Susana Díaz, en el punto de mira de la juez Alaya

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de nuevo en el punto de mira de la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya. En un auto notificado este viernes, la juez ha requerido a la Junta que le entregue las actas de las reuniones celebradas desde 2001 al 18 de octubre de 2012 por los viceconsejeros, denominadas "consejillos", que se realizan cada semana con carácter previo a los Consejos de Gobierno.

Hay que recordar que desde mayo de ese año, Díaz ocupaba el puesto de consejera de Presidencia, y por tanto era la encargada de coordinar las reuniones en las que participaron los viceconsejeros de todas las áreas. La documentación solicitada deberá ser entregada al juzgado en el plazo de diez días, acompañada de las convocatorias internas de esas reuniones y del orden del día de cada una de ellas.

Según el auto de la juez, se trata de "poder investigar cuantas cuestiones eran analizadas en torno al uso ilícito de las transferencias de financiación para el pago de (la Agencia) IDEA de las subvenciones sociolaborales".

La documentación se solicita igualmente para aclarar "la existencia de procedimientos en la concesión de todas las subvenciones, sobre la falta de fiscalización previa, sobre el importante déficit presupuestario generado por la Consejería de Empleo y el consiguiente débito con IDEA que anticipa el pago de unas subvenciones que se pagarían arbitrariamente".

También menciona el auto"las modificaciones presupuestarias para incrementar el crédito presupuestario del programa 31L, sobre los presuntos acuerdos de colaboración entre la Consejería de Empleo y la Consejería de Innovación".

Toda esa documentación es solicitada para determinar "si en dichos actos se recogen extremos que pongan de manifiesto el conocimiento generalizado entre las más altas instancias de la Junta de Andalucía de la indiciaria vulneración de la competencia del Estado en la concesión de tales subvenciones de naturaleza laboral y acerca de la ilegalidad de dicho procedimiento de concesión y pago".No es la primera vez

No es la primera vez que Mercedes Alaya alarga el periodo de irregularidades de los ERE hasta el 2012 y pide documentación sobre ayudas concedidas en ese año, ya con José Antonio Griñán al frente del Ejecutivo regional y Susana Díaz en Presidencia. La fecha coincide además con el momento en que Griñán decidió cambiar el sistema de concesión de ayudas a empresas en crisis y se suprimieron los intermediarios que, según la juez, cobraron 'jugosas' sobrecomisiones.

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Pero sí que sería la primera vez desde el inicio de la investigación judicial que ésta alcanza a algún aspecto de la gestión de la actual presidenta de la Junta de Andalucía. Hasta el momento, Díaz había estado siempre al margen de la investigación por su entrada tardía al gobierno andaluz.

La andaluza tomó posesión en el cargo el 7 de mayo de 2012, conformado el gobierno de coalición PSOE-IU surgido de las últimas elecciones autonómicas y cesó en el cargo el 7 de septiembre de 2013, cuando accedió a la Presidencia de la comunidad autónoma tras la dimisión de Griñán.

Esta documentación ya fue demandada por la acusación particular del PP, a la cual la representación legal de la Junta de Andalucía formuló alegaciones.La oposición ya pidió en agosto que "asuma responsabilidades"

A mediados de agosto el portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas declaró que el nivel de implicación de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el escándalo de los ERE irregulares era "alto y grave", y pidió que asumiera sus responsabilidades.

Según Rojas, Díaz mantiene un "silencio cobarde" sobre este caso después de que la juez que instruye la causa elevará al Supremo la parte que afecta a los aforados, dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y siete exconsejeros. Para Rojas, Díaz "es presidenta por los ERE" y añadió que entre los responsables estaba ella por sus "silencios cobardes".

También en agosto, Díaz defendió a Chaves y a Griñán asegurando que no compartía "las tesis de la juez Ayala" por lo que urgió al Alto Tribunal a asumir esta parte de la causa y poner fin así a la "indefensión" que han sufrido desde septiembre del año pasado, zanjó.

La exposición razonada que Alaya remitió al Tribunal Supremo incluía a los antecesores de Díaz, Gaspar Zarrías (1996-2009),Antonio Ávila (2009-2010) y Mar Moreno (2010-2012). Ambos están pendientes de que el alto tribunal se pronuncie sobre su posible imputación y la de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como la de otros cinco exconsejeros regionales.

Además, la juez dictó este viernes un auto solicitando al Ministerio de Interior que la Policía deje de investigar los fraudes en los cursos de formación y permita que sea la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quien asuma las pesquisas, como ya hizo en 2011 con los ERE. Una petición que fuentes judiciales interpretaron como un intento de acaparar una instrucción que hasta ahora se reparte entre 18 juzgados andaluces.

Asimismo, pidió a la Guardia Civil que vele por el carácter protegido de su principal testigo, el ex jefe del departamento andaluz de Formación en Sevilla Teodoro Montes, para que su imagen no sea difundida en medios de comunicación bajo amenaza de incurrir en delito de desobediencia.