En este sentido, hasta 19 centros, según los resultados de la encuesta, consultados por Europa Press, reconocen que el amianto está presente en las infraestructuras de sus edificios, estando la mayoría de éstos ubicados en las provincias de Sevilla y Málaga.
Muchos han alegado desconocer si tienen restos de amianto, pues al ser tan antiguos dicho extremo se ignora, y otros no tienen información, por lo que sería preciso indagar en los ayuntamientos o las delegaciones territoriales de la Consejería de Educación.
De estos 19 centros, el 58 por ciento informa de que los techos tienen algún componente de amianto. Un 16,7 por ciento tienen tuberías de conducción de agua de este material, mientras que un 6 por ciento cuenta con otras infraestructuras en las que está presente el fibrocemento.
Los centros indican que ha denunciado la existencia de amianto en las instalaciones educativas: un 52,2 por ciento lo ha hecho a la Delegación Territorial de Educación y al Ayuntamiento correspondiente a su provincia y localidad; un 17,4 por ciento solo al Consistorio del municipio al que pertenece; un 8,7 por ciento a la Delegación Territorial de su provincia; y un 21,7 por ciento a otros organismos.
La forma en que han denunciado estos hechos ha sido, en un 57,1 por ciento, mediante escritos; en un 14,3 por ciento, con acciones en la localidad; y en un 28,6 por ciento, con ambos. En las respuestas de los organismos oficiales a las denuncias efectuadas, cuando éstas se han producido, no se concretaba la solución que pensaban tomar para atajar el problema.
UNA SUPRESIÓN EN DOS ETAPAS Y DOTADA CON 60 MILLONES
A juicio de los padres, el proceso para suprimir el amianto de techados, aparcamientos o canalizaciones será "largo", si bien el compromiso de la administración andaluza ya incluye una partida presupuestaria para ir actuando en los centros donde el amianto esté más presente y a la vista.
"Creemos que han sido suficientemente rápidos en la respuesta, en un asunto en el que, con todo, han tenido que ser las AMPA las que denunciaran", señalaba a Europa Press el presidente de Confedampa, José Manuel Nieto.
El Consejo de Gobierno ya ha aprobado una planificación que contará con un presupuesto de 60 millones y que se desarrollará en dos etapas. La primera, entre 2016 y 2020 y con un coste de 40 millones, tendrá como objetivo elaborar un registro de instalaciones, tanto de titularidad municipal como autonómica.
Este mismo año ya se acometerá por vía de urgencia una treintena de intervenciones en las infraestructuras donde se constata riesgo de desprendimiento de fibras.
La segunda etapa, a desarrollar entre 2021 y 2022 y con un coste estimado de 20 millones, se centrará en el resto de instalaciones afectadas. Anteriormente, la Junta ya realizó trabajos de eliminación de amianto en 54 centros.
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