PSOE, IU y UPyD se ponen las pilas: 100 medidas contra la corrupción en menos de una semana

La desarticulación de la trama 'Púnica' y la detención de siete de sus implicados no ha sido un caso más de corrupción. No es en el que más dinero se ha robado ni el que más implicados tiene, sin embargo parece haber sido la gota que ha colmado el vaso que ya estaba lleno gracias a la trama Gürtel, los ERE de Andalucía, los papeles de Bárcenas, el caso Noos, el clan Pujol o las 'tarjetas black' de Caja Madrid. La aparición de estos escándalos hace crecer la indignación y perjudica en las encuestas al bipartidismo en favor de nuevas formaciones 'sin mochila' a sus espaldas.

A los partidos tradicionales les ha entrado la prisa. Octubre no ha sido un buen mes y Granados y compañía ha puesto nerviosos a todos. En menos de una semana Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy han pedido perdón, Rodrigo Rato ha sido expulsado del PP y el PSOE de Pedro Sánchez se ha comprometido a hacer lo propio con Chaves y Griñán si finalmente se les abre juicio oral por los ERE de Andalucía.

En total, entre PSOE, IU y UPyD han presentado en menos de una semana un centenar de medidas para luchar contra la corrupción. Las propuestas han sido publicadas justo después de que se supiera la existencia de una "trama criminal", tal y como la definió el juez Velasco, que actuaba en la Comunidad de Madrid, Murcia y León. , que en muchos casos se repiten en los diferentes documentos. Todas las formaciones ponen especial énfasis en los mecanismos de contratación pública. Piden reformar la Ley que los regula, impedir los fraccionamientos y mejorar la publicidad de los mismos.

También coinciden en la necesidad de incrementar las penas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos a los acusados por delitos de corrupción, incluir la financiación ilegal de los partidos como un delito, acabar con las puertas giratorias y ser más escrupulosos con los regalos recibidos por los cargos públicos y las incompatibilidades.

Tanto los socialistas, como IU y la formación magenta establecen mecanismos para aumentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas como un avance en la regeneración de la vida política.La primera formación en reaccionar fue el PSOE, proponiendo 33 medidas.

1. Piden una modificación del Código Penal. Revisión de los delitos de Prevaricación, Cohecho, Tráfico de influencias, Fraudes y exacciones ilegales para mejorar la tipificación de las conductas punibles y/o incrementar las penas.

2. Incorporación de una cláusula genérica de agravamiento para otros delitos (apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, 320, 322 y 329…) cuando sean cometidos por autoridad o cargo público.

3. Incremento de la duración de las penas (principales o accesorias) de inhabilitación.

4. Revisión de las normas reguladoras de la responsabilidad civil derivada de delitos para asegurar que, en los supuestos de corrupción, las consecuencias del delito se satisfacen con todos los bienes y derechos del condenado y, con las garantías debidas, los que pudiesen figurar a nombre de sus allegados o testaferros.

5. Atribución a la Audiencia Nacional de la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción política.

6. Revisión del proceso penal para establecer un procedimiento preferente y sumario, en el caso de estos delitos, de forma que puedan enjuiciarse y castigar a los responsables de forma rápida.

También han solicitado una revisión y reforma de la Ley Tributaria:

7. Modificación de los artículos 95 y concordantes de la Ley General Tributaria para revisar la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias de cuantía superior a 30.000 € y la identidad de sus autores.

8. Inclusión de nuevas conductas delictivas entre las ya previstas en la Ley como causantes de prohibición de contratar con las Administraciones Públicas.

9. Fortalecimiento de la prohibición del fraccionamiento artificial de los contratos.

10. Reducción de los supuestos de admisión de contratos del sector público adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad.

11. Prohibición de obtener subvenciones, bonificaciones y ayudas de las administraciones públicas para los condenados por delitos de corrupción política.

12. Prohibición de indultos en el caso de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.

Asimismo han solicitado la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.

13. Creación de una Oficina Anticorrupción con competencias estatales y locales.

14. El grupo socialista también pidió que se produzca el cese de los altos cargos que sean llamados a declarar en un juicio oral en calidad de imputados y procesados,

15. Establecimiento de un sistema de participación de, al menos, los afiliados en la elección de los responsables máximos del partido mediante sufragio activo libre, directo y secreto.

