El agua, el negocio que en realidad es un derecho

El principal problema de España con el agua es que no tiene. La poca que hay está mal gestionada y, además, se roba. A caño abierto. Greenpeace asegura que el número de pozos ilegales, cuya última estadística oficial data de 2006 (entonces había 510.000) podría superar el millón. Se escurre de cualquier control el equivalente al consumo de 58 millones de habitantes. La cifra puede ser más o menos cierta. Pero nadie puede discutirla porque no hay control. Eso es lo grave.

En España, el agua es, jurídicamente, un bien de dominio público y los municipios tienen reservada la titularidad de los servicios urbanos. Pero nada es tan sencillo. Hay 8.124 municipios y 2.000 unidades de gestión de agua. Además, el Estado, las Comunidades Autónomas y la Unión Europea tienen capacidades normativas que influyen en el servicio. Poca agua e hiperregulada. Hasta seis niveles administrativos trabajan a la vez, pero sin una autoridad administrativa independiente que vele por la armonización económica del sector, los estándares de servicio o el control de los servicios urbanos.

Está en juego –datos de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento- un negocio que factura 6.479 millones al año, un 0,65% del PIB español, dividido en un 60% para la actividad de abastecimiento, un 23% a la depuración de aguas residuales y un 13% al servicio de alcantarillado. Es un dinero importante. Un negocio en el que se ha introducido con éxito la iniciativa privada. En torno al 56% de la población recibe servicios relacionados con el agua de empresas privadas (32%) o mixtas.

El reparto del negocio

El reparto del negocio es polémico. Hay abusos y falta transparencia. Por eso el debate es enconado. El agua no es una mercancía. En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos. Pero que el agua no sea una mercancía no significa que tenga que ser gratuita, explica la catedrática de Filosofía Moral, Victoria Camps (Libro Blanco de la Economía del Agua). El planteamiento básico tiene que ser, asegura Camps, la colaboración entre lo público y lo privado, con un sector público que vele, en todo caso, por una redistribución correcta y justa del bien público.

La teoría está bien. Y los principios. Pero concretarlos no es tarea fácil. La tentación del exceso está siempre ahí. También con el agua. Hay ejemplos relativamente recientes. En 1999, el Gobierno boliviano, dirigido entonces por Hugo Banzer, presidente electo y exdictador, cedió el monopolio del agua a la multinacional Betchel, junto a otras empresas, entre la que estaba la española Abengoa. Actuaban bajo la marca Aguas del Tunari. Betchel llegó a cobrar el 50% de un salario boliviano por sus servicios de agua. Pero eso no fue lo peor. También quería cobrar un impuesto a la lluvia que caía sobre las casas. Calcularon cuántos metros tenían las viviendas y cuánta lluvia podía caer sobre el techado. Hubo protestas masivas y represión sangrienta. A los tres meses, el Gobierno rescindió el contrato.

Lo mejor, sostienen los responsables del Foro de la Economía del Agua, son modelos –ya sea públicos, privados o mixtos- que velen por el interés general y tengan en cuenta la realidad de cada ciudad. Pero convertir los deseos en realidad no es fácil. En el negocio del agua se ha extendido el modelo de asociación público-privada con empresas mixtas en las que los grandes operadores aceptan ser socios minoritarios, pero –siempre hay un pero- con una cláusula innegociable: su competencia exclusiva en la gestión. La falta de transparencia hace el resto y enciende el debate.

Hay una oportunidad. El Gobierno está negociando un Pacto Nacional del Agua con un dato sobre la mesa: el 80% del territorio corre riesgo de desertificación. Pero existe el riesgo de que se imponga, una vez más, la mirada del corto plazo. Y corto plazo en cuestión de agua en un país seco significa trasvases, en lugar de apostar por la reutilización de aguas residuales, la desalación y una supervisión sólida que evite el robo descarado.

Medidas de corto plazo

Adoptar sólo medidas de corto plazo en el país que registra siete de las 10 cuencas con más estrés hídrico de la UE supone arriesgar el futuro. No es una exageración. Hay ejemplos de lo que puede suceder si no se encara el problema desde el lado correcto , esto es desde el lado la demanda de agua en lugar del de la oferta. Basta analizar lo que sucede en Ciudad del Cabo.

En la segunda capital de Sudáfrica y uno de los principales destinos turísticos del continente africano, tampoco se imaginaban lo que podía suponer el cambio climático en su suministro de agua. Con más habitantes que Madrid y Barcelona juntas, la población y el número de turistas no paran de aumentar mientras sus reservas de agua se agotan. Los embalses que abastecen a la ciudad han pasado de tener una media de llenado del 93% en la última década, al 21% actual. Y bajando. La alarma se ha encendido.

En España, el problema está en que la mayor parte del turismo, el 70%, se concentra en el arco mediterráneo. Una mala respuesta al problema o, simplemente ignorarlo, podría afectar a una industria que supone el 11% del PIB y el 12% del empleo. Súmese la falta de inversión y el deterioro de las infraestructuras y se tendrán los planos de un gran problema. Claro como el agua.