El Gobierno aprueba un crédito de 35.000 millones para pagar a los proveedores

  • El Consejo de Ministros ha aprobado el modelo de financiación que permitirá a los ayuntamientos pagar las deudas con los proveedores. Además, el próximo martes llevará el mismo modelo a las comunidades autónomas.
Ruth Ugalde

El Consejo de Ministros ha aprobado el modelo de financiación que permitirá a los ayuntamientos pagar las deudas con los proveedores. Además, el próximo martes llevará la misma propuesta a las comunidades autónomas.

Este plan se estructura mediante un crédito por importe de 35.000 millones de euros, con un plazo de vida de diez años y un periodo de carencia de dos años.

Este importe alcanza tanto a los pagos pendientes de los consistorios como de las regiones y se encuentra en la parte baja de la horquilla, ya que los proveedores calculan que la cifra de las facturas sin cobrar oscila entre 30.000 y 50.000 millones.

No obstante, el importe definitivo se está cerrando, según ha reconocido el ministro de Economía, Luis de Guindos, aunque ha reconocido que estará en torno a los 35.000 millones.

Para poder ampliar a un década su plazo, en vez de haberlo dejado en los cinco que ofrece la banca, el Tesoro refinanciará hasta alcanzar esos diez años.

A cambio, los consistorios tendrán que pagar el mismo interés que el Tesoro más 115 puntos básicos, unos intereses que Guindos ha justificado porque se sitúan al nivel en el que se está financiando el Estado en los mercados, y que actualmente alcanza el 5%.

"Creo que es la operación financiera más importante que se ha realizado en España", ha señalado el ministro de Economía, quien ha destacado el impacto directo que tendrá en el crecimiento económico.

Estas emisiones contarán con el aval del Tesoro y el contra aval de los ingresos de los ayuntamientos.

Proceso para cobrar

Debido al calendario que ya aprobó el Gobierno en el Consejo de Ministros de la semana pasada, el cobro de estas facturas se dilatará, como mínimo, hasta mayo.

Antes, los consistorios deberán recopilar todas las deuda pendientes, labor que deben llevar a cabo antes del 15 de marzo, y presentar un plan de ajuste para el 30 de marzo.

Después, Hacienda estudiará toda la documentación durante los siguientes 30 días, con lo que hasta que no pase todo abril no se puede esperar ningún nuevo avance.

No obstante, las grandes compañías de servicios, como FCC, Ferrovial o ACS, estiman que todo este proceso se puede dilatar hasta verano, debido a los plazos que exigen este tipo de procesos administrativos.

"Lo que ahora abordamos es la financiación del pasado", ha señalado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "España está a punto de no necesitar de financiación exterior", ha añadido.

Mostrar comentarios