El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado este lunes que el Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves debe aprobar los planes económico financieros de los gobiernos autonómicos, y que "los plazos son para todos, y todos tienen que cumplir, y al que no cumpla se le aplicará la Ley de estabilidad, que para eso está vigente".
En declaraciones a la prensa tras una conferencia organizada por el Círculo de Economía en Barcelona, ha argumentado que la dilación en la formación del gobierno asturiano "no hace sino complicar enormemente el programa", y España no está para dilaciones.
"No hay comunidades autónomas pequeñas, ni ayuntamientos; u ordenamos competencias y financiación o todos vamos arrastrados por la misma corriente", ha remachado.
Privatizaciones conjuntas con Cataluña
Por otra parte, Cristóbal Montoro, ha admitido también hoy que "la privatización de determinados ámbitos de servicios públicos" es un aspecto del plan de ajuste que se está negociando con la Generalitat.
"Seguimos trabajando con la Generalitat en su plan para que quede completo y para que sea fiable, sea creíble y sea realista, también en lo que se refiere a políticas que a través de la privatización de determinados ámbitos de servicios públicos pueda completar la consecución del objetivo de déficit público", ha afirmado Montoro, que no ha precisado a qué ámbitos afectarían estas privatizaciones.
El Gobierno catalán se enfrenta al desafío de tener que reducir el déficit público del 3,72% del PIB de 2011 hasta el 1,5% a finales de este año, una rebaja que fuentes parlamentarias ponen en duda que sea posible cumplir en un solo año.
Más allá de las dudas acerca de la capacidad de Cataluña para rebajar su déficit público hasta ese nivel, el Govern admite oficialmente que debe ajustar más de 1.500 millones de euros este año, una cantidad que otras fuentes sitúan en torno a los 2.000 millones.
Para hacerse una idea de la dimensión del ajuste, cabe recordar que la segunda rebaja salarial a los funcionarios catalanes ayudó este año al Gobierno catalán a recortar sólo 625 millones de euros en los presupuestos de la Generalitat para 2012.
Por otra parte, persiste la duda sobre si la Generalitat sigue haciendo constar como ingreso en el plan de ajuste los 211 millones que el Estado debe a la Generalitat en cumplimiento de la liquidación de 2009 de la disposición adicional tercera del Estatut.
Las fuentes parlamentarias consultadas creen que la Generalitat ya ha renunciado a hacer constar esos 211 millones como ingresos, dado que, según la ley de estabilidad presupuestaria, la Generalitat está "obligada" a acordar con Hacienda dicho plan de ajuste si no quiere exponerse a las "medidas coercitivas" previstas en la ley.
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