El Gobierno ha dado patente de corso a los municipios para subir los impuestos municipales por vivienda pero ha puestos algunos límites.
Uno de ellos es el que exime de la subida a los propietarios que vieron revisado al alza el valor de sus viviendas entre 2005 y 2007, durante el momento más efervescente de la burbuja inmobiliaria, tal y como se desprende del BOE (Boletín Oficial del Estado) publicado el pasado sábado.
De esta forma, los propietarios de casi 1.500 municipios de toda España no sufrirán el encarecimiento del impuesto del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), con el que el Gobierno pretende aliviar las arcas de muchos municipios de la geografía nacional.
Si hablamos de capitales de provincia, tan sólo tres cumplen con el requisito: Albacete, Lleida y Ourense, por lo que los ciudada nos de casi 50 grandes núcleos urbanos no se beneficiarán de la medida.
Quienes pagarán el pato serán aquellos que posean una vivienda en municipios en los que no se haya realizado una revisión catastral durante los últimos diez años.
En concreto, serán cerca de 4.200 municipios. Del total de los más de 900 millones de euros que prevén ingresar los ayuntamientos a través de la subida del IBI, más de 600 millones serán desembolsados por este grupo.
Aquellos municipios que decidieron revisar el catastro entre 2002 y 2005 sufrirán una subida del 6%, por el incremento del 4% de los que lo ajustarán entre 2009 y 2011.
En total son casi unos 2.000 municipios, entre los que se encuentran ciudades como Madrid, Málaga, Oviedo, Segovia o Soria, entre otras.
El Gobierno pretende con la medida que los ayuntamientos con dificultades para financiarse encuentren otra fuente de ingresos. El Ejecutivo informó de la carta blanca para subir el IBI la semana pasada, al tiempo que desvelaba que el agujero del déficit era 20.000 millones de euros mayor de lo que en su día dijo el anterior gobierno, y por ello se veía obligado a subir los impuestos.
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