El agujero de las comunidades: el 40% de sus ingresos se va en funcionarios

Algunos lo llaman compra de votos; otros, ejercicio de poder. Cada uno puede hacer el análisis que quiera, pero la realidad sólo es una: las Comunidades Autónomas han disparado el número de empleados públicos hasta niveles que ahora amenazan con ser insostenibles.

El pago de nóminas se come el 40% de los ingresos de los Gobierno regionales, según ha quedado patente con la publicación de las cuentas de las comunidades, que ayer hizo públicas la ministra de Economía, Elena Salgado.

Hasta septiembre, las diecisiete autonomías han tenido unos ingresos de 109.982 millones de euros, y unas obligaciones de pago de personal de 43.105 millones de euros, cifra equivalente al 38% de todos los gastos de las administraciones.

Esta importante factura es resultado del disparado incremento de empleados públicos por parte de las comunidades, que en la última década han doblado el número de trabajadores a su cargo, hasta alcanzar los 1,77 millones de trabajadores.

Esta cifra representa más de la mitad de los 3 millones de empleados públicos de todo el país, que se reparten entre Administración Central, Autonómica, Local, Seguridad Social y Empresas Públicas.

Suma y sigue, porque ni siquiera la crisis ha frenado el ritmo de contratación de funcionarios, al contrario: en los últimos tres años, desde el cierre de 2007, las comunidades han disparado un 36% las nóminas a su cargo, generando un agujero cada día más difícil de sostener.

Andalucía destaca por encima del resto de comunidades, con los 7.634,8 millones de euros que debe destinar al pago de personal; prácticamente el doble de los 3.920 millones de la Comunidad Valenciana.

Cataluña tiene unas obligaciones de pago de 5.608 millones en esta partida, una cuarta parte de sus ingresos, mientras que Madrid está en línea con la mala media nacional y el 40% se va en el pago de nóminas, como le ocurre a País Vasco, aunque en este caso la cifra se reduce a 2.752 millones.

También llaman la atención Murcia y Castilla-La Mancha, las dos autonomías que han superado el límite de gasto y, por tanto, tienen vetada la posibilidad de emitir más deuda.

Con una riqueza (PIB) de 27.044 y 35.075 millones de euros, respectivamente, soportan unos gastos de personal de 1.534,1 y 2.568,6 millones, prácticamente la mitad de sus ingresos, en ambos casos.

En el caso de la comunidad presidida por José María Barreda, además, los gastos de personal son prácticamente iguales a los de Euskadi, con la diferencia de que su PIB es menos de la mitad del vasco.