¿Será necesario un nuevo tijeretazo?

Seis preguntas. Como el seis es el número clave para la economía española en estos momentos. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió ante la Bruselas a que España terminaría el año con un déficit de todo el Estado equivalente al 6% del Producto Interior Bruto, es decir, algo más de 60.000 millones de euros. 

Por tanto, cualquier desviación por encima de esa cifra podría ser decisiva para que los inversores extranjeros le retiren la confianza a nuestro país y se emprenda el camino iniciado por Grecia, Irlanda y Portugal.

"No hay margen de error. En cuanto el objetivo se incumpla por un centímetro los mercados nos castigarán sin piedad", resume la gravedad del dígito Juan Carlos Martínez Lázaro, economista de IE Business School. 

"Cuanto mayor sea la desviación, mayor será la reacción de los mercados", rebaja ligeramente la tensión Marian Fernández, responsable de Estrategia de Inversis. Para ella, hay otros factores que pueden ayudar a que se acepten unas décimas de más en el montante definitivo. Por ejemplo, la buena marcha de la reforma de cajas.

Pero eso es adelantarse demasiado en el tiempo (hasta otoño no sabremos cómo quedará estructurado el sector) y en las preguntas. De momento, estamos en mayo de 2011, en la semana en que se cumple un año del primer tijeretazo que Zapatero aprobó para calmar las turbulencias que supuso el rescate griego. 

En total, había que ahorrar 15.000 millones de euros con recortes en los sueldos de los funcionarios, congelación de pensiones, eliminación del cheque-bebé... En eso estamos, si bien hasta que no acabe 2011 no se podrá hacer la cuenta definitiva de resultados, que pasa por obtener 6.800 millones gracias a la rebaja del salario en las administraciones o 1.500 mediante la congelación de las pensiones para el próximo ejercicio.

A mitad de partido, pues, los análisis son parciales. "Fue un punto de inflexión en la política española y por eso el balance es positivo, porque el Gobierno reaccionó", destaca Martínez Lázaro, quien recuerda que ese gesto carecería de valor si no fuera porque"el Gobierno está dispuesto a tomar medidas adicionales en cuanto sea necesario".

¿Más medidas? Sí. Eso parece. O eso sucederá en cuanto se complique la consecución obsesiva del 6% de déficit. La promesa viene escrita con todas sus palabras en el último Programa de Estabilidad aprobado por el Gobierno y enviado a la Unión Europea (el pasado 29 de abril), pero también estaba reflejada en el primer documento del tijeretazo de hace un año: habrá medidas adicionales en cuanto peligre el objetivo.

El crecimiento se estanca

Y el objetivo se tambalea. "Los problemas están viniendo por el lado del crecimiento y el crecimiento no se solucionará con medidas puntuales, sino con acciones estructurales", resume José Luis Álvarez, director del Departamento de Economía de la Universidad de Navarra.

El dichoso 6% es la suma de otros muchos números. Para conseguirlo, el país debe terminar el año con un avance del PIB del 1,3% y "todas las organizaciones privadas y de inversión piensan, en cambio, que no se pasará del 0,8%", advierte Natalia Aguirre, directora de Análisis de Renta 4. Eso supondría que se recaudaría menos y, finalmente, que habría menos ingresos para contrarrestar a los gastos. Más déficit, en fin.

Por ahora, una desviación de cinco décimas en el crecimiento supondría, según los expertos consultados, una merma en las arcas públicas de 2.000 euros. No es mucho, de acuerdo, pero "no se puede dar ninguna sensación de laxitud", recuerda Marian Fernández. O el coco de los mercados internacionales nos castigará.

"Será complicado que no haya que tomar más decisiones avanzado el año", pronostica José Luis Álvarez, que subraya la necesidad de afrontar medidas de calado para el medio plazo. El gran pero es que no existe medida de calado que no afecte al crecimiento.

En esta misma línea se expresa Estefanía Ponte, directora del Departamento de Economía de Cortal Consors, broker online de BNP Paribas: "La verdad es que las actuaciones no deberían ir dirigidas tanto a reducir el déficit como a la mejora de la economía en general, con ayudas al tejido empresarial, retoques en el Impuesto de Sociedades o incentivos a la inversión en bienes de equipo y a la contratación".

De los deseos a la realidad, desde Renta 4 se apunta que la reacción del Gobierno no sería tan genérica y volverán las medidas concretas. "El mercado da por hecho que la reacción vendrá a través de subidas impositivas". El margen, a estas alturas, parece pequeño y abarca a nuevas revisiones del IVA o en los tributos especiales.

Lo que parece claro es que "el supuesto plan B del Gobierno debe pasar necesariamente por recortes adicionales en el gasto o subir la imposición... o ambas cosas", concluye Martínez Lázaro.

El factor autonómico

Todo lo anterior, todas las medidas de ajuste y toda la ambición oficial se podría venir abajo por culpa de un factor de riesgo en el que coinciden todos los expertos: las comunidades autónomas. En Cortal Consors se indica que "la mayor parte del esfuerzo en el plan de ajuste lo hace el Gobierno central y a las comunidades no se les exige demasiado, pero esperamos que no haya más casos de sorpresas en las cuentas como el de Cataluña".

Hay elecciones autonómicas y puede haber cambios de Gobierno que afloren cuentas descuadradas por un exceso de gasto. Al final, el déficit podría engordar sólo por el sesgo regional. Ya en el cierre de 2010, cuando se mejoró la previsión de déficit del 9,3% hasta el 9,2%, fue el Estado quien ahorró tanto de su parte que compensó el descuadre de las autonomías. Los expertos dudan que se pueda repetir la jugada si la administración periférica no reacciona de inmediato.

Aunque siempre hay una salida. Por ejemplo, las privatizaciones de Loterías del Estado y Aena. Pese a que la de los aeropuertos parece que no llegará a tiempo a final de año, la primera daría al Ejecutivo entre 6.000 y 7.000 millones. ¿Servirá para paliar el déficit por mucho que se dijera que ése no era su objetivo? Todo por el déficit, todo por el 6%.