16. Establecimiento de un período máximo de cuatro años para la reunión del máximo órgano del partido.

17. Establecimiento de un sistema formal de reclamaciones y recursos dotado de garantías frente a acuerdos y/o decisiones de los órganos de dirección de los partidos.

18. Previsión específica en los Estatutos de los partidos políticos de suspensión o anulación de afiliación y militancia en los supuestos de corrupción.

19. Creación de la figura del defensor del militante.

20. En cuanto a las obligaciones relacionadas con la Ley de Transparencia destacan tres cuestiones: publicidad activa específica de los procesos de adjudicación de campañas de publicidad institucional.

21. Publicidad activa específica de los acuerdos sobre suelo y ordenación urbana.

22. El Partido Socialista ha planteado la necesidad de limitar a dos mandatos consecutivos el poder ejercer la presidencia de la Moncloa

23. Modificación de la forma de elección de miembros de órganos constitucionales y otros órganos cuya designación corresponde a las Cámaras (órganos como el Consejo General del Poder Judicial, la Corporación de RTVE, el Defensor del Pueblo).

24. También pretende la supresión de la facultad de los parlamentarios y otros cargos públicos de declarar por escrito cuando sean llamados como testigos.

25. Reducción de aforamientos.

En materia del estatuto de los Diputados plantean tres cuestiones:

26. dedicación exclusiva de los diputados.

27. Exigencia de obtener y presentar, al inicio y al final de su mandato, certificaciones de la correspondiente Administración Tributaria.

28. Establecimiento del modelo único de declaración de bienes.

29. También propone aumentar de dos a cinco años el periodo de incompatibilidad para altos cargos que quieran incorporarse a empresas del sector sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión.

30.Y defiende que el ministro de Hacienda y las Administraciones públicas presenten anualmente ante el Congreso un informe detallado por Ministerios de los gastos de representación de todos los altos cargos.

31-32: En materia de financiación de partidos, además del nuevo delito de financiación ilegal, propone que se reduzca de manera "significativa" la cuantía máxima permitida de donaciones dinerarias provenientes de las personas físicas.

33. Regulación de los lobbies.IU propueso 45 medidas divididas en diez capítulosI. Perseguir los delitos de corrupción

34. Ampliación de los tipos penales y endurecimiento de las penas que establece el Código Penal para los corruptos y los corruptores públicos y privados. Incluir como delitos el soborno ilícito y la financiación irregular de los partidos. Además, la formación de Cayo Lara quiere que los castigos sean mayores cuando se haya aprovechado la existencia de paraísos fiscales.

35. Ampliar hasta a 30 años la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público electo, de libre designación o por concurso público para delitos relacionados con la corrupción.

36. Tramitar con urgencia los expedientes judiciales de cargos públicos.

37. Eliminar la preinscripción de los delitos económicos relacionados con la corrupción.II. Prevención y lucha contra el fraude fiscal

38. Para conseguir una mayor eficacia en la lucha contra el fraude, la Izquierda Plural propone desarrollar la Ley General Tributaria y del Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria.

39. Crear una ley para que la Agencia Tributaria sea la depositaria de las tareas de investigar el fraude fiscal organizado y el blanqueo de capitales. Se trataría de una medida de auxilio para aliviar la carga de trabajo de la Justicia.

40. Aumentar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos de la Agencia Tributaria, el Banco Central de España, la UDEF, la Fiscalía anticorrupción y las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.

41. Reforzar la coordinación entre la Agencia Tributaria y las Administraciones Autonómicas competentes.

42. Dotar a Hacienda de una Policía Fiscal integrada por la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Vigilancia Aduanera.

43. Tener más en cuenta el patrimonio de las personas físicas y jurídicas e investigar el aumento injustificado de los mismos o cuando no se corresponda con los ingresos declarados.

44. Perseguir a los defraudadores del IVA.

45. Creación de un registro con las personas que poseen billetes de 500 euros.

46. Establecer responsabilidad económica subsidiaria para las entidades financieras que ayuden al blanqueo de capitales o la ocultación de los mismos tanto en España como en el extranjero.

47. Lucha contra los paraísos fiscales. Cayo Lara ha propuesto varias medidas contra esta figura: prohibir a las entidades financieras españolas que tengan sede en países catalogados como paraísos fiscales; no reconocer a las personas jurídicas a las sociedades con origen en paraísos fiscales e impedirles intervenir en el mercado español; gravar cualquier movimiento económico con origen o destino en paraísos con un impuesto del 24%.

