El Govern insta al Ejecutivo estatal a declarar Zepim el corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo

Así lo ha informado la portavoz del Ejecutivo balear, Pilar Costa, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.

Asimismo, se insta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a adoptar, y a aplicar de manera inmediata en esta área, medidas de reducción del ruido submarino y un régimen preventivo de protección, para lo cual se debe aprobar una moratoria de efecto inmediato sobre los permisos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos.

El problema de la contaminación acústica submarina se ha agravado enormemente en las últimas décadas poniendo en riesgo la supervivencia de las poblaciones de fauna marina, especialmente de cetáceos.

EFECTOS DE LOS SONDEOS ACÚSTICOS

Así lo pone de manifiesto el informe 'Overview of the Noise Hotspots' (Visión general de los puntos negros de bullicio submarino), que destaca que el aumento de los sondeos acústicos que se ha producido entre 2005 y 2015 es particularmente preocupante, sobre todo en las exploraciones para la busca de yacimientos de petróleo y gas en el subsuelo marino, en el que se utilizan cañones de aire comprimido de alta presión.

Estos cañones generan una explosión que emite olas acústicas de intensidad y frecuencia elevadas que provocan un nivel de ruido en el medio marino de 10.000 a 100.000 veces más alto que el de un motor de un avión de reacción. El nivel sonoro que generan dobla el umbral del dolor en el ser humano.

Los pulsos de aire comprimido producen daños fisiológicos irreversibles, e incluso la muerte, en los organismos marinos, muy particularmente en los cetáceos.

De acuerdo con el informe, en el 2005 un 3,8% de la superficie del Mediterráneo se vio afectada por el uso de sondeos acústicos con armas de aire comprimido, mientras que en 2013 este porcentaje había aumentado hasta el 27%.

En este grupo de actividades se encuentran los proyectos de exploración de hidrocarburos que varias empresas del sector petrolero (Spectrum Geo Ltd, Services Petroliers Schlumberger, S. A., Repsol y Cairn Energy, PLC) quieren llevar a cabo en la demarcación marina levantina-balear del Mediterráneo, a los cuales la sociedad y la Alianza Mar Blava se oponen frontalmente.

El corredor de cetáceos que se propone como Zepim abarca zonas de productividad primaria y es esencial para que el rorcual común (Balaenoptera physalus) pueda dirigirse en primavera al mar de Liguria, a alimentarse de krill, y después, en otoño, retornar por el mismo corredor para dispersarse por el sureste de España y el norte de África.

Por otra parte, hay estudios que indican la presencia de otros cetáceos en esta misma área que no se rigen por pautas migratorias definidas, como la ballena piloto de aleta larga (Globicephala melaena), el calderón gris (Grampus griseus), el cachalote (Physeter macrocephalus), el zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris), el delfín mular (Tursiops truncatus) y el delfín rayado (Stenella coeruleoalba), estos últimos, abundantes.

Así, todas las especies mencionadas figuran en el Convenio de Barcelona, que implica que tanto las partes firmantes como los países miembros de la Unión Europea tienen que establecer medidas estrictas para protegerlas y conservarlas, y más teniendo en cuenta las amenazas que representan los proyectos de prospecciones de hidrocarburos de las compañías Spectrum Geo Ltd en el mar balear y Services Petroliers Schlumberger en el golfo de León, que se superponen espacialmente con la parte norte del corredor, añadiendo un elemento de extrema gravedad al ya de por si negativo impacto ambiental de estos proyectos de sondeos acústicos.

La declaración y la gestión de esta Zepim corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ya que el ámbito marino que abarca no tiene ninguna continuidad ecológica con un espacio natural terrestre objeto de protección.

Por eso, tanto la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, como la Alianza Mar Blava, plataforma intersectorial de las Islas Baleares de más de 90 miembros, lo han solicitado en varias ocasiones al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

De hecho, el Ministerio ha anunciado el inicio de la tramitación de la declaración después de que la Comisión Europea haya dado apoyo explícito a la iniciativa. Mientras tanto, varias instituciones de las Illes Balears están aprobando declaraciones en este sentido.