Catorce detenidos por las facturas falsas de UGT Andalucía en cursos de formación

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a un total de 14 personas en el marco de la operación 'Cirene' por las presuntas facturas falsas en curso de formación del sindicato UGT-A que investiga el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, entre ellos el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda, que fuera responsable de las finanzas del sindicato.

Fuentes de la investigación han indicado que dentro de esta operación no se prevén más detenciones "por ahora", todo ello después de haber detenido a 14 personas entre trabajadores y extrabajadores del sindicato y representantes de las empresas que supuestamente realizaron facturas falsas al sindicato para que éste, a su vez, justificara las subvenciones que recibía de la Junta de Andalucía para cursos de formación.

Las mismas fuentes consultadas han indicado que Federico Fresneda ha sido detenido por los agentes de la UCO en Tenerife, donde según las fuentes se encontraba "de vacaciones".

Federico Fresneda entró en la Ejecutiva de UGT-A en el año 1998, cuando Manuel Pastrana se convirtió en secretario general del sindicato tras vencer a Juan Mendoza. Así, fue nombrado secretario de Administración, un cargo que, con variaciones en las responsabilidades, ha mantenido hasta 2013, cuando Pastrana dejó de ser secretario general, dando paso a Francisco Fernández. En ese momento, Fresneda era vicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A.

La operación se ha iniciado a primera hora de la mañana y ha estado coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil. Los agentes han realizado media docena de registros en las provincias de Sevilla, Madrid y Jaén.

En Sevilla, los agentes de la Guardia Civil han efectuando registros en la empresa Chavsa, ubicada en la avenida de la Raza y donde han sido detenidas dos personas; en Viajes Macarena, ubicada en el número 134 de la calle Feria; en Lienzo Gráfico Impresores, en el polígono Hytasa, y en la propia vivienda en Sevilla capital de Federico Fresneda.

En este último registro ha estado presente un familiar del extesorero de UGT-A debido a que este se encontraba en Tenerife, donde finalmente ha sido detenido, han añadido las fuentes, quienes han precisado que en los registros desarrollados en la capital hispalense han estado presentes los secretarios de los Juzgados de Instrucción número 4, 9 y 11.

Además de estos registros, se ha efectuado otro en la sociedad Siosa, ubicada en la calle Padre Damián de Madrid, y un último registro en una empresa ubicada en la avenida de Andalucía de Jaén capital, concretamente en el número 56 bajo de la que es una de las vías principales de la ciudad, también conocida como Gran Eje.

Los detenidos serán puestos a disposición judicial en un máximo de 72 horas.

En diciembre del año pasado la Guardia Civil registró la sede de UGT en Sevilla por orden de la juez Mercedes Alaya para incautarse de expedientes relacionados con los cursos de formación en los que UGT Andalucía hubiese recibido subvenciones públicas. En mayo, los agentes efectuaron diversos registros en la sede de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Junta.

La operación está coordinada por el juez de instrucción 9 de Sevilla, a quien correspondió la denuncia de la Fiscalía Superior andaluza sobre los cursos de formación.

Según la denuncia, UGT cargó a dichos fondos gastos como las invitaciones en la Feria de Abril de Sevilla o la copia de unos bolsos falsificados en China que regaló a los asistentes a su congreso.

Todas las causas sobre los fondos de formación están bajo secreto sumarial, tanto la que mantiene abierta el juzgado de instrucción 9 sobre el desvío de fondos por parte de UGT a pagos diversos como su caseta en la Feria de Abril como las tres que instruye la titular del juzgado número 6: una causa inicial que se derivó de los ERE, otra sobre los cursos organizados por Juan Lanzas y empresas de su entorno y una tercera que investiga el destino de ese dinero.

[Te interesa:"Dos mil empresas de formación cierran desde el inicio del caso EDU"]Cronología del caso de las facturas falsas

Desde que en mayo del año pasado comenzasen las primeras investigaciones por presunto desvío de fondos de la Junta por parte de UGT para costear gastos muy distintos al fin de las subvenciones, el fraude ha puesto al descubierto irregularidades de escándalo. Dinero público sirvió, presuntamente, para costear comidas, material de Congresos y regalos a afiliados.

