en el periodismo' para atacar a los periodistas y su manía de hacer preguntas, y defender a Moncloa: "¿Alguien puede imaginar esas intervenciones sin un límite, como una sucesión interminable de cuestiones?", se preguntaba Oliver. "Los periodistas son insaciables. ¿Todas las veces tienen que ser respondidas las preguntas? Políticamente, no”. Y añadía que deberían hacer “autocrítica” y replantearse “esa tendencia enfermiza” a hacer preguntas. La guinda la ponía Oliver con una frase que hace temblar los pilares de cualquier Ejecutivo democrático que tiene el deber y la obligación de informar para cumplir con el derecho que tiene toda sociedad a estar bien informada: “No debe haber un derecho a obtener respuestas”. Aquí deberían sonar unos violines con una marcha para difuntos.

Sin duda, son malos tiempos para un periodismo que sufre por parte de los políticos, principalmente del Gobierno socialista, la limitación de preguntas, o la eliminación de las mismas, como ocurrió cuando Sánchez compareció ante la prensa en el Congreso tras ser propuesto por el rey como candidato, y sólo quiso admitir ¡dos! preguntas. Él, que cuando estaba en la oposición se puso las botas criticando a Rajoy por el plasma o por hacerse el escurridizo. Todos cambian cuando llegan al poder, pero los cambios y contradicciones de Sánchez están batiendo todos los récords.