Muchas veces, aunque alguien lleve la razón, está se pierde por las formas. Y eso ha ocurrido con la presidenta de argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
La mandataria latinoamericana ha justificado la expropiación de YPF en el hecho de que Repsol ha incumplido sus compromisos de inversión. Suponiendo que eso sea cierto, la inquilina de la Casa Rosada tiene derecho a expropiar la filial, por incumplimiento de contrato y en defensa de los intereses de su país.
El propio Antonio Brufau, presidente de la todavía Repsol YPF, ha reconocido la libertad que tienen los gobiernos para tomar decisiones de este tipo, pero no a cualquier precio.
"Todos los Estados tienen derecho a expropiar, pero también a indemnizar", ha señalado el presidente del Repsol, que cifra la indemnización que debe pagarle Argentina en 10.500 millones de dólares (8.050 millones de euros).
Y aquí está el quid de la cuestión, en que Argentina pague el precio justo. Si no lo hace, como todo apunta, habrá cometido un pecado todavía mayor que Repsol, al haber roto no sólo las reglas del juego, sino la seguridad jurídica básica para las inversiones y las relaciones internacionales.
El gran pecado de Argentina
El país andino está obligado a pagar un precio justo por el Tratado Internacional APPRI –Protección Recíproca de Inversiones- que tiene sellado con España y que garantiza que ninguno de los dos Estados nacionalizará intereses empresariales del otro.
Si por intereses estratégicos se ve obligado a hacerlo, debe ser de forma no discriminatoria y pagando el precio justo. Dos principios que Argentina se ha saltado.
Fernández de Kirchner sólo ha aplicado el nuevo proyecto de ley, bautizado como "Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina"a Repsol, cuando la compañía española es la empresa que más dinero ha invertido en el país suramericano.
Por tanto, para no caer en discriminaciones, debería adoptar acciones similares con otras compañías que operan en el país.
Además, según los estatutos de YPF, si se produce una adquisición superior al 15%, el adquiriente está obligado a lanzar una opa sobre la totalidad de las acciones de la compañía, algo que Kirchner tampoco está cumpliendo, al haber expropiado un 51% y haber dejado a Repsol con un 6%.
Al no respetar este compromiso, también está dañando a los pequeños accionistas de YPF, que poseen un 17% de la petrolera, y al Grupo Petersen, dueño de otro 25,5%.
Suma y sigue, porque esta opa, además, se debe abonar en efectivo por el mayor valor contable de cuatro criterios que están recogidos en los estatutos de YPF.
Según Repsol, de éstos, el más elevado se obtiene multiplicando el PER (número de veces que el beneficio está recogido en el precio de la acción deYPF) más elevado de los últimos dos años, por el resultado neto por acción de la filial argentina de los últimos doce meses.
Esta valoración confiere a cada título de YPF un precio de 45,5 dólares, y eleva hasta 18.300 millones de dólares (14.000 millones) la valoración total de la compañía, lo que supone que Argentina debería pagar a Repsol 10.500 millones por su 57,4%; otros 4.700 millones al Grupo Petersen, y 3.100 millones a los inversores en bolsa.
¿Aceptará Fernández de Kirchner pagar semejantes cantidades a todos los accionistas de YPF? Por el momento, parece claro que no. Lo que significa que, aunque sea cierto que Repsol YPF no haya cumplido alguna o varias de sus obligaciones, Argentina no tiene derecho a expropiar YPF de esta forma.
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