5 de agosto: el diario El Mundo revelase que UGT habría pagado con fondos de la Junta de Andalucía para formación de un celador sanitario las pancartas con las que se manifestó en Sevilla durante la huelga general de junio de 2010.

28 de agosto: UGT Andalucía abre una investigación interna en la que concluye que no existe financiación irregular ni facturas falsas aunque sí admite posibles "errores" en la facturación de servicios con cargo a programas de formación subvencionados por la Junta de Andalucía y también con fondos europeos.

El secretario general del sindicato, Francisco Fernández Sevilla-nombrado hacía apenas tres meses en sustitución de Manuel Pastrana-asegura entonces que el sindicato devolvería todo el dinero que se hubiese consignado de forma errónea con cargo a estos cursos de formación. Para tal fin, el sindicato crea un "fondo notarial" de 115.000 euros.

2 de octubre: la juez Mercedes Alaya, instructora también del caso de los ERE, asume la investigación sobre este desvío de fondos públicos. Alaya instruía también, en el marco de la Operación Heracles, el posible desvío de sobrecomisiones que cobraban los mediadores en los ERE y la supuesta financiación ilegal de los sindicatos.

La decisión de que Ayala asumiese el caso partió del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por existir "conocimiento de estos hechos por previa investigación judicial". Ya en el auto que envió a prisión a varios imputados del ERE, la juez había visto constancia de que tanto UGT como CCOO habrían disfrutado durante "una década en Andalucía una forma de financiación irregular" pues habrían impuesto de "manera arbitraria e ilegítima" el pago "como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de estructuración empresarial".

6 de octubre: "Si ha habido algún error, lo reconocerán y lo corregirán", dice Cándido Méndez en la clausura del congreso del sindicato en Murcia. "las cuestiones que se pueden presentar como irregularidades estoy completamente convencido que se podrán acreditar que no son tales".

14 de octubre: nuevas revelaciones apuntan a que el sindicato ingresaba el 15% de los fondos que le eran destinados por la Junta de Andalucía para realizar los cursos, impartidos en escuelas de su propiedad. El secretario general del sindicato, Cándido Méndez, admite por primera vez que "si alguien ha metido la mano tendrá que hacer frente a las consecuencias".

18 de noviembre: El diario ABC destapa el uso fraudulento de una ayuda de 1'8 millones de euros de una subvención concedida en 2006 por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para montar ocho sucursales de formación de cuadros sindicales en Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá y República Dominicana. Según esta información, el sindicato cargó a las arcas públicas facturas de mariscadas, fiestas de karaoke y comidas en restaurantes selectos.

20 de noviembre: La Audiencia Nacional abre diligencias previas tras recibir una denuncia del sindicato Manos Limpias contra el secretario general del sindicato, Cándido Méndez, su tesorero, Antonio Retamino, y los responsables del Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES) y de dos empresas filiales, Localmur y Formación 2020, por falsedad en documento mercantil, estafa, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y delito contra la Hacienda Pública.

El sindicato Manos Limpias se remite a una información del diario "El Mundo" y denuncia un "entramado societario opaco entre UGT y el Instituto para la Formación y Estudios Sociales y las filiales Formación 2020 y Localmur" que califica de "ingeniería financiera" y "contabilidad creativa", de la que el sindicato se habría servido "para quedarse con las ayudas".

25 de noviembre: "Me he planteado dimitir en mi fuero interno", dice el secretario general de UGT en una entrevista en el programa El Objetivo, de La Sexta. Méndez afirma que no ha dado el paso de la dimisión porque "para dimitir tiene que haber un motivo que lo justifique".

26 de noviembre: se conoce que UGT Andalucía compró 700 maletines falsificados en China como regalo en su congreso de Sevilla. El coste se cargó a la Junta en concepto de publicidad para planes formativos a desempleados.

