Miércoles, 18.09.2019 - 21:04 h
Socio de la Fundación Renovables

¿Qué tienen en común la directiva de renovables y los semiconductores?

El pasado 11 de diciembre se aprobó la nueva directiva 2018/2001 de renovables, se publicó el 21 de diciembre del 2018, y entró en vigor el 24 de diciembre del 2018. En cuanto al autoconsumo de energía renovable y comunidades de energía renovable, que están regulados en sus artículos 21 y 22, España tiene hasta el 21 de junio del 2021 para su transposición, según artículo 36 de esta directiva. Artículo 37 garantiza que hasta entonces seguirá vigente la actual directiva 2009/28 de renovables.

España ha vivido una pequeña primavera de las renovables durante los últimos meses, desde que Teresa Ribera tomo las riendas de la transición energética con su rebautizado Ministerio de Transición Ecológica. Ella apenas que encendía la luz en su Ministerio dio un giro fuerte al rumbo que llevaba España hasta entonces en las negociaciones sobre el contenido del paquete de invierno de la Unión Europea, 'Clean Energy for all Europeans'. Según el testimonio regulatorio que nos dejó, el anterior Ejecutivo no quería tanta energía limpia, ni para todos.

Como no podía ser de otra manera, toda la legislación que ha promovido esta ministra en su todavía corta trayectoria, ha sido impresionante. Hay que admitir que los anteriores ministros, por sus políticas reaccionarias en esta materia le habían ayudado en el sentido de que crearon la necesidad de una reforma prácticamente total, y todavía hay mucho por hacer para volver a poner nuestro país en el lugar que se merece en el mapa de la transición energética. Aun así, y con vistas a las elecciones del próximo 28 de abril, me permito felicitar a la ministra con lo logrado hasta ahora, y quiero compartir aquí mis apreciaciones sobre la durabilidad de estos logros.

Por supuesto, el hecho de que se celebran ahora elecciones no quiere decir que la ministra no pueda volver al Ministerio, pero es un hecho incierto. Aquí quiero analizar qué hay de certidumbre más allá de la incógnita de las elecciones. Para visualizarlo utilizaré el componente que tienen en común los paneles fotovoltaicos y las luces led, que son los diodos, o semiconductores.

Toda la legislación y regulación española aprobada entre el 24 de diciembre del 2018 y el 21 de junio del 2021 tiene que estar dirigida hacía el cumplimiento de la directiva 2018/2001. La transposición de una directiva se puede imaginar como un esquema temporal en pasos, o si queremos, como un circuito eléctrico, donde todos los electrones tienen que viajar de un punto a otro. En los circuitos eléctricos se utilizan semiconductores para evitar que los electrones vuelvan a viajar en dirección contraria pasando por el mismo punto. Jurídicamente las directivas europeas actúan de la misma manera sobre la legislación y regulación española como hace un semiconductor sobre circuitos eléctricos.

La limitación de esta metáfora está en que las leyes naturales nacen como explicación del humano de la observación del comportamiento de la naturaleza, y las aprobadas en una democracia nacen para obligar al ciudadano a comportarse de la manera cómo le parece correcto a la mayoría, y esto no siempre coincide con lo que ya se decidió en un nivel democrático superior, como puede ser el ordenamiento constitucional, o el europeo, dentro de lo que llamamos los abogados el ordenamiento ordinario. Si las leyes parlamentarias incumplen el derecho europeo, tienen que suministrar justicia los tribunales competentes, que en el ordenamiento ordinario son todos menos el constitucional.

En determinadas circunstancias también podrían denunciar los ciudadanos europeos legislación o regulación no compatible con el derecho europeo ante la Comisión Europea, o ante el Parlamento Europeo. La Comisión Europea podría entonces iniciar un procedimiento por incumplimiento, a iniciativa propia, o después de ser instigado por parte del Parlamento Europeo.

Vuelvo a la metáfora de los semiconductores: el Real Decreto – Ley 15/2018 ha aproximado la legislación española al marco legal de la Directiva 2018/2001, incluso antes de que ésta entrara en vigor. Por este motivo era imposible mencionar la Directiva 2018/2001 en el preámbulo del Real Decreto – Ley 15/2018, como tendría que haber sido si se tuviera que haber considerado una transposición de la misma. Así lo reza la Directiva 2018/2001 en su artículo 36, sobre la transposición ¿Significa entonces la falta de esta mención que un siguiente Gobierno podría revocarlo? Antes de responder a esta pregunta, os planteo otra situación: ahora el Gobierno en funciones aprueba el nuevo Real Decreto de autoconsumo, mencionando incluso que es la transposición de la Directiva 2018/2001 ¿Podría el Gobierno instaurado a raíz del resultado de las elecciones del 28 de abril, revocar o sustituir este Real Decreto de autoconsumo entonces?

A partir de la entrada en vigor de la Directiva 2018/2001, es decir desde el pasado 24 de diciembre, el Estado español ya no puede aprobar nada que sea contrario a la Directiva 2018/2001. Allí esta nuestro semiconductor, solo deja pasar legislación y regulación que tiende a cumplir con la Directiva 2018/2001, todo lo que va en dirección contraria es ilegal. Resulta que revocar el Real Decreto – Ley 15/2018 y el hipotético aprobado nuevo Real Decreto de autoconsumo sin más, estaría prohibido.

Estas disposiciones garantizan ya parcialmente el cumplimiento de la Directiva 2018/2001, y no podrán eliminarse sin más. No cambia nada si se ha mencionado o no que sean o no transposición de la Directiva 2018/2001. Para revocar el Real Decreto – Ley 15/2018 además el Ejecutivo necesitaría la colaboración de las Cortes Generales, que igualmente estarían infringiendo el derecho europeo. Si en vez de revocarlo, lo sustituyera por una legislación y regulación nueva, esta tendría que cumplir la Directiva 2018/2001, los ciudadanos y cualquier administración pública tendría que interpretar esta nueva regulación en conformidad con la Directiva 2018/2001. Esto significa que no deberían aplicar aquellas provisiones que podrían ser contrarias, y ampliar la interpretación de las demás provisiones para permitir el cumplimiento de todos los derechos concretos e individualizables que otorga la Directiva 2018/2001.

De todos modos pienso que las barbaridades que se han hecho en el pasado con el autoconsumo ya pertenecen de forma definitiva al pasado. La nueva normativa ha recibida una amplia aceptación en la sociedad, y no creo que un nuevo Ejecutivo, si no fuera el mismo que el actual, cosa que es también plausible, se metiera en la cabeza volver a la era del carbón.

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