Expropiación de YPF: Argentina actúa como España

Resulta interesante ver la actitud que está adoptando el gobierno español en defensa de una agresión realizada por otro país, Argentina, a una empresa española, Repsol, al decidir su nacionalización.

La medida parece injusta, rompe las reglas del juego de un estado de derecho y genera una inseguridad legal que a la larga será más perjudicial para el país que para la empresa afectada.  España es el primer país inversor en Argentina y esto tendrá consecuencias.

Parece evidente que los países son los primeros agentes que han de cumplir las reglas del juego, para que las inversiones internacionales puedan sentirse atraídas en invertir en su desarrollo, en un mercado cada vez más globalizado.

Las empresas no tendrían porqué verse afectadas por los vaivenes políticos y por decisiones cada vez menos pensadas que están provocando pérdidas millonarias y ralentizando la salida de la terrible crisis en la que estamos inmersos, muy especialmente en España.

Las empresas invierten para recibir sus retornos en unos plazos muy superiores a los plazos en los que se mueven los políticos (4-6 años) y, si no pueden tener la seguridad de que sus inversiones van a respetarse, y que el riesgo de sus inversiones se limita a un riesgo de mercado, dejaran de hacer esas inversiones y las tendrán acometidas en el futuro por el sector publico.

Pero España ha actuado de un modo muy similar al cambiar la regulación que afectaba al sector fotovoltaico, limitando de modo retroactivo su capacidad de generar ingresos y que ha provocado pérdidas millonarias a grandes empresas, pequeños ahorradores y eliminado miles de puestos de trabajo.

Esta medida, del todo fuera de la ley, esta impugnada en los tribunales españoles y en un arbitraje internacional en Londres, al haber firmado España en el año 1994 el Tratado de la Carta de la Energía, que precisamente tenía como fin dar seguridad a las empresas extranjeras en inversiones en el sector energético por tener estas unos plazos de retorno extraordinariamente largos.

Argentina nunca firmó dicho tratado y no es la primera vez que toma medidas similares (Aerolíneas Argentinas) por lo que las empresas que ahí invierten saben que eso les puede pasar.

Si España no ha protegido las inversiones realizadas en su territorio, ha llevado a la ruina a miles de empresas que confiaron en las normas que el gobierno puso, y ha destruido un sector en el que España era líder internacional. ¿Que legitimación tiene ahora para protestar ante otro país que ha hecho lo mismo?

En mi opinión, muy poca, no porque no tenga razón, sino porque él está actuado de modo similar no contra una empresa sino contra todo un sector.