El secretario general del sindicato, Cándido Méndez, insta a la organización andaluza a "dar un paso adelante" y a "asumir responsabilidades", en relación a este caso. Méndez matiza, no obstante, que ve en ello una "intencionalidad clarísima" de intentar "tapar el caso Bárcenas con un supuesto caso de UGT". Méndez aplaza la asunción de responsabilidades al comité extraordinario del 9 de enero.

28 de noviembre: el diario ABC publica que la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid habría cargado 3.000 euros en globos con el anagrama del sindicato a una partida para gastos de funcionamiento costeados a través de una subvención municipal.

Se conoce que la Junta ha abierto 17 expedientes para revisar de oficio ayudas concedidas al sindicato y que suman subvenciones por valor de 7'5 millones de euros. Además, trascienden las intenciones del Gobierno andaluz de reclamar 1'8 millones de euros por dos ayudas. PP e IU piden a la Junta que eleve a los tribunales las irregularidades.

29 de noviembre: Dimite el secretario de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla. Fernández Sevilla llevaba seis meses en el cargo, en sustitución del anterior líder andaluz de UGT Manuel Pastrana, quien a su vez había sucedido a Cándido Méndez cuando este asumió la secretaría nacional. "Me voy sin ser presionado por nadie", dijo entonces.

2 de diciembre: El PP pide que Cándido Méndez comparezca en el Parlamento de Andalucía para explicar su relación con el exsecretario andaluz.

3 de diciembre: "La obligación que tengo es la de seguir adelante con UGT precisamente para poder clarificar este tipo de situaciones", responde Méndez.

19 de diciembre: Medio centenar de agentes de la Guardia Civil registran durante once horas la sede de UGT en Sevilla para recabar documentación, "expedientes relacionados con cursos de formación para los que UGT Andalucía, bien directamente o a través de empresas vinculadas, haya percibido subvenciones públicas". según la orden de la juez Alaya. En aquel momento no se llevaron a cabo detenciones.

Los agentes registraron también las sedes de varias empresas: Soralpe, Proyectos Inmobiliarios Novasur y Geosur Arquitectura y Urbanismo, tres sociedades vinculadas a UGT. La operación se conoció como "Cirene".

9 de enero: Carmen Castilla, secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT Andalucía, es elegida nueva secretaria general con el 83% de los votos. Su candidatura era la única presentada para suceder al dimitido Fernández Sevilla.

13 de enero: La Junta de Andalucía reclama la devolución de dos subvenciones concedidas a UGT Andalucía por importe de 1'8 millones de euros, después de que el gabinete jurídico de la Administración andaluza haya considerado que corresponden a ayudas que el sindicato no lo ha justificado adecuadamente. Corresponden a una subvención de 1.100.000 euros correspondiente a 2009 para acciones de promoción, información, formación y asesoramiento y otra de 700.000 euros en 2010 para actividades coordinación, infraestructuras y difusión.

7 de marzo: La Audiencia de Sevilla aparta a la juez Alaya del caso al entender que éste no guarda relación con el cobro de sobrecomisiones en la tramitación de las prejubilaciones irregulares pagadas con cargo al Ejecutivo autonómico, el llamado caso ERE.

Alaya había abierto pieza separada en el caso para investigar una posible financiación irregular de los sindicatos cuando, según los atestados policiales, se descubrió que UGT y CCOO podrían haber recibido hasta 7'6 millones de euros de empresas intermediarias por participar en el caso ERE.

21 de mayo: Agentes de la Guardia Civil acuden en mayo a la sede de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Junta para recabar documentación sobre las ayudas.

22 de mayo:La Junta de Andalucía inicia la petición de reintegro de tres ayudas. El PP critica "la ley del silencio" del Gobierno andaluz para informar del caso.

5 de junio: El consejero de Economía de la Junta, José Sánchez Maldonado, informa en la Comisión de Economía del Parlamento Andaluz de que "hay dos expedientes de reintegro resueltos", lo que obliga a UGT a devolver 1'8 millones de euros, correspondientes a los programas Orienta, destinados a asesorar a desempleados. La Junta analiza expedientes por valor de 15'2 millones de euros.