La oposición entrará mañana en el primer Gobierno de unidad nacional de Zimbabue

Johannesburgo, 10 feb (EFE).- Morgan Tsvangirai, líder de la oposición de Zimbabue, será investido mañana como primer ministro y entrará en un Gobierno de unidad nacional, en el que el presidente, Robert Mugabe, tendrá que compartir el poder por primera vez desde su independencia del Reino Unido en 1980.

Junto a Tsvangirai, líder de la facción mayoritaria del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), jurará el cargo de viceprimer ministro Athur Mutambara, dirigente del sector minoritario de esa agrupación opositora, antes de que el viernes de esta semana se forme el gabinete.

Todavía no está claro como se repartirán definitivamente las 32 carteras del Gobierno de unidad nacional el MDC, de Tsvangirai, y la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), de Mugabe.

El MDC ha anunciado que hoy dará a conocer sus ministros en el Gabinete, entre los que estará el de Finanzas, un cargo que tendrá un trabajo esencial para el país, sumido en una crisis económica con escasez de alimentos y mercancías esenciales, un desempleo del 94 por ciento y una inflación astronómica.

El derrumbe económico zimbabuense se empezó a gestar hace una década, cuando Mugabe aprobó una reforma agraria caótica, con la confiscación de tierras a los granjeros blancos y su entrega a campesinos negros, muchos de ellos seguidores del régimen, sin conocimientos para cultivarlas.

Actualmente, la crisis económica ha llevado a situaciones como la impresión de un billete de quinientos billones (500.000.000.000.000) de dólares zimbabuenses, que prácticamente no se aceptan en el mercado, donde la moneda local ha sido sustituida por divisas extranjeras.

El mayor reto del Gobierno será dar de comer a la población, pues la crisis también ha llevado la hambruna al país, donde organismos de Naciones Unidas calculan que 7 de sus 12 millones de habitantes necesitarán este año ayuda alimentaria para sobrevivir.

La reconstrucción del desarticulado sistema sanitario será también otro reto esencial, dada la epidemia de cólera que sufre el país, que en los últimos meses ha afectado a unas 70.000 personas y causado alrededor de 3.400 muertos.

También la educación necesita atención urgente, ya que el mes de enero los estudiantes de Zimbabue debían haber iniciado un nuevo curso, pero la situación económica y la falta de pago a los profesores ha hecho que las clases permanezcan cerradas.

La crisis política que ha llevado a Mugabe a compartir el poder por primera vez en 29 años se inició el 29 de marzo pasado, cuando el MDC gano las elecciones legislativas y Tsvangirai obtuvo la mayoría de votos en las presidenciales, pero no llegó al 50 por ciento que le hubiese llevado directamente a la Jefatura del Estado.

Mugabe concurrió en solitario a la segunda vuelta el 27 de junio, después de que Tsvangirai se retirara a causa de la violencia e intimidación de militantes de la ZANU-PF contra sus seguidores, de los que un centenar fueron asesinados.

La comunidad internacional y varios países de África meridional no reconocieron la victoria de Mugabe y la Unión Europea, EEUU y otros países establecieron sanciones al régimen de Zimbabue, lo que creó una parálisis política.

El acuerdo para formar un Gobierno de unidad nacional se alcanzó el pasado 15 de septiembre con la mediación de la SADC, y señalaba que las carteras del gabinete se debían repartir equitativamente, pero posteriormente la ZANU-PF insistió en ocupar todos los ministerios relevantes y dejar los de segunda fila para el MDC.

Además, las fuerzas de seguridad secuestraron y torturaron a más de 40 militantes del MDC y activistas pro Derechos Humanos, muchos de los cuales aún siguen en prisión, lo que impidió la aplicación del acuerdo.

Hoy mismo, Amnistía Internacional (AI) ha exigido en un comunicado que "los Derechos Humanos estén en primer lugar del programa político" del nuevo Gobierno y pedido a Mugabe y Tsvangirai que "tomen medidas concretas" en este sentido.

AI pide que se tomen medidas para mejorar las condiciones de vida y aliviar el "sufrimiento" de la población y la "liberación inmediata e incondicional de los presos de conciencia", entre ellos Jestina Mukoko y otros defensores de los Derechos Humanos y opositores encarcelados por el régimen.