48. Elaborar y publicar anualmente un estudio sobre la economía sumergida para debatirlo en las Cortes Generales y en las cámaras autonómicas.III. Medidas de control en los contratos de las Administraciones Públicas.

49. Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para limitar las revisiones de los precios de la contratación, evitar las divisiones injustificadas de los contratos e incorporar las garantías y reformas establecidas por la Unión Europea.

50. Ley de transparencia e información pública. Regulación de la publicidad institucional y del régimen de subvenciones públicas.

51. Todos los documentos relativos a los procedimientos y decisiones de contratación y de urbanismo deben poder consultarse en tiempo real, en Internet o en ventanilla.IV. Medidas de control interno y externo de la Contratación pública y de los procedimientos urbanísticos de licencias, recalificación y planteamiento.

52. Reformar la ley de Bases de Régimen Local para que los alcaldes y concejales publiquen sus bienes y patrimonios una vez accedan al cargo y compararlo con el momento en el que abandonen sus funciones públicas.

También se quiere incorporar a la oposición a los procesos de contratación de algunos servicios que ahora son competencia exclusiva del gobierno local. Es decir, que estas decisiones se tomen en el Pleno del Ayuntamiento para que se pueda debatir sobre ellas.

53. Creación de un Registro público de recalificaciones de suelo donde se informe de todas las actuaciones realizadas sobre un terreno en los últimos diez años.

54. Creación de un cuerpo de inspectores externos a las entidades locales para revisar la legalidad de la recalificación de terrenos e intentar reducir la plusvalía privada de estos procesos.

55. Hacienda debería comprobar los datos fiscales y las plusvalías de los procesos urbanísticos.

56. Investigar de forma sistemática a los alcaldes y concejales de urbanismo de las poblaciones con más de 50.000 habitantes o de aquellas que hayan experimentado importantes transformaciones urbanísticas.

57. Que los ciudadanos puedan decidir si se realizan o no algunos procesos urbanísticos en los municipios en los que residen, mediante la recogida de firmas.

58. Dotar a los municipios de una financiación local que les haga independientes económicamente.V. Cargos públicos

59. Establecer baremos salariales en relación a la responsabilidad que conlleva cada cargo. Evitar la acumulación de dietas y realizar retribuciones extra a posteriori de haberse realizado una tarea que las exija. Eliminar los planes privados de pensiones concedidos por el simple hecho de ser un cargo público.

60. Los alcaldes, concejales o funcionarios que participen en cualquier decisión urbanística tendrán que presentar una declaración de conflicto de intereses.

61. Cayo Lara también quiere poner límite a los regalos. Todos aquellos que superen un valor de 200 euros serán rechazados o donados a la institución correspondiente. De aplicarse esta propuesta no de ley, quedaría prohibido recibir cualquier obsequio por parte de un contratista relacionado con la administración a la que pertenece el cargo.

62. Los altos cargos municipales, provinciales o autonómicos relacionados con el urbanismo tendrán que someterse a una ley de Incompatibilidades.

63. Estatuto de los Representantes Locales, con el fin de que los concejales de la oposición puedan fiscalizar y controlar la concesión de licencias o la contratación pública.

64. Dedicación exclusiva y ampliación del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos para los diputados y senadores. Este punto también contempla aumentar las restricciones para dificultar el acceso a puertas giratorias.

65. Renuncia al aforamiento por parte de los miembros del Gobierno y los parlamentarios.

66. Crear una Oficina para regular las incompatibilidades y los conflictos de intereses de los altos cargos.VI. Facilitar la fiscalización, el control y la investigación de las cuentas públicas

67. Otorgar más importancia al Tribunal de Cuentas. Dicho organismo debería poder imponer penas cuando las instituciones pertenecientes al sector público no aprovechen bien los recursos.

68. Reforzar las auditorías y fiscalización en la gestión de los recursos públicos.

69. Reglamentación de los lobbies o grupos de presión, que han de acreditarse en registro público ante las instituciones públicas correspondientes.VII. Campañas electorales

70. Limitar drásticamente el gasto de los partidos políticos en las campañas. La cantidad seleccionada debería hacerse pública.VIII. Partidos políticos

71. Prohibición de las donaciones a partidos políticos, fundaciones y otros organismos independientes por parte de empresas contratadas, especialmente las relacionadas con la construcción. Publicación de este tipo de donaciones para que estén al acceso de cualquier ciudadano.

