Actualmente, 277 de los 292 municipios de la provincia encomiendan a la DPZ la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y del impuesto de actividades económicas (IAE) --en el que también están incluidas las tareas de inspección--. Además, muchos de esos consistorios le encargan, asimismo, la gestión y el cobro de otros tributos y tasas municipales.
Todas esas delegaciones y prestaciones se traducen en que solo el año pasado el servicio de Gestión y Atención Tributaria de la Diputación de Zaragoza tramitó más de 550.000 recibos y liquidaciones y respondió más de 75.000 consultas ciudadanas a través de las oficinas de atención al público que tiene en Zaragoza, Calatayud, Ejea, Tarazona y Caspe.
"Sin duda, se trata de uno de los servicios de la institución más demandados y valorados por los ayuntamientos", ha destacado su coordinadora, Lourdes Torres, al indicar que "los municipios de nuestra provincia suelen ser pequeños y tienen poco personal para poder hacerse cargo de estas facultades, por eso necesitan delegarlas en la Diputación aunque ello les cueste un porcentaje de lo recaudado".
En este sentido, Torres también ha recordado que "en la mayoría de los casos los impuestos delegados en la DPZ son tributos de gestión compartida que exigen estar en contacto permanente con otras administraciones".
"Además, hay que tener en cuenta que en este ámbito los cambios legislativos y de gestión son constantes. En cualquier caso, se da libertad para que cada municipio realice las delegaciones que más se adapten a sus necesidades", ha apuntado.
DESDE LOS AÑOS 80
La institución provincial presta este servicio a los municipios desde mediados de la década de los 80, cuando la modificación de la Ley de Haciendas Locales dio más autonomía a los municipios en materia tributaria.
Estos tuvieron que asumir la recaudación de tributos propios que anteriormente era realizada por el Estado, lo que llevó a la Diputación de Zaragoza a poner en marcha el servicio de Recaudación para que les apoyara en esa compleja labor.
En 2001 se decidió impulsar este departamento, que pasó a denominarse servicio de Gestión y Atención Tributaria y amplió la carta de prestaciones que ofrece a los ayuntamientos.
"Damos un servicio integral que incluye desde el asesoramiento legal hasta la realización de la totalidad de las actuaciones que conlleva el ejercicio de la potestad tributaria local: gestión, liquidación, inspección, recaudación, revisión y defensa jurídica", ha detallado Torres.
"De cara al ciudadano, también prestamos un servicio de atención tributaria para que los vecinos de nuestros municipios puedan cumplir correctamente sus obligaciones fiscales municipales", ha agregado.
En la actualidad, 277 ayuntamientos delegan en la DPZ el IBI y el IAE; 94, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica; y 42, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana --más conocido como el de plusvalías--. A eso hay que sumarle que 71 municipios también encomiendan a la institución provincial la gestión y el cobro de distintas tasas municipales como la del agua o la de basuras.
COBRO POR VÍA EJECUTIVA
El servicio de Gestión y Recaudación Tributaria realiza también el cobro en vía ejecutiva, que es el que se inicia una vez finalizados los plazos de pago voluntario. "No obstante, el 90 por ciento de lo recaudado se ingresa por el procedimiento voluntario", ha aclarado Torres.
La vía ejecutiva es todavía más compleja de tramitar y, además, a diferencia de los ayuntamientos, la Diputación de Zaragoza puede llevar a cabo sus procedimientos en toda la provincia. Por eso seis municipios, cuatro comarcas y una entidad menor que gestionan el procedimiento voluntario delegan en la DPZ el cobro en vía ejecutiva.
Por otra parte, y por delegación de la Agencia Tributaria, la institución provincial lleva a cabo la inspección para comprobar que las empresas que tributan por el IAE pagan los importes que les corresponden.
De esa prestación se benefician los 277 ayuntamientos que tienen delegado el cobro de ese impuesto y solo el año pasado se tramitaron 315 expedientes de regularización y se impusieron 76 sanciones. Esto supuso la emisión de liquidaciones por valor de 660.000 euros.
El coste que el servicio tiene para los municipios es del 4,5 por ciento de lo recaudado en vía voluntaria, del 50 por ciento del recargo aplicado en vía ejecutiva y del 10 por ciento de los importes liquidados como consecuencia de inspecciones, sanciones y actuaciones catastrales.
No obstante, en 2014 la Diputación de Zaragoza aprobó una serie de bonificaciones que dependen de la antigüedad de la delegación, de si el ayuntamiento ha delegado los tres impuestos municipales obligatorios (el IBI, el IAE y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica) y también del importe total de los valores puestos al cobro el año anterior.
CONVENIO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
Con el objetivo de facilitar las gestiones catastrales a los vecinos de la provincia, el servicio de Gestión y Atención Tributaria de la Diputación de Zaragoza también colabora en la tramitación de expedientes de modificación de datos catastrales, para lo cual tiene suscrito un convenio con la Dirección General del Catastro desde 2006.
Esa labor se realiza para los 277 municipios que tienen delegado el cobro del impuesto de bienes inmuebles, y se traduce en las correspondientes liquidaciones e incorporaciones a los padrones del IBI de los ayuntamientos.
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