72. Establecimiento de un Código Ético del cargo público de obligado cumplimiento. Con él, los representantes públicos deberían asumir las responsabilidades políticas que conlleven sus malos actos, es decir dimitir; tendrían que denunciar cualquier tipo de irregularidad cometida por su compañeros y no podrían solidarizarse con los imputados, sino todo lo contrario, estarían obligados a pedir su dimisión en una especie de ostracismo político.IX. Lucha contra el transfuguismo

73-74. Cuando un representante púbilco abandone las siglas con las que concurrió a las elecciones, tendría que estar obligado a abandonar su puesto de representación ciudadana. De este modo, no se podría llegar a formar Gobierno con ninguno de ellos y también se impediría que pudieran formar un nuevo grupo político propio dentro del Ayuntamiento u otra institución.X. Registro o control de lobbies y grupos de presión

75. Creación de un registro obligatorio y que será público de grupos de presión gestionado por el Congreso de los Diputados, al cual será obligatoria la inscripción para todas las personas que quieran entrar en esta cámara en representación de un grupo de presión y con el objetivo de actuar en su nombre.

76. Se incluirá en el registro público de las reunión es que los grupos de presión celebren con miembros de la cámara (donde conste la fecha, el motivo, los participantes y el interés que se ha tratado) Así mismo, la agenda de reuniones de todos los diputados y diputadas, así como de todos los miembros del gobierno y altos cargos de la Administración, será pública, indicando con qué persona física o jurídica se ven, el día y hora, y el motivo de la reunión.

77. Se elaborará un código de conducta para todos los grupos de presión así como un sistema de control y sanciones en caso de irregularidades.

78.Establecimiento de un periodo de tiempo durante el cual los cargos públicos no pueden ejercer funciones de lobistas en los asuntos que traían cuando ejercían como tales cargos públicos.UPyD urge a la rapidez: 22 medidas a aprobar antes de acabar el periodo de sesiones y la legislatura

79. Supresión de los aforamientos políticos previstos en el ordenamiento jurídico.

80. Independencia del Poder Judicial. El partido de Rosa Díez propone que al menos doce de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por y entre jueces y magistrados mediante votación directa y secreta.

81. Incluir la financiación ilegal de los partidos como un delito.

82-83. Dotación extraordinaria de fondos a la Fiscalía anticorrupción y a Hacienda.

84. Reformar la Ley electoral para que los imputados por corrupción no puedan permanecer en una lista electoral ni en su cargo público.

85. Reforzamiento del Tribunal de Cuentas: Consideran que debe ser más independiente y capacidad para imponer sanciones.

86. Prohibición de acumulación de cargos públicos y sobresueldos.

87. Mejorar la democracia interna de los partidos: Obligar a las formaciones a realizar primarias.

88. Aumentar el catálogo de delitos susceptibles de ser cometidos por partidos políticos.

89. Reforma de la Ley electoral para que todos los votos valgan lo mismo. También quieren que las listas electorales sean desbloqueadas o abiertas para que los ciudadanos puedan excluir o cambiar el orden de los candidatos.

90. Limitar la aplicación y arbitrariedad en la concesión de indultos.

91. Poner fin a privilegios como los despachos para presidentes, ministros y diputados.

92.Publicar las nóminas de Diputados, Senadores y otros cargos públicos.

93. Cambiar el modo en el que se eligen a los directivos de instituciones del Estado: CSN, el Defensor del Pueblo o RTVE.

94. Acabar con el 'revolving door', es decir, las puertas giratorias en su acepción en castellano, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa. Ser más exhaustivos con los regímenes de incompatibilidades y los regalos a políticos.

95. Profesionalizacion de los cargos directivos de la Administración.

96. Aumentar los controles para evitar amaños en la contratación pública y reducción de las cuantías actuales para que un servicio u obra sea licitado.

97. Mejorar la transparencia en la financiación y funcionamiento de la Corona y las Fuerzas Armadas.

98. UPyD propone que los políticos tengan algún tipo de responsabilidad cuando incurran en neglicencia en la gestión de los bienes públicos.

99. Aprobar una ley de protección jurídica a todos aquellos que denuncien posibles casos de corrupción.

100. Dotación extraordinaria de fondos a la Audiencia